Plantea la Constitución de la CDMX una protección integral de las Personas Adultas Mayores
Plantea la Constitución de la CDMX una protección integral de las Personas Adultas Mayores
- Plenos derechos jurídicos, sociales, de salud, educación, vivienda, movilidad, trabajo digno, cultura, derecho al descanso, cuidados paliativos y muerte digna
- Se incluye un sistema de protección contra abusos, maltrato, aislamiento, abandono y tratos degradantes
El anteproyecto de la primera Constitución de la Ciudad de México que será discutida a partir de este mes de septiembre cuando se erija la primera Constituyente de la capital mexicana plantea una protección integral de las personas adultas mayores de la capital con el goce pleno de todos sus derechos.
El documento previo, que ha conocido TE, el Diario de las Personas Adultas Mayores, destaca “que son personas adultas mayores aquellas que tengan sesenta años de edad o más” y plantea “que tienen derecho a una ciudad accesible y segura, a la identidad y personalidad jurídica, a servicios integrales de salud generales y especializados, a la educación y vivienda adecuadas, a la movilidad, al trabajo digno y accesible, a la recreación, a la cultura, a la tecnología, al descanso, a cuidados paliativos, a una muerte digna y a una pensión económica en los términos previstos por la ley”.
Asimismo, asienta que la Ciudad de México establecerá un sistema integral de atención para las personas adultas y las familias sobre el proceso de envejecimiento que valore sus vivencias y conocimientos, prevenga el abuso, abandono, aislamiento, negligencia, maltrato, violencia, y cualquier situación que implique tratos crueles, inhumanas o degradantes o que atenten contra su seguridad e integridad.
La Ciudad de México registra el mayor índice de envejecimiento, alcanza un registro de 50.7 de adultos mayores por cada 100 menores de 15 años. Su número de personas adultas mayores supera el millón, de los cuales unas 530 mil reciben atención de los programas sociales del gobierno de la capital mexicana.
Isalia Nava Bolaños, académica del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM, ha considerado que “esta tendencia creciente tiene importantes diferencias en las entidades federativas, pues mientras el Distrito Federal es la zona con mayor cantidad de adultos mayores, con 9.8 por ciento, en Quintana Roo la cifra representó 3.0 por ciento”, puntualizó
El envejecimiento poblacional es un proceso demográfico que en países emergentes como México avanza de manera acelerada; aumentan los años de vida de los habitantes, pero se suman condiciones de vulnerabilidad como escaso acceso a los servicios de salud, nulo o insuficiente ingreso por jubilación o pensión y dependencia de familiares e instituciones públicas, opina la investigadora universitaria.
Nava Bolaños ha insistido en que responder a las crecientes demandas de los adultos mayores es un desafío que requiere diseñar, desde ahora, políticas públicas que funcionen a mediano y largo plazos.
“En principio, el aumento de la esperanza de vida de la población es un signo positivo, pero implica importantes retos económicos asociados con la infraestructura del sector salud, las pensiones y la capacidad de ese segmento humano para seguir en activo”, añadió la maestra en demografía y doctora en estudios de población.
La investigadora universitaria ha previsto que un estudio del Consejo Nacional de Población (Conapo) indica que para el año 2050, los mexicanos de 65 años y más representarán el 16.2 por ciento de la población.
En el texto del anteproyecto constitucional de la Ciudad de México se plantean además los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad: físicas, mentales, intelectuales y sensoriales a largo plazo con barreras que les impiden una participación social efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás segmentos sociales.
El anteproyecto constitucional también demanda que este grupo de población que supera el medio millón en la Ciudad de México tenga un pleno reconocimiento de su personalidad jurídica en condiciones de igualdad. Y obliga a las autoridades a organizar un sistema de salvaguardias y apoyos que garanticen sus derechos.
Igualmente se refiere a las personas en situación de calle y obligará a las autoridades a establecer mecanismos para su protección y evitar que sean discriminados o perseguidos.
Protección a personas que residen en Instituciones de asistencia social
En el texto se plantea además la protección de las personas que residen en las instituciones de asistencia social. En su letra sobre los Derechos de las personas que residen en instituciones de asistencia social es la siguiente:
“Las personas que residen en instituciones de asistencia social tienen derecho a disfrutar de un entorno seguro, afectivo, comprensivo y libre de violencia; a recibir cuidado y protección contra actos y omisiones que atenten contra su integridad, a una atención integral que les permita lograr su desarrollo físico, cognitivo, efectivo, social, a servicios y calidez por personal capacitado, calificado, apto y suficiente, a una alimentación adecuada; a recibir orientación y educación acorde con su edad.
“Las instituciones de asistencia social garantizarán que sus residentes puedan realizar actividades externas que les permitan un contacto con la comunidad, disfruten de espacios para la participación, el descanso y el esparcimiento y reciban visitas familiares y personas cercanas. Las autoridades garantizarán la protección física, mental, social de las personas que residen en instituciones de asistencia social, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva o a reintegrarse a su vida familiar, asimismo se establecerán las normas y códigos de conducta que garanticen el respeto de los derechos de las personas asistidas.
