Aumentan los asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos

• Demanda  la CNDH proteger la vida de este grupo de la población
• Los Estados de Chihuahua, Guerrero y Oaxaca  ocupan los primeros lugares en homicidios contra ese grupo entre enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2015
•  “Las agresiones que sufren van desde las amenazas hasta los homicidios y desapariciones por el sólo hecho de realizar su actividad”

Con una expresión de alarma nacional, dado que desde 2010 aumentaron los crímenes en contra de las personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos,  la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exigió su protección ante el incumplimiento de las autoridades de los tres niveles de gobierno del país de proveer seguridad pública para prevenir las posibles violaciones a derechos humanos de quienes integran este grupo de población, cuyos miembros  se encuentran en permanente situación de riesgo.

De los registros con que cuenta el Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la CNDH, así como de la información proporcionada por las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia, se advierte que los Estados de Chihuahua fueron asesinadas nueve personas defensoras de los derechos humanos; en Guerrero seis y en Oaxaca cuatro.

Son los  estados que ocupan los primeros lugares en homicidios de personas defensoras asesinadas entre enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2015.

El número de quejas radicadas en el Programa de Agravios indica que en 2006 se recibieron 18; en 2007, 14; en 2008, 15; 2009, 18; 2010, 48; 2011, 59; 2012, 52; 2013, 55; 2014, 45, y 2015, 56, lo que da cuenta del incremento en el número de quejas por presuntas agresiones cometidas contra personas defensoras de derechos humanos.

Esta Recomendación General número 25 “Sobre agravios a personas defensoras de derechos humanos”, hecha pública por Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH,  fue dirigida a la Procuradora General de la República, a los Secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, a los gobernadores y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Comisionado Nacional de Seguridad, Presidente de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Secretarios de Seguridad Pública, Procuradores y Fiscales Generales de Justicia de las entidades federativas, Presidentes Municipales, Jefes Delegacionales y titulares de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos.

La Recomendación número 25  señala que “las personas defensoras de derechos humanos contribuyen a la protección de los derechos fundamentales tanto a nivel local como internacional, ayudando a construir el sistema democrático de nuestro país”.

No obstante, señala la CNDH, “las agresiones que sufren van desde las amenazas hasta los homicidios y desapariciones por el solo hecho de realizar su actividad”.

 En dicho documento, la CNDH dio cuenta de los agravios cometidos contra este grupo de población, así como de los robos y allanamientos contra las instalaciones de sus organizaciones, lo que aunado al incumplimiento de realizar investigaciones  efectivas tiene implicaciones graves que lesionan a la sociedad y propician la repetición de este tipo de agresiones.

Se hace hincapié en esa recomendación en que “toda intimidación, agresión y afectación del tipo que fuere  contra el derecho a defender lesiona gravemente al tejido social y, por ende, las autoridades de todos los niveles deben atender la sensible problemática que implican las agresiones a los defensores de derechos humanos, ya que sólo de esta manera estarán en aptitud de cumplir con su obligación de proteger y velar por el respeto irrestricto a los derechos de todas las personas”.

 Cabe señalar, dice la CNDH,  que los defensores representan temas y grupos específicos de la población como es el caso de niñas, niños y adolescentes, comunidad LGBTTTI, pueblos indígenas, mujeres, personas migrantes, derechos sexuales y  reproductivos, libertad de expresión, entre otros, por lo que la afectación de las personas defensoras repercute directamente en el goce de los derechos de amplias capas de la población, lo que hace necesario y urgente que se garantice el ejercicio de su labor en condiciones de libertad y seguridad.

 Esa Comisión Nacional observó con preocupación que el nivel de agresiones contra defensores civiles se ha incrementado en los últimos años, que dichas agresiones son atribuidas, frecuentemente, por acción o por omisión, a servidores públicos y que, no obstante lo anterior, las instituciones encargadas de la administración y procuración de justicia carecen de información sistematizada que permita identificar, de manera clara y precisa, el número real de agresiones y delitos vinculados a su actividad.

 Ante ello, este Organismo Nacional subrayó que es necesaria la sensibilización y profesionalización de los servidores públicos involucrados en la investigación y procuración de justicia, con el propósito de abatir el nivel de agresiones contra personas defensoras, mediante la identificación, atención, sanción y prevención de estos delitos en función del contexto sociopolítico que las víctimas enfrentan como consecuencia de su labor, de tal manera que el Estado asegure el libre ejercicio del derecho a defender los derechos humanos de todo individuo.

La Recomendación General 25 fue aprobada por el Consejo Consultivo de la CNDH en sesión ordinaria, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito de que se promuevan los cambios y modificaciones de disposiciones normativas y prácticas administrativas que constituyan o propicien violaciones a los derechos humanos y, también, para que las autoridades competentes, de acuerdo con sus atribuciones, generen e implementen políticas públicas para eliminar tales violaciones y subsanar las irregularidades correspondientes.

 Por lo anterior, este Organismo Nacional dirigió puntos recomendatorios a diversas autoridades donde, de acuerdo con las atribuciones de cada instancia, solicita realizar una campaña pública sobre el reconocimiento y no estigmatización del trabajo de personas defensoras de derechos humanos, y para respetar sus derechos durante el ejercicio de sus actividades; atender pronta y eficazmente las solicitudes de medidas cautelares dictadas por los organismos de protección de los derechos humanos en favor de las personas defensoras.

Asimismo, pide emitir una circular dirigida a los servidores públicos para que respeten los derechos de integrantes de este grupo y abstenerse de hacer declaraciones que los estigmaticen; impulsar la aprobación de leyes que prevean la creación de organismos locales tendentes a la protección de personas defensoras de derechos humanos.

Igualmente, demanda la CNDH que se capacite a los servidores públicos sobre el quehacer de este grupo; generar y priorizar políticas públicas de prevención de la violencia hacia defensores de derechos humanos; instruir a los servidores públicos para que les permitan el desarrollo de sus actividades; desarrollar y aplicar protocolos especiales en que se considere la vulnerabilidad, situación de riesgo y contexto vinculado a su labor, y se practiquen diligencias tendentes a lograr la integración y determinación, conforme a derecho, de las averiguaciones previas en la materia.

De igual manera, exigió instituir fiscalías o unidades especializadas en la persecución de delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos, además de garantizar los recursos humanos y financieros para que la Coordinación Ejecutiva del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas dé cabal cumplimiento a sus atribuciones, entre otros.