Adultos mayores, niños y niñas, poblaciones indígenas y personas discapacitadas, entre las víctimas más frecuentes  de violaciones a los derechos humanos, denunció Luis Raúl González Pérez ante el presidente Peña Nieto

Texto íntegro del informe del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

A casi cinco años de la más relevante reforma constitucional que México ha llevado a cabo en materia de derechos humanos, esta Comisión Nacional observa los avances realizados en este ámbito, pero también la distancia que existe entre lo previsto en las normas y su vigencia práctica.

 Si bien las violaciones a los derechos humanos se presentan en buena parte del mundo, en México la situación es difícil y compleja.

 Durante 2015, la CNDH conoció de diversos tipos de violaciones a derechos fundamentales, las cuales comprendieron desde cuestiones vinculadas al incumplimiento de las formalidades o procedimientos administrativos por parte de la autoridad, hasta prácticas o conductas que, con independencia de su frecuencia o niveles de incidencia, por su propia naturaleza y características, son graves, y su atención lleva implícita la solución de un agravio social, tales como las desapariciones forzadas, la tortura, las ejecuciones arbitrarias, las detenciones ilegales, la trata de personas, los abusos a migrantes, los agravios o ataques a periodistas y defensores de derechos humanos, o las deficiencias e irregularidades en el sistema penitenciario.

 Por otra parte, también son inadmisibles la exclusión y discriminación de nuestras comunidades indígenas, los abusos y agravios a niñas, niños y adolescentes, las violencias por cuestión de género o preferencia sexual, la discriminación y falta de inclusión de las personas con discapacidad, la difícil situación que enfrentan los adultos mayores, las afectaciones a nuestro medio ambiente, la destrucción y pérdida de nuestros patrimonios culturales, así como la falta del acceso real a la justicia para todas y todos.

 La sociedad cada vez espera menos y desconfía más de las instituciones, lo cual se ve agravado por un entorno en donde la pobreza y los niveles de desigualdad imperantes, así como los problemas de violencia, inseguridad y carencias son realidades que transgreden toda lógica de un Estado democrático y social de derecho.

 A esta adversa realidad, las distintas instancias del Estado han respondido de manera insuficiente al compromiso con los derechos humanos, emprendiendo acciones que, si bien han atacado algunos aspectos de los problemas existentes, no han tenido la intensidad, integralidad y oportunidad que serían deseables ante las difíciles circunstancias que enfrentamos.

 Son muchas las asignaturas pendientes, las demandas no atendidas y las expectativas no resueltas frente a la sociedad, las cuales parten de aspectos tan esenciales en un entorno democrático, como lo serían la observancia y aplicación de la ley o el abatimiento de la impunidad y de la corrupción.

 La necesidad de atención a las demandas sociales urgentes ha propiciado, inclusive, que se busquen soluciones al margen de la ley, como lo fue que el Estado renunciara, en el terreno de los hechos, a su función básica de brindar seguridad a la población y delegar a tal atribución a grupos civiles armados, en un intento equivocado de reducir los niveles de criminalidad y violencia. Michoacán ha sido una desafortunada prueba de ello.

 Frente a este problema, frente a este panorama, nos quedan dos caminos; la resignación o la transformación.

 Permitir que las cosas sigan como están, es imposible. Tolerar las violaciones a derechos humanos, es traicionar el futuro. La transformación que se requiere no debe hacerse por interés o conveniencia política. Es, y debe ser, un imperativo moral tanto para las instituciones del Estado como para los organismos defensores de los derechos humanos.

 La situación de los derechos humanos que la Comisión Nacional conoce, es la que deriva de los expedientes a su cargo. No desconocemos los avances que se han presentado en el reconocimiento y respeto de la dignidad humana en nuestro país, lo cual es una obligación y responsabilidad del Estado.

A la CNDH le corresponde observar e investigar las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos que se presenten, mismas que durante el periodo que se informa, tuvieron un incremento del 18 por ciento, al radicarse nueve mil 980 nuevos expedientes de queja frente a ocho mil 455 del 2014.

Las presuntas violaciones a derechos humanos que se denunciaron con mayor frecuencia durante el 2015, fueron:

 La prestación indebida del servicio público, en tres mil 152 casos. Faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de sus funciones, mil 871.

 Omitir proporcionar atención médica, mil 697.

 Detención arbitraria, 879.

Trato cruel e inhumano degradante, 663.

 Acciones u omisiones que trasgreden los derechos de los migrantes, 602.

 Negligencia médica, 490.

Omitir fundar el acto de autoridad, 481.

 Omitir motivar el acto de autoridad, 452.

 Y prestar indebidamente el servicio de educación, 431.

 Las autoridades que fueron señaladas con mayor recurrencia como presuntamente responsables de una violación a derechos humanos en los escritos de queja, fueron:

 El IMSS, en dos mil 185 casos.

 El Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, mil 308.

 La Policía Federal, 783.

 La PGR, 761.

 El ISSSTE, 705.

El Instituto Nacional de Migración, 688.

La SEDENA, 620.

La SEP, 548.

 La SEMAR, 373.

 La CFE, 316.

 Si agrupamos las autoridades señaladas como presuntamente responsables de algún abuso de poder por sectores, tendríamos que respecto del Sector Salud se habrían presentado tres mil 70 quejas, mientras que en el sector seguridad se habrían registrado tres mil 24, y en el sector educativo, 702.

 Si bien es cierto que el mayor número de quejas recibidas por la CNDH estuvo referido a acciones u omisiones de autoridades en el ámbito de salud, lo cierto es que casi un número semejante se recibió con relación a autoridades vinculadas a tareas de seguridad.

Las entidades federativas en las que se reportó con mayor frecuencia la comisión de algún hecho presuntamente violatorio a derechos humanos, fueron:

 El Distrito Federal, en dos mil 350 casos.

 Estado de México, 791.

 Tamaulipas, 613.

 Veracruz, 468.

 Sonora, 442.

Chiapas, 405.

Jalisco, 354.

Oaxaca, 349.

 Nayarit, 302.

 Y Michoacán, 299.

Es de destacarse que en el ámbito de la CNDH, durante 2015 se registraron 327 expedientes en los que se reportó la desaparición de 453 personas. De este conjunto, en 11 casos se advirtieron elementos suficientes para tramitarse como expedientes en los que existiría una presunta desaparición forzada.

En cuanto a los lugares en que se señaló la desaparición de personas, Guerrero fue el estado del cual se recibió el mayor número de reportes, seguido de Coahuila, Tamaulipas y Veracruz.

Durante 2015, se resolvieron 44.6 por ciento expedientes de queja más que en el periodo previo, toda vez que en este año se concluyeron 10 mil 157 expedientes, en comparación con los siete mil 22 del 2014.

Sobre este particular,  vale la pena recordar que detrás de cada caso que atiende la Comisión Nacional, se encuentra una  persona que considera que se ha visto afectada su esfera de derechos por una actuación indebida de la autoridad.   No son sólo expedientes o trámites. Son realidades y problemas concretos.

 Una importante vía de atención de los casos, es la conciliación, en la que, a propuesta de la CNDH y teniendo como base las opiniones de la autoridad y del quejoso, se llega a un acuerdo, siempre dentro del marco  de la ley y el respeto de los derechos humanos.

 En estos casos, la actuación de la CNDH es eficaz, porque permite arribar a una rápida solución, en donde la autoridad acepta su responsabilidad, acordando diversas medidas de reparación de daños y perjuicios que se hubieran causado a la víctima.

 Durante el periodo que se reporta, del total de quejas registradas se resolvieron durante el procedimiento o por la vía de conciliación cuatro mil 370 expedientes, lo cual representa cerca del 43 por ciento del total de expedientes de queja concluidos.

  Si bien las recomendaciones son el instrumento de mayor impacto dentro de la actividad del organismo nacional, es sólo uno de los caminos para resolver las quejas y no en todos los casos son el medio más inmediato para la atención efectiva de los planteamientos hechos por quienes acuden a la CNDH.

 Las recomendaciones hacen evidente ante la opinión pública parte del trabajo de la Comisión Nacional, al tener difusión mediática. Los procesos conciliatorios, en cambio, no requieren de amplia difusión.

En el periodo que se reporta, este organismo nacional emitió 60 recomendaciones dirigidas a 42 autoridades, entre las cuales destaca el IMSS, señalado en 13 recomendaciones; la Comisión Nacional de Seguridad, en siete, así como el Gobierno del Estado de Chiapas, el ISSSTE, el Instituto Nacional de Migración y la PGR, cada una de ellas con tres recomendaciones.

Los derechos humanos violentados, así como las materias sobre las cuales versaron las recomendaciones fueron diversas, comprendiendo cuestiones que abarcaron casos de ejecución arbitraria, desaparición forzada, tortura, uso excesivo de la fuerza, así como también violencia obstétrica, indebida prestación de servicios médicos, detenciones ilegales, ataques a la libertad de expresión y afectaciones a los derechos de las personas en contexto de migración, el derecho a la consulta libre e informada de los pueblos indígenas, el daño o menoscabo al patrimonio cultural de la Nación, cuestiones vinculadas al medio ambiente, así como al nivel de vida y desarrollo de las personas.

Por violaciones graves a los derechos humanos, destaca la Recomendación 3VG/2015, con motivo de los hechos ocurridos el 6 de enero del 2015 en Apatzingán, imputadas a la Policía Federal.

Esta recomendación también fue dirigida al Secretario de la Defensa Nacional, al Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo y al Presidente Municipal de Apatzingán de la Constitución, aunque los hechos imputados a estas autoridades no fueron considerados como graves.

 La emisión de una recomendación no concluye un caso; abre una nueva etapa probablemente más importante en la que es preciso dar seguimiento y constatar el cumplimiento de los puntos recomendados, cuando las autoridades responsables las acepten integralmente, así como denunciar públicamente cuando no se aceptan.

 En la medida en que las autoridades den cumplimiento real e integral al contenido de las recomendaciones, la verdad, la justicia y la reparación del daño, llegarán a las víctimas.

 La simulación o la demora injustificada en el cumplimiento de las recomendaciones, implica nuevas violaciones a los derechos fundamentales de las personas.

 El cumplimiento de las recomendaciones aún enfrenta demoras sensibles, por lo que en 2016 se fortalecerá el área que les dé seguimiento y se elaborará un informe de evaluación sobre el estado que guardan, mismo que se hará público.

Como consecuencia de las recomendaciones emitidas y en el marco de la lucha contra la impunidad, este año la CNDH dio atención y seguimiento a 469 denuncias penales y 187 quejas administrativas, mismas que han dado origen a la aplicación de sanciones administrativas a 41 servidores públicos y 58 denuncias consignadas ante las distintas Procuradurías.

Las recomendaciones generales tienen como propósito que se promuevan las modificaciones de disposiciones normativas y prácticas administrativas que constituyen o propician violaciones a derechos humanos.

Durante 2015, la Comisión Nacional emitió una relacionada con las condiciones de aislamiento que prevalecen en diversos centros penitenciarios del país, y otra referente al matrimonio igualitario.

El Informe detalla los casos de Chalchihuapan, Tlatlaya, Iguala y Apatzingán, los cuales han puesto a prueba las instituciones del Estado, incluida la CNDH. Evidenciaron carencias y falta de respuesta por parte de autoridades de los tres órdenes de Gobierno desde hace muchos años a diversas problemáticas sociales, así como la debilidad del Estado de Derecho en varias regiones del país.

 En Apatzingán, este organismo nacional emitió una recomendación que ha puesto de manifiesto ejecución arbitraria, el uso excesivo de la fuerza, así como omisiones e inconsistencias en las actuaciones Ministeriales, cuestiones que es necesario sancionar conforme a derecho.

En ningún caso podemos permitir la impunidad. Por el contrario, la investigación de estos asuntos debe resolverse, debe volverse un referente sobre el compromiso y las capacidades del Estado y de la sociedad mexicana con la justicia y el respeto a la dignidad humanas.

En el caso Iguala, desde el mes de julio, el organismo nacional a mi cargo presentó el documento denominado: Estado de la investigación del Caso Iguala, en el cual se formularon 32 observaciones y propuestas a diversas autoridades para prevenir nuevas violaciones a derechos humanos, y coadyuvar al debido desarrollo de las investigaciones que llevan a cabo las autoridades competentes, comprendiendo todos los planteamientos hechos por los padres de los jóvenes normalistas desaparecidos, sus representantes, organizaciones sociales y académicos.

 En este caso, se advierte la necesidad de fortalecer las investigaciones que las autoridades lleven a cabo, consolidando los medios de convicción que las sustenten, ya que, en caso contrario, podrían existir omisiones o deficiencias en las mismas que trajeran, como consecuencia, que los responsables no pudieran ser sancionados y los hechos quedaran impunes.

Para la CNDH, el caso Iguala sigue siendo un expediente abierto, cuya investigación realiza en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, y en la cual es preciso que, en sus aspectos técnicos más complejos y controvertidos, sea la ciencia la que guíe la investigación sobre la desaparición de los estudiantes normalistas, como lo he sostenido previamente.

La verdad en éste, y en todos los casos, es una; no puede construirse o negociarse, y debe necesariamente desprenderse de las pruebas y elementos de convicción que obren en los respectivos expedientes, valorados y articulados en su conjunto, no de la apreciación aislada de los mismos.

 En este sentido, el informe presentado la semana pasada por un grupo de peritos, tendrá que valorarse de manera integral, junto con los demás elementos de convicción que obran agregados a la investigación correspondiente.

 Para el organismo nacional a mi cargo resulta relevante insistir en la necesidad de que la instancia que lleva a cabo la investigación penal del caso, continúe con el seguimiento que lleva y se atiendan por completo las observaciones que se le formularon en el documento que la CNDH presentó en julio de 2015.

Casos como los antes mencionados deben tratarse con la máxima atención y de forma imparcial, puntual, integral y sustentada en elementos objetivos y científicos de prueba, que propicien que las investigaciones que se llevan a cabo con claridad y credibilidad que ameritan. Esto es lo que la sociedad reclama, para no dar cabida a la especulación y a cuestionamientos infundados.

 De igual forma, no podemos permitir la impunidad en los casos de violencia y ataques en contra de mujeres que, desafortunadamente, se siguen presentando en entidades como Guerrero, Chihuahua, Jalisco, Morelos, Veracruz, Quintana Roo o el Estado de México, entre otras.

 Es preciso que las instancias encargadas de la procuración de justicia investiguen y den trámite oportuno y debido a las denuncias que se presentan en este ámbito, para que las responsabilidades se determinen y sancionen conforme a la ley. Cada caso que permanece impune, incentiva que se presenten nuevas agresiones.

 Es importante señalar que la Comisión investiga, determina y se pronuncia respecto de violaciones a derechos humanos. No tiene a su cargo la persecución de delitos o la imposición de penas, lo cual es propio de las autoridades ministeriales o judiciales correspondientes, las cuales están sujetas a formalidades y procedimientos distintos.

 La existencia de una violación  a los derechos fundamentales de las personas no implica necesariamente la comisión de un delito, pero en los casos en que tal cuestión sí se pudiera configurar, es responsabilidad de las autoridades competentes en el ámbito de la procuración e impartición de justicia, el realizar investigaciones integrales, pertinentes, y desahogar debidamente los procedimientos, a efecto de que los responsables respondan de sus ilícitos ante la ley.

 Pretender condicionar la existencia de violaciones a los derechos humanos de las personas a la determinación de responsabilidades penales, implica desconocer la naturaleza del Ombudsman, así como la lógica y reglas  bajo las cuales funciona el sistema no jurisdiccional de protección de los derechos fundamentales, así como la autonomía de los organismos que la integran.

 La CNDH emitió en 2015, tres Informes Especiales

El primero. Sobre la situación de las mujeres en reclusión. El Segundo. Referente al estado  prevaleciente en los centros de tratamiento para adolescentes que infringen las leyes penales. Y el  Tercero. Relativo a la operación de grupos civiles armados en el estado de Michoacán.

  Del mismo modo, se elaboró y publicó un pronunciamiento  respecto de la sobrepoblación en los centros penitenciarios en el país, poniendo en evidencia la grave crisis que sufre en su conjunto.

 En 2015, la CNDH promovió 29 acciones de inconstitucionalidad, lo cual representa el 42.6 por ciento del total de acciones de este tipo que este organismo nacional ha interpuesto desde  2006, año en que se le concedió dicha atribución.

 Con esto, la CNDH hace visibles los riesgos que algunas normas pueden representar contra el ejercicio y disfrute de los derechos humanos,  y contribuye a mejorar el sistema legal de nuestro país, por la vía de impulsar la acción del máximo tribunal como institución garante del orden constitucional.

En la actualidad, la defensa y promoción de los derechos humanos no puede entenderse como una cuestión cuyo ámbito de competencia sea sólo nacional.

 Los compromisos asumidos por el Estado mexicano, mediante diversos instrumentos internacionales, así como lo previsto por nuestra Constitución, nos impone honrar las obligaciones que, en ejercicio de nuestra soberanía, adquirimos con los sistemas universal y regional  de los derechos humanos.

En razón de ello, durante el 2015 se tuvo una colaboración permanente con los mecanismos regional y universal de derechos humanos, habiéndose sostenido distintas reuniones de trabajo con la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; con diversos relatores y expertos independientes de dicha Comisión; con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como con diversas participaciones, con grupos de trabajo y Comités del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tales como el de Desapariciones Forzadas y Derechos de la Infancia, por citar los más relevantes.

 Asimismo, se fortaleció la vinculación y colaboración con otros organismos nacionales de derechos humanos para incidir en la atención de asuntos relevantes en esta materia.

 En este contexto, podemos citar las reuniones internacionales en las que se asumieron compromisos para la atención a migrantes en la frontera Sur de México, así como para el seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU. Esta última, con los ombudsman de 53 países.

 Lo reitero. Nuestro país cuenta con el marco legal, las instituciones y las capacidades necesarias para que las violaciones a derechos humanos puedan ser investigadas, los responsables sancionados y el daño reparado.

Por otra parte, no es posible que pretendamos hacer vigentes diversas disposiciones legales que están vinculadas con los derechos humanos si no se prevén, más allá de los contenidos normativos, los recursos necesarios para que tales disposiciones sean realmente operativas.

 La vigencia de los derechos no debe quedar en el ámbito discursivo. Los mismos deben materializarse, y para ello, es necesario prever los recursos y ministraciones en forma oportuna y suficiente.

Las políticas presupuestarias deben tener como condición necesaria un enfoque de derechos humanos, a efecto de que los recursos públicos se destinen de manera racional, transparente y efectiva a lograr que los mismos sean una realidad para el mayor número de mexicanas y mexicanos, así como para generar un entorno en el que sea posible su vigencia.

 El desarrollo económico no debe ser excluyente o ajeno al desarrollo pleno de las personas y a la realización de sus derechos fundamentales. En este sentido, un manejo adecuado y responsable de los recursos públicos debe pasar necesariamente por un ataque frontal a la corrupción, la cual es un factor que propicia violaciones a derechos humanos.

 Los más afectados por la corrupción en nuestro país, son los grupos vulnerables y las personas y sectores marginados. La verdadera vigencia de los derechosa humanos demanda el emprender con toda urgencia y responsabilidad el abatimiento de la corrupción, problema que tiene mucho que ver con la impunidad lacerante que ha debilitado los cimientos de nuestro Estado de Derecho.

 Señor Presidente:

No obstante que desde hace 25 años México cuenta con Ombudsman nacional, aún existen la tentación de identificar la causa de los derechos humanos con la defensa de delincuentes, o ver a aquellos como un obstáculo para el debido y oportuno desarrollo de sus funciones estatales.

 La CNDH busca la vigencia y respeto de los derechos fundamentales de todas las personas, lo cual lleva implícita la debida y oportuna observancia y aplicación de la ley.

 Las demandas nacionales existentes por niveles aceptables de seguridad pública, así para una mejor y más eficiente procuración de justicia, sólo pueden concretarse con el cumplimiento de la ley y la observancia de los derechos humanos.

La ilegalidad no puede combatirse con ilegalidad. Los derechos humanos no son ni pueden ser vistos como un recurso o vía para la ilegalidad; por el contrario, este organismos nacional en todo momento se ha pronunciado por el cumplimiento y aplicación de la ley, como el marco necesario para la convivencia social, pacífica, así como el reconocimiento y respeto a la dignidad de las personas.

Por ello, es preciso reconocer públicamente tanto por las autoridades federales como estatales, el trabajo que desempeñan las defensoras y defensores de derechos humanos.

 Si nuestros intereses y objetivos son comunes, no hay razón para que caminemos por rutas distintas. Hago un respetuoso llamado tanto al Ejecutivo Federal, como a los locales, para que impulsen acciones en este sentido.

 Una violación a derechos humanos se presenta cuando existe un acto arbitrario o ilegal de autoridad. Si la misma cumple con sus atribuciones, vale la pena insistir en ello, no habrá institución u organismo o activista que válidamente pueda objetar las acciones que se lleven a cabo.

 Actuar conforme a derecho y con respeto a la dignidad de las personas, contribuye al efectivo acceso a la justicia, así como a la vigencia de los derechos de las víctimas del delito.

Señor Presidente:

Urge que se cumplan las órdenes e instrucciones que se han girado para que todas las instancias de Gobierno, sin excepción, reconozcan, respeten y promuevan los derechos humanos de las personas.

Debemos trascender las etapas del discurso y la denuncia, para consolidar en los hechos acciones que materialicen la voluntad expresada y encaucen las denuncias formulada.Lo he dicho en otras ocasiones, pero es necesario repetirlo:

No hay niveles o cifras aceptables de tortura, de desaparición forzada, de ejecuciones arbitrarias o de ataques a periodistas y defensores civiles, un sólo caso es demasiado y debe mover a todas las instancias del Estado a la acción, para que cada caso se castigue y prevenir que se repita.

Las víctimas, la sociedad civil, la academia, los organismos e instancias nacionales e internacionales en el ámbito de los derechos humanos, desde distintos espacios  y con diferentes formas, metodologías y alcances, constantemente hemos señalado los problemas que enfrenta  nuestro país en este ámbito y llamado la atención sobre la necesidad urgente de actuar de manera decidida y responsable para alcanzar su solución.

 Tierra Blanca y Papantla parecieran reiterarnos que seguimos sin aprender, valorar y dar sentido a las múltiples lecciones que  nos han dado el dolor y el sufrimiento de las víctimas de nuestro país.

En la coyuntura crítica que enfrenta el país, es preciso actuar, y que el eje de actuación sea, como en su oportunidad lo dijo Jorge Carpizo; que cada día se protejan y defiendan mejor nuestros  derechos humanos, lo cual es el alma y el corazón del fortalecimiento del Estado de Derecho.

 Muchas gracias.