El sector salud, donde más se violan los derechos humanos en México: CNDH

• El Instituto Mexicano del Seguro Social  acumula dos mil 185 casos por negligencia y falta de atención médica
• Entre las víctimas más frecuentes  de violaciones a los derechos humanos  están  los adultos mayores, niños y niñas, poblaciones indígenas y personas discapacitadas, denunció Luis Raúl González Pérez ante el presidente Peña Nieto
• El sector de seguridad pública sigue en la lista de las instituciones que registran tratos crueles,  degradantes y detenciones arbitrarias

En una ceremonia encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto, el Ombudsman mexicano Luis Raúl González Pérez, puso en serio dilema el ejercicio de los derechos humanos en el país: o se transforman o la sociedad mexicana está condenada a resignarse ante el cúmulo de violaciones a los derechos que servidores públicos  de distintas dependencias federales y estatales cometen en el ejercicio de sus funciones.

González Pérez dijo al presidente: “urge que se cumplan las órdenes e instrucciones que se han girado para que todas las instancias de Gobierno, sin excepción, reconozcan, respeten y promuevan los derechos humanos de las personas”.

Si agrupamos las autoridades señaladas como presuntamente responsables de algún abuso de poder por sectores, dijo el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), tendríamos que respecto del Sector Salud se presentaron  tres mil 70 quejas, de ese número dos mil 185 casos fueron contra  el Instituto Mexicano del Seguro Social por negligencia y falta de atención médica;  mientras que en el sector seguridad se habrían registrado tres mil 24, y en el sector educativo, 702.

En la residencia presidencial de Los Pinos, al poniente de la capital mexicana, González Pérez aseguró que durante el año 2015  se incrementaron las violaciones de los derechos humanos en México: “tuvieron un incremento del 18 por ciento, al radicarse nueve mil 980 nuevos expedientes de queja frente a ocho mil 455 del 2014”.

Es de destacarse que en el ámbito de la CNDH, subrayó el presidente de la CNDH, durante 2015 se registraron 327 expedientes en los que se reportó la desaparición de 453 personas. De este conjunto, en 11 casos se advirtieron elementos suficientes para tramitarse como expedientes en los que existiría una presunta desaparición forzada.

En cuanto a los lugares que señaló González Pérez la desaparición de personas la CNDH ubicó a Guerrero, con  el mayor número de reportes, seguido de Coahuila, Tamaulipas y Veracruz.

También citó González Pérez que las entidades del país donde más se violan los derechos humanos están la Ciudad de México, el Estado de México, Tamaulipas, Veracruz, Sonora, Chiapas, Jalisco, Oaxaca,  Nayarit,  y Michoacán.

Entre las víctimas de esas violaciones se encuentran los sectores de la población más vulnerable. González Pérez los citó: son inadmisibles la exclusión y discriminación de nuestras comunidades indígenas, los abusos y agravios a niñas, niños y adolescentes, las violencias por cuestión de género o preferencia sexual, la discriminación y falta de inclusión de las personas con discapacidad, la difícil situación que enfrentan los adultos mayores, las afectaciones a nuestro medio ambiente, la destrucción y pérdida de nuestros patrimonios culturales, así como la falta del acceso real a la justicia para todas y todos.

En su informe anual de ese año de 2015, González Pérez no dudo en señalar después que los abusos más frecuentes se presentan en el sector salud y en el de seguridad pública y advertir que continúan el trato cruel y degradante, las detenciones arbitrarias y la desaparición de las personas en México.

Asimismo informó que durante 2015  la CNDH emitió 60 recomendaciones dirigidas a 42 autoridades, entre las cuales destaca el IMSS, señalado en 13 recomendaciones; la Comisión Nacional de Seguridad, en siete, así como el Gobierno del Estado de Chiapas, el ISSSTE, el Instituto Nacional de Migración y la PGR, cada una de ellas con tres recomendaciones.

 “Los derechos humanos violentados, así como las materias sobre las cuales versaron las recomendaciones fueron diversas, comprendiendo cuestiones que abarcaron casos de ejecución arbitraria, desaparición forzada, tortura, uso excesivo de la fuerza, así como también violencia obstétrica, indebida prestación de servicios médicos, detenciones ilegales, ataques a la libertad de expresión y afectaciones a los derechos de las personas en contexto de migración, el derecho a la consulta libre e informada de los pueblos indígenas, el daño o menoscabo al patrimonio cultural de la Nación, cuestiones vinculadas al medio ambiente, así como al nivel de vida y desarrollo de las personas”.

Los derechos humanos fueron incorporados en México a su  Constitución en el artículo primero en 2011. Una de las debilidades de los organismos encargados de su defensa en el país a nivel nacional o en las 32 entidades de la república es su carencia de fuerza legal  y de sanciones a los infractores para lograr que sus recomendaciones sean normalmente aceptadas por los funcionarios y dependencias responsables da las violaciones a los derechos humanos.

Peo a pesar de esta debilidad, de las recomendaciones emitidas, de acuerdo con el informe de González Pérez,  “la CNDH dio atención y seguimiento a 469 denuncias penales y 187 quejas administrativas, mismas que han dado origen a la aplicación de sanciones administrativas a 41 servidores públicos y 58 denuncias consignadas ante las distintas Procuradurías”.

Durante el año 2015, agregó González Pérez, la CNDH conoció de diversos tipos de violaciones a derechos fundamentales, las cuales comprendieron desde cuestiones vinculadas al incumplimiento de las formalidades o procedimientos administrativos por parte de la autoridad, hasta prácticas o conductas que, con independencia de su frecuencia o niveles de incidencia, por su propia naturaleza y características, son graves, y su atención lleva implícita la solución de un agravio social, tales como las desapariciones forzadas, la tortura, las ejecuciones arbitrarias, las detenciones ilegales, la trata de personas, los abusos a migrantes, los agravios o ataques a periodistas y defensores de derechos humanos, o las deficiencias e irregularidades en el sistema penitenciario.

 “La sociedad cada vez espera menos y desconfía más de las instituciones, lo cual se ve agravado por un entorno en donde la pobreza y los niveles de desigualdad imperantes, así como los problemas de violencia, inseguridad y carencias son realidades que transgreden toda lógica de un Estado democrático y social de derecho”, manifestó el defensor de los derechos humanos en el país, un abogado egresado de la más importante universidad latinoamericana, la UNAM.

González Pérez se quejó de esa adversa realidad del  país. Dijo que las distintas instancias del Estado “han respondido de manera insuficiente al compromiso con los derechos humanos, emprendiendo acciones que, si bien han atacado algunos aspectos de los problemas existentes, no han tenido la intensidad, integralidad y oportunidad que serían deseables ante las difíciles circunstancias que enfrentamos”.

“Son muchas las asignaturas pendientes, las demandas no atendidas y las expectativas no resueltas frente a la sociedad, las cuales parten de aspectos tan esenciales en un entorno democrático, como lo serían la observancia y aplicación de la ley o el abatimiento de la impunidad y de la corrupción”, recalcó el Ombudsman mexicano.

 González Pérez  advirtió que “la necesidad de atención a las demandas sociales urgentes ha propiciado, inclusive, que se busquen soluciones al margen de la ley, como lo fue que el Estado renunciara, en el terreno de los hechos, a su función básica de brindar seguridad a la población y delegar a tal atribución a grupos civiles armados, en un intento equivocado de reducir los niveles de criminalidad y violencia. Michoacán ha sido una desafortunada prueba de ello”.

Frente a este problema, nos quedan dos caminos; la resignación o la transformación, manifestó González Pérez. “Permitir que las cosas sigan como están, es imposible. Tolerar las violaciones a derechos humanos, es traicionar el futuro. La transformación que se requiere no debe hacerse por interés o conveniencia política. Es, y debe ser, un imperativo moral tanto para las instituciones del Estado como para los organismos defensores de los derechos humanos”.

Las presuntas violaciones a derechos humanos que se denunciaron con mayor frecuencia durante el 2015, citadas por González Pérez, fueron:

La prestación indebida del servicio público, en tres mil 152 casos. Faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de sus funciones, mil 871.

 Omitir proporcionar atención médica, mil 697.

 Detención arbitraria, 879.

 Trato cruel e inhumano degradante, 663.

 Acciones u omisiones que trasgreden los derechos de los migrantes, 602.

 Negligencia médica, 490.

 Omitir fundar el acto de autoridad, 481.

 Omitir motivar el acto de autoridad, 452.

 Y prestar indebidamente el servicio de educación, 431.

 Las autoridades que fueron señaladas, agregó el ombudsman,  con mayor recurrencia como presuntamente responsables de una violación a derechos humanos en los escritos de queja, fueron:

 El IMSS, en dos mil 185 casos.

 El Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, mil 308.

 La Policía Federal, 783.

 La PGR, 761.

 El ISSSTE, 705.

 El Instituto Nacional de Migración, 688.

 La SEDENA, 620.

 La SEP, 548.

La SEMAR, 373.

 La CFE, 316.

Si bien es cierto que el mayor número de quejas recibidas por la CNDH estuvo referido a acciones u omisiones de autoridades en el ámbito de salud, lo cierto es que casi un número semejante se recibió con relación a autoridades vinculadas a tareas de seguridad, añadió. Las entidades federativas en las que se reportó con mayor frecuencia la comisión de algún hecho presuntamente violatorio a derechos humanos, fueron:

 El Distrito Federal, en dos mil 350 casos.

 Estado de México, 791.

 Tamaulipas, 613.

 Veracruz, 468.

 Sonora, 442.

 Chiapas, 405.

 Jalisco, 354.

Oaxaca, 349.

 Nayarit, 302.

  Michoacán, 299.

Durante 2015, se resolvieron 44.6 por ciento expedientes de queja más que en el periodo previo, toda vez que en este año se concluyeron 10 mil 157 expedientes, en comparación con los siete mil 22 del 2014, agregó González. “No son sólo expedientes o trámites. Son realidades y problemas concretos”.

González Pérez citó que  por violaciones graves a los derechos humanos, destaca la Recomendación 3VG/2015, con motivo de los hechos ocurridos el 6 de enero del 2015 en Apatzingán, imputadas a la Policía Federal. ”Esta recomendación también fue dirigida al Secretario de la Defensa Nacional, al Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo y al Presidente Municipal de Apatzingán de la Constitución, aunque los hechos imputados a estas autoridades no fueron considerados como graves”.

“La simulación o la demora injustificada en el cumplimiento de las recomendaciones, implica nuevas violaciones a los derechos fundamentales de las personas”, manifestó el Ombudsman mexicano.

Publicamos en la Sección Testimonios y Documentos de T E el diario de la Tercera Edad:

Adultos mayores, niños y niñas, poblaciones indígenas y personas discapacitadas, entre las víctimas más frecuentes  de violaciones a los derechos humanos, denunció Luis Raúl González Pérez ante el presidente Peña Nieto