Es urgente implementar modelos para prevenir adicciones entre la población juvenil, advierte experto

 

• La edad de iniciación en el consumo de drogas es a los 14 años, cuando por desarrollo cerebral las personas son más vulnerables a crear adicciones, advirtió Miguel Ángel Mendoza, Director de Investigación y Evaluación del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México (IAPA)

 

 

Es urgente implementar modelos para prevenir adicciones entre la población juvenil, pues de acuerdo con una encuesta entre estudiantes (IAPA 2012-2014), la edad de iniciación en el consumo de drogas es a los 14 años, cuando por desarrollo cerebral las personas son más vulnerables a crear adicciones, afirmó Miguel Ángel Mendoza, Director de Investigación y Evaluación del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México (IAPA).

 

El funcionario habló durante el Foro Hacia un Nuevo Modelo Regulatorio de la Marihuana, organizado por La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), en donde el exdirector del IAPA, Rafael Camacho Solís, sugirió incorporar conceptos -como personas con consumo problemático-, que eviten criminalizar, estigmatizar o discriminar, en lugar de adictos o farmacodependientes.

 

Refirió también que a pesar de que al año mueren seis millones de personas en el mundo por afecciones relacionadas con el tabaco, sólo un tercio de los consumidores desarrollan adicción; y una sexta parte de quienes consumen alcohol son alcohólicos, contra apenas una persona de cada 11 consumidores de marihuana.

 

Por su parte, la investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Fernanda Cobo, señaló que la justificación del Estado para legalizar el uso médico de la marihuana debe considerar en todo momento la protección de poblaciones vulnerables y establecer objetivos de interés público. Añadió que para ello, el Instituto propone un modelo regulatorio  que incluya la creación de una empresa estatal que tenga el monopolio de producción y de importación, que pueda regular el consumo con base en ejes de salud pública.

 

 

Isabel Blas, de la organización Equis: Justicia para las Mujeres A.C. en México, subrayó el contenido del documento Propuestas de reforma para mujeres encarceladas por delitos de drogas, que promueve que se incentive la disminución de la prisión preventiva, la aplicación de atenuantes en las penas, la elaboración de protocolos policiales y ministeriales con perspectiva de derechos humanos y de género; así como estrategias integrales que garanticen la reinserción.

 

Zara A. Snapp, integrante de la Comisión Global de Políticas de Drogas, al referirse al derecho a la información de los usuarios, manifestó que “se necesita información basada en evidencias, y la mejor manera de lograrlo es por medio de una regulación por parte del Estado”.

 

El profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco, Jorge Javier Romero, coincidió en que para reducir daños, el Estado que debe controlar la producción y distribución de la marihuana, pasando por la regulación y el uso terapéutico, a través de una institución creada para ello.

 

Apuntó que el órgano regulador tomaría las mejores experiencias internacionales, pero ante todo no buscaría ser un modelo competitivo, sino controlar impuestos y precios para cualquier uso de la cannabis, ya que su fin es quitar el gran negocio que significa actualmente para el crimen organizado.

 

Por su parte, el Secretario de México Unido Contra la Delincuencia, Juan Francisco Torres Landa, se refirió al agotamiento de la política prohibicionista adoptada por México después del sexenio cardenista.

 

Dijo que es una política que no ha dado resultados mínimos, comparados con el presupuesto que se destina a la ‘llamada guerra contra las drogas’, logrando incluso el efecto contrario, pues las drogas son cada vez más baratas.

 

 

Juan Francisco Torres Landa es una de las cuatro personas a quienes el 4 de noviembre de 2015, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) permitió el uso lúdico de la marihuana, modalidad que permite la siembra y consumo personal, como integrantes de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART).

 

Al participar en el Foro, el Director Ejecutivo del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos de la CDHDF, Doctor Javier Conde, recordó que el Informe Especial Drogas y Derechos Humanos en la Ciudad de México, publicado por la propia Comisión en 2014, estableció que “el uso de drogas por personas adultas es un acto privado, amparado por el derecho al libre desarrollo de la personalidad; y su penalización restringe la facultad de las y los usuarios para conducir su vida”.

 

Destacó la obligación del Estado de proteger a las personas en situación de vulnerabilidad, por lo que puntualizó que el Informe recomienda: avanzar en la búsqueda de alternativas de regulación del uso medicinal y recreativo de la marihuana; proponer una revisión de las cantidades contempladas en la tabla de orientación en la Ley General de Salud; y generar información veraz y oportuna acerca de las drogas y la reducción de riesgos y daños; entre otras propuestas.

 

En este contexto, la CDHDF remitió en días pasados a la Secretaría de Relaciones Exteriores una síntesis de los documentos con los trabajos que este organismo público autónomo ha realizado en torno al debate de la marihuana, con miras a la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas que se realizará en la ciudad de Nueva York del 19 al 21 del presente mes.