6.2 millones de Adultos Mayores sufren maltrato físico, financiero  o emocional

• El maltrato se da en el ámbito familiar, por lo que no hay denuncias;  destacan los golpes y  bofetones, la agresión verbal crónica, los insultos repetidos y las amenazas, la humillación y la infantilización de la persona; el despojo de sus propiedades o recursos, y el descuido o negligencia a sus necesidades de alimentación y cuidado
• Así lo revela un  estudio del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM discutido en la Cámara de Diputados
• Propone Noemí Guzmán una iniciativa de reformas a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores  

El 16 por ciento de los 39 millones de adultos mayores en México —unos 6.2 millones—, acusan incidentes de maltrato físico, emocional o psicológico en los últimos meses, revela un estudio del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM en poder de la Cámara de Diputados.

El documento señala que, de aquel porcentaje, el 35.17 por ciento sufre maltrato psicológico, seguido por el físico, con 20.69, y el emocional, con 19.31.

También existe la manipulación económica o negligencia, causados por acciones deliberadas, pero también por no deseadas.

El análisis de la máxima casa de estudios revela que en la mayoría de los casos aquellos daños se producen en el domicilio; los abusos suelen ser por personas conocidas o personas que están en contacto continuo con el individuo, e inclusive por los propios familiares y sucede en todos los grupos socioeconómicos.

Sin embargo, las estadísticas sobre el maltrato en la vejez son datos alejados de la realidad, debido a que la mayoría de los adultos mayores que lo viven no lo denuncian.

El estudio añade al respecto que los adultos mayores no aceptan que están siendo maltratados y tienen temor a represalias, pues en ocasiones es el único familiar con el que cuentan; creen que es temporal; no quieren que su familiar o cuidador vaya a la cárcel; desconocen con qué autoridad deben dirigirse o su condición física o cognitiva no les permite realizar una denuncia.

 

Hay diversos factores de daño, como el físico, en el que el uso de fuerzas físicas no accidentales de coerción, es la forma más obvia y fácil de definir, pero una de las menos comunes.

Se pueden apreciar por la existencia de heridas, golpes, bofetones, golpes con objetos contundentes y otros, y en general se relacionan más con las características del abusador y no tanto del abusado.

Se ha correlacionado también con la ingesta excesiva de alcohol, deterioro de la personalidad y escasa comunicación.

La violencia verbal, en tanto, depende en gran medida de las malas relaciones interpersonales previas a la situación mórbida actual y se asocia con depresión y ansiedad de los cuidadores, por ejemplo, la agresión verbal crónica, los insultos repetidos y las amenazas.

El daño psicológico es la intimidación verbal, humillación y la infantilización de la persona, y en general ocurre junto a otras formas de abuso.

Otra forma de violencia, quizás la más común, es la de carácter financiero, que es la manera inapropiada o ilegal de usar el dinero, propiedades y otras, mientras que el abandono es la privación de las necesidades básicas de servicios como comida, medicamentos, transferencia al baño, aseo personal, acceso a la salud y otras, agrega el documento.

Frente a esta realidad, el PRI en la Cámara de Diputados, por conducto de su legisladora Noemí Guzmán, propuso una iniciativa de reformas a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para diseñar y ejecutar medidas para enfrentar los retos que plantea el envejecimiento en nuestro país y sobre todo proteger a este sector vulnerable de la población.

Además, debe procurar la defensa y representación de los derechos consignados a favor de las personas adultas mayores en su persona, bienes y derechos ante cualquier autoridad competente, promoviendo todos los medios legales que conforme a derecho procedan.

Dicha dirección, señala finalmente la iniciativa, deberá coadyuvar con las Procuradurías de Justicia, cuando las personas adultas mayores sean víctimas de cualquier conducta tipificada como delito.