La Función Pública investigará si hubo o no conflictos de interés  atribuidos  al presidente Peña Nieto, a su esposa Angélica Rivera y al secretario de Hacienda, Luis Videgaray

Redacción T E

Los Pinos, 3 de febrero.-Después de una mañana de especulaciones en distintos medios de comunicación, impresos, electrónicos y digitales, sobre el contenido del mensaje presidencial convocado para esta mañana, el presidente Enrique Peña Nieto decidió enfrentar el acoso  que  ha padecido desde los últimos meses de 2014 y los primeros días de este 2015 por supuestos conflictos de interés que le atribuyen a él, a su esposa y al secretario de Hacienda, con una investigación que realizará la secretaría de la Función Pública.

Al mismo tiempo, el presidente anunció una serie de medidas encaminadas a desterrar la corrupción de la administración pública federal y transparentar si existen conflictos de interés de los funcionarios públicos de su gobierno.

Después de reafirmar su absoluto compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, el presidente informó que solicitó  a la Secretaría de la Función Pública “que investigue y resuelva si hubo o no conflicto de interés en las obras públicas o contratos otorgados por dependencias Federales a las empresas que celebraron compra-ventas de inmuebles con mi esposa, con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con un servidor”.

Los supuestos conflictos de interés que le atribuyen  al presidente Peña Nieto son la adquisición de una casa en Ixtapan de la Sal;  la casa de la señora Angélica Rivera en Las Lomas y  la del secretario de Hacienda, Luis Videgaray,  en Malinalco.

“No obstante de que en todo momento mi actuar se ha apegado al marco jurídico vigente, en meses pasados se hicieron diversos señalamientos sobre posibles conflictos de interés en mi Gobierno”, dijo el presidente Peña Nieto en un mensaje dirigido a un numeroso grupo de representantes de medios de comunicación reunidos en el salón Manuel Ávila Camacho de la residencia presidencial de Los Pinos,  en el cual anunció que el nuevo titular de la Función Pública es Virgilio Andrade Martínez, un académico del Instituto Técnológico Autónomo de México (ITAM) y de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Andrade Martínez, Licenciado en Derecho por el ITAM; maestro en Administración y Políticas Públicas por la Universidad de Columbia, al inicio de esta Administración, fue nombrado titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, COFEMER, en la Secretaría de Economía. Consejero electoral del Instituto Federal Electoral, IFE, de 2003 a 2010. Otros cargos los ocupó en BANRURAL y  de la Financiera Rural, la Secretaría de Hacienda, en la Secretaría de Gobernación, en PEMEX, en la Oficina de la Presidencia de la República, en las Cámaras de Diputados y de Senadores y en la iniciativa privada como auditor interno de la Empresa PROCESAR.

 A continuación el texto de las ocho acciones   ejecutivas para prevenir la corrupción y evitar los conflictos de interés anunciadas por el Presidente Peña Nieto

 PRIMERA: “A partir de mayo de este año, mes en que por ley todos los servidores públicos entregan la declaración patrimonial, será obligación de los servidores públicos federales, presentar una declaración de posibles conflictos de interés. Esta declaración deberá entregarse al ingresar a cargos públicos federales, actualizarse anualmente o en cualquier momento en que un funcionario considere que pudiera ocurrir un posible conflicto de interés en su responsabilidad. Asimismo, permitirá determinar si existe una posible influencia indebida en las decisiones de los servidores públicos que impida cumplir con las obligaciones de su encargo con objetividad e imparcialidad.

“La declaración contendrá, entre otros elementos, las actividades profesionales del funcionario, su participación en empresas, la existencia de deudas o bienes propios de su cónyuge o dependientes económicos, así como las causas por las que el servidor público considere que pudiera existir un conflicto de interés con relación a las decisiones que tiene a su cargo. Esta declaración de posibles conflictos de interés retoma las mejores prácticas internacionales y su diseño cuenta con el aval de los expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE”.

SEGUNDA: “Dentro de la Secretaría de la Función Pública se creará una Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés. Esta área será responsable de determinar la existencia de conflictos de interés, dictar medidas preventivas, y en su caso, velar para que se apliquen las sanciones correspondientes. La Unidad también deberá articular las actividades de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de cada dependencia o sector de la Administración Pública Federal”.

TERCERA: “Se emitirán reglas de integridad para el ejercicio de la función pública federal, que amplíen y profundicen los actuales códigos de ética y sean acordes con los nuevos retos que enfrentamos en el combate a la corrupción. Se requiere transitar de una mera declaración de principios a un nuevo protocolo formal que norme el comportamiento de los servidores públicos, especialmente de aquellos responsables de las contrataciones públicas”.

CUARTA: “Se establecerán protocolos de contacto entre particulares y los funcionarios responsables de decidir en los procedimientos de contrataciones públicas, licencias, concesiones y permisos. La SFP definirá los lineamientos claros y específicos que deberán seguir los servidores públicos al tratar con los interesados”.

QUINTA: “En complemento a la medida anterior, todas las dependencias y entidades de la Administración  Pública Federal tendrán hasta el mes de abril para identificar y clasificar el nivel de responsabilidad de los servidores públicos que intervengan en esos procedimientos. La SFP deberá integrar un registro de dichos funcionarios y someterlos a una certificación, a efecto de asegurar su honestidad y adecuado desempeño”.

SEXTA: “Se acelerará la operación de la Ventanilla Única Nacional para los trámites y servicios del Gobierno. El día de hoy se publicará el Decreto que permitirá incorporar los trámites federales en formatos digitales, a través del portal de internet www.gob.mx. La Ventanilla Única deberá incluir, gradualmente, los trámites de la Administración Pública Federal más solicitados por la población, siempre que la naturaleza del mismo  lo permita. Esto reducirá espacios posibles o potenciales de corrupción, al eliminar la interacción entre funcionarios federales y los particulares”.

SÉPTIMA: “La lista pública de proveedores sancionados por el Gobierno de la República será más completa y detallada, ya que señalará la causa de su sanción”.

OCTAVA: “Se ampliarán los mecanismos de colaboración con el sector privado en materia de transparencia y combate a la corrupción. La participación activa de los ciudadanos es fundamental para identificar procesos y trámites vulnerables a conflictos de interés o actos de corrupción. Trabajaremos con Cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil con el propósito de suscribir convenios de colaboración y juntos prevenir actos al margen de la ley”.