Una mujer otomí estuvo presa tres años por un delito que no cometió

Una mujer otomí estuvo presa tres años por un delito que no cometió

 

  • PGR debe disculparse públicamente y reparar a la indígena ñhäñhú-otomí Jacinta Francisco Marcial
  • Nada recuperará los tres años que perdió de su vida
  • Después de casi 10 años de que fuera condenada injustamente, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmó que la PGR debe reparar el daño
Jacinta Francisco Marcial
Jacinta Francisco Marcial

 

Después de casi 10 años de que Jacinta Francisco Marcial fuera condenada injustamente en prisión por un delito que no cometió, durante los gobiernos de Acción Nacional en la Presidencia, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmó que la Procuraduría General de la República (PGR) debe reparar el daño, afirma Amnistía Internacional.

 

Jacinta Francisco permaneció más de tres años privada ilegalmente de su libertad, de agosto de 2006 a septiembre de 2009, acusada junto con Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, también de la comunidad otomí, por el presunto secuestro de seis miembros de la Agencia Federal de Investigación (AFI), quienes realizaban un operativo para decomisar mercancía en el tianguis de Amealco, Querétaro.

 

La indígena fue liberada tras la decisión de la PGR de no presentar conclusiones acusatorias en su contra, sin embargo, ésta misma instancia se negó a reconocer su inocencia, señaló Amnistía Internacional.

 

Amnistía Internacional la nombró presa de conciencia a Jacinta Francisco Marcial el 18 de agosto de 2009, condenada injustamente a 21 años de prisión. La organización manifestó que a Jacinta se le negó un juicio justo y fue encarcelada por su situación social marginal de mujer indígena, pobre y con limitado acceso a la justicia.

 

A una década, la justicia administrativa le ordena a la PGR la realización de una disculpa pública por haberla detenido, procesado y condenado ilegalmente por el delito de secuestro que no cometió, ya que una indemnización no resarcía por sí sola el daño ocasionado.

 

En opinión de Amnistía Internacional, la sentencia emitida por el Tribunal Colegiado abre paso formalmente a las víctimas de la actuación irregular de Ministerios Públicos Federales por la vía de responsabilidad administrativa al reconocer la obligación de resarcir los daños ocasionados por la indebida privación de la libertad, incluyendo el daño moral ocasionado en su reputación, vida privada y dignidad al haberse hecho de forma pública ante los medios de comunicación la supuesta responsabilidad de los delitos. “De esta manera, en casos similares se puedan demandar a la PGR la reparación integral por violar sus derechos humanos”.

 

“Esta decisión judicial es inapelable por lo que la PGR está jurídicamente obligada a cumplir lo ordenado, considera Amnistía Internacional. En ese sentido, esa organización exhortó a la PGR a qué través de las instancias competentes, gire las instrucciones necesarias para que una vez que reciba la notificación oficial de la sentencia proceda a cumplirla”.

 

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Amnistía Internacional recordó que aún están pendientes de resolución los casos de las mujeres indígenas ñhäñhús Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, también encarceladas injustamente por los mismos hechos. “Confiamos que tal como sucedió en el caso de la señora Jacinta Francisco, el Poder Judicial de la Federación, confirme la decisión previa y ordene a la PGR la reparación integral del daño incluyendo garantías de satisfacción  como el ofrecimiento de disculpas públicas”.

 

Cuando fue liberada la indígena mexicana ñhäñhú, Kerrie Howard, directora adjunta del Programa Regional para América de Amnistía Internacional, consideró que “el gobierno mexicano finalmente reconoció que nunca hubo evidencia que justificara el juicio y la sentencia de Jacinta a 21 años en prisión por secuestro” .

 

“Jacinta y su familia perdieron tres años de su vida mientras estaba en prisión por un delito que no cometió. Como Jacinta misma nos dijo, nada recuperará los tres años que perdió, pero es vital que los responsables de esta injusticia sean llevados ante la justicia y que ella reciba una compensación adecuada.”

 

Jacinta Francisco Marcial fue liberada por el juez que presidía el nuevo juicio tras una apelación que ganó a principios de 2009. En vista de las graves preocupaciones sobre la investigación y proceso originales, Amnistía Internacional llamó a una revisión completa e imparcial de la investigación sobre los sucesos ocurridos el 26 de marzo de 2006 en Santiago Mexquititlán, Querétaro, incluido el caso contra las otras acusadas, Alberta Alcántara y Teresa Gonzales, quienes, junto con Jacinta, también fueron condenadas por el secuestro de seis agentes federales y esperan un nuevo veredicto tras el nuevo juicio.

 

Amnistía Internacional adoptó a Jacinta Francisco Marcial como presa de conciencia el 18 de agosto de 2009 porque la organización creía que no había evidencia suficiente que respaldara la acusación en su contra y era claro que había sido arrestada, juzgada y condenada únicamente porque era mujer, indígena y vivía en condiciones de pobreza.

 

Jacinta Francisco Marcial, indígena otomí de Santiago Mexquititlán, Querétaro, estuvo detenida en el Centro de Readaptación Social de San José El Alto desde agosto de 2006. Tras ser condenada por el secuestro de seis agentes de la AFI ganó una apelación en 2009. Los agentes de la AFI declararon que Jacinta y otros comerciantes los secuestraron y mantuvieron como rehenes durante un operativo contra vendedores de discos piratas en la plaza de Santiago Mexquititlán en marzo de 2006. De acuerdo con la comunidad, ningún oficial fue detenido y el conflicto entre la AFI y la comunidad se resolvió sin violencia.

 

El 28 mayo 2014 el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), con ocho votos a favor y dos en contra, emitió una sentencia  favorable para Jacinta Francisco Marcial. “Dicha decisión además constituye jurisprudencia obligatoria para todos los tribunales administrativos federales del país”, estimó Amnistía Internacional.

 

El Pleno de la TFJFA ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) reparar el daño material (indemnización por el tiempo que dejó de trabajar) y moral (por haberla acusado y exhibido por un delito que no cometió), así como reconocer públicamente su inocencia. La PGR está obligada a acatar la sentencia en sus términos para cumplir con sus deberes derivados del artículo 1º Constitucional. “Hacerlo de otro modo sería leído como una revictimización contra Jacinta puesto que implicaría negar su incuestionable inocencia”, subrayó esa organización internacional de los derechos humanos.

 

El TFJFA precisó que no se mencionarían los montos de la indemnización para cumplir con lo que indica la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. “El mensaje que envió el Máximo Tribunal en Materia Administrativa del país -opina Amnistía Internacional-  es que la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado posee un mecanismo para que las personas que son fabricadas culpables debido a la irregular actuación de autoridades investigadoras, tengan derecho a exigir al menos una compensación económica y una disculpa pública por las afectaciones que les genera dicha acción por parte del Estado”.

 

Jacinta, junto con Alberta Alcántara y Teresa González fueron adoptadas como presas de conciencia por Amnistía Internacional.

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