Ningún indígena mexicano tiene obligación de hablar en español

  • Las lenguas indígenas, al tener el mismo reconocimiento constitucional que el español, deben emplearse en documentos oficiales
  • La CNDH traducirá sus Recomendaciones a lenguas originarias a través de los servicios del Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas 
  • El Padrón agrupa a 664 intérpretes de 121 lenguas autóctonas radicados en 25 entidades y tiene el apoyo de 158 abogados indígenas recién capacitados en el Nuevo Sistema de Justicia Penal
Foto: T E

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El Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez,  tras señalar que “las lenguas indígenas, al tener el mismo reconocimiento constitucional que el español, deben emplearse en documentos oficiales”, declaró que “ningún indígena tiene la obligación de hablar español, pero sí tiene el derecho de contar con un intérprete para su auxilio en todas las situaciones de su vida cotidiana y no sólo las de carácter jurídico”.

 “Se debe garantizar que puedan comprender y hacerse comprender” agregó González Pérez durante un acto donde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) conjuntaron esfuerzos para la defensa y protección de los derechos humanos de las personas, pueblos y comunidades indígenas al suscribir convenios de colaboración.

Uno de los compromisos de este convenio, dijo González Pérez,  “consiste en la traducción de las Recomendaciones emitidas por la CNDH, particularmente de aquellas donde los agraviados pertenezcan a un pueblo indígena, o bien, que debido a su temática tengan una trascendencia directa para las personas, pueblos y comunidades indígenas, que anulen o menoscaben los derechos y libertades que están protegidas tanto en lo individual como en lo colectivo”.

El presidente de la CNDH argumentó que el reconocimiento pleno de nuestra composición pluricultural, sustentada originalmente en los pueblos indígenas y la implementación de normas y políticas públicas que atiendan al carácter diverso de nuestra nación y a las adversas condiciones que enfrenta esa población en el país, representan uno de los mayores desafíos políticos y sociales indispensable de atender, con énfasis especial en sus tradiciones culturales y convirtiéndolos en interlocutores, mediante consulta previa, ante la adopción de medidas que puedan afectar sus intereses.

 Al referirse a la diversidad cultural de nuestro país, González Pérez destacó la existencia de 68 pueblos originarios, 11 familias lingüísticas y 364 variantes, todas ellas lenguas nacionales, por lo que los derechos lingüísticos se deben posicionar como derechos instrumentales que permitan el ejercicio de otros derechos humanos, de ahí la importancia de garantizar su respeto y ejercicio.

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 La Directora General de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Nuvia Mayorga Delgado, aseguró que para entender a la población indígena hay que comprender su idioma.

 Hizo un recuento de los diferentes convenios que ha signado el organismo que dirige en un esfuerzo para auxiliar a la población indígena desde lo más elemental, como acceder a un acta de nacimiento y registrar a los recién nacidos, hasta contar con el apoyo de 158 abogados indígenas recién capacitados en el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

 Antonio Carrillo, intérprete traductor de lengua wixarica del sur, agradeció a las instituciones firmantes de los convenios el apoyo otorgado para dicha capacitación y su incorporación al Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas (PANITLI).

Señaló que los 664 intérpretes de 121 lenguas autóctonas que agrupa el Padrón, radicados en 25 entidades, están preparados para asumir los compromisos pactados. “No duden en emplearnos, en solicitar nuestros servicios, pues nosotros también nos sumamos al compromiso que hoy contraen ustedes como instituciones”, afirmó.

 Norma Inés Aguilar León, Cuarta Visitadora General de la CNDH hizo referencia a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que establece la responsabilidad de los Estados de adoptar medidas eficaces para asegurar que los pueblos indígenas puedan usar su lengua originaria en las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas, mediante servicios de interpretación u otros medios adecuados.

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 Puso en relieve el acceso que tendrá la CNDH al Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas, cuyas tareas se enfocan a los ámbitos de procuración, administración e impartición de justicia, salud y servicios públicos, que será de gran valía para el Organismo Nacional, en razón de su labor de atención y trámite de quejas relacionadas con pueblos y comunidades indígenas.

 El Director General del INALI, Javier López Sánchez, consideró que vivir en diversidad es reconocer que nuestra igualdad radica en reconocernos diferentes.

 Puntualizó la importancia de implementar políticas públicas que promuevan el desarrollo con identidad en nuestros pueblos, en el marco de la política intercultural del lenguaje que ha definido el INALI, así como aumentar la conciencia sobre la importancia de la diversidad, del diálogo intercultural y la inclusión en el contexto de la diversidad cultural.

 Apuntó que al reconocerse que en México hay lenguas nacionales, estatus que por primera vez se ha dado a las lenguas indígenas, se habla de un marco jurídico y de un instrumento de política pública para hacer efectivos los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas como un derecho humano.

  Jesús Fuentes Blanco, Presidente del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas señaló la necesidad de reforzar las tareas encaminadas a construir ciudadanía para los pueblos originarios. Indicó que vivir un diálogo intercultural en la diversidad es un valioso recurso para alcanzar los niveles de desarrollo, combatir la pobreza y promover la equidad de género de los indígenas.

En el acto, los titulares de la CNDH, CDI e lNALI entregaron certificados a un grupo representativo de comunidades indígenas de Jalisco, quienes concluyeron su actualización como intérpretes prácticos en materia jurídica.

Con información de la CNDH 

 

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