Aún estigmatizan y discriminan a los matrimonios de un solo sexo

• La población LGBTI es el sector de la población más vulnerable a ser estigmatizado, discriminado y excluido, desde el seno familiar hasta los ámbitos educativo, laboral, de salud.
• El sistema jurídico actual no reconoce en todo el país el matrimonio igualitario y la adopción de menores, por lo que se tienen que promover juicios de amparo y esperar las resoluciones.

A pesar de que las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) se pueden casar en cualquier parte del país, tras la resolución de jurisprudencia 43/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitida el 12 de junio de 2015, aún no se ha podido legalizar que los cónyuges accedan a todas las ventajas como la seguridad social del IMSS e ISSSTE y las instituciones sociales de vivienda como el INFONAVIT y FOVISSSTE.

La falta de conocimiento de las leyes sobre derechos humanos, por parte de las personas (LGBTI) propicia que no puedan hacerlos totalmente efectivos, como ocurre en el caso de los matrimonios igualitarios, donde uno de los contrayentes no puede brindar a su pareja los beneficios de seguridad social en materia de salud y vivienda, coincidieron los participantes del foro “El reconocimiento del matrimonio igualitario”, organizado por el Centro Nacional de Derechos Humanos (CENADEH) de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Esa falta de conocimiento genera que ese sector de la población sea más vulnerable a ser estigmatizado, discriminado y excluido, desde el seno familiar hasta los ámbitos educativo, laboral, de salud, entre otros, afirmó Jaime López Vela, presidente de la “Agenda LGBT, A.C”.

Como consecuencia de dicha discriminación, destacó que esas personas están más expuestas a contraer el VIH Sida, al suicidio o ser víctimas de crímenes homofóbicos, haciéndolos más reactivos por el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo y los beneficios que ello implica, como una forma de protección familiar.

En su oportunidad, Julio Martínez Rivas, asistente del Ministro José Ramón Cossío Díaz de la SCJN, comentó que con el sistema jurídico actual, no se puede reconocer en todo el país el matrimonio igualitario y la adopción de menores, por lo que se tienen que promover juicios de amparo y esperar las resoluciones.

“Para que exista un cambio, éste debe hacerse a través de la política y el Poder Legislativo, a fin de tener leyes más acordes con nuestra Constitución Política”, señaló Martínez Rivas, quien apuntó que en el aspecto normativo sólo la Ciudad de México, Coahuila, y Nayarit, han modificado sus códigos civiles y/o familiares para permitir el matrimonio igualitario.

Bajo este contexto, Jaime López Vela subrayó la necesidad de crear un mecanismo constitucional en materia de derechos humanos, que haga obligatorio que la resolución del Poder Judicial se extienda al resto del país.

Asimismo, dijo, que el Poder Legislativo continúe exhortando a algunas entidades federativas a armonizar sus códigos civiles con la reforma Constitucional del 2011 que reconoce los derechos humanos y se reconozca el matrimonio igualitario, y que el Poder Ejecutivo implemente la educación formal sobre sexualidad a través de un programa social integral.

“Estamos viendo una simulación de atención a los derechos humanos, porque hasta ahora no han sido reconocidos para este sector de la población”, advirtió López Vela, quien añadió, que ello obedece a que no existe un vínculo entre los tres poderes mencionados, ni un compromiso para atender las leyes que restituyan la dignidad humana de las personas LGTBI.

Por su parte, Alejandro Díaz Pérez, visitador adjunto de la Cuarta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), precisó que este Organismo Nacional emitió la Recomendación General “Sobre el matrimonio igualitario” 23/2015.

En ella, solicita a los titulares de los poderes Ejecutivos y a los órganos Legislativos de los diversos órdenes normativos de la República, adecuar los ordenamientos en materia civil y/o familiar, con el fin de permitir el acceso al matrimonio a todas las personas, en condiciones que impidan cualquier tipo de discriminación.

Dijo que la CNDH constató discriminación y violaciones legales a los derechos humanos de las personas LGTBI, como reducir el acceso al matrimonio a la unión de un hombre y una mujer, lo que excluye de manera injustificada el acceso a las personas del mismo sexo que deseen contraer matrimonio, así como la creación de regímenes distintos al matrimonio civil, como las sociedades de convivencia o el pacto civil de solidaridad, que sólo generan mexicanos de primera y de segunda.

“El efecto de esta Recomendación General es que estados como Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Zacatecas, Chihuahua, Coahuila, Oaxaca iniciaron proyectos de iniciativas para discutir que el matrimonio igualitario sea reconocido”, comentó.

En Michoacán, el 21 de abril de 2016, cumpliendo la Recomendación General de la CNDH, las comisiones unidas de justicia, de derechos humanos y de puntos constitucionales del congreso lograron acuerdos para reformar lo referente al matrimonio, concubinato y sociedades de convivencia, concluyó el funcionario.