Urge legislar para evitar las agresiones contra las mujeres

• La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) registró 141 casos de violencia política de género durante 2015 y 2016
• La cultura política en México cuestiona el derecho de las mujeres a ocupar un puesto público; la competencia electoral es acompañada por acoso y violencia de género

De acuerdo con la investigación “Violencia Política”,  presentada por el Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (Coceameg), que preside la diputada Guadalupe González Suástegui, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) registró 141 casos de violencia política de género durante 2015 y 2016, por lo que por lo cual urgió a  legislar para evitar estas agresiones contra las mujeres, y regular los tipos penales a nivel estatal y federal.

 En su documento, el Coceameg, que encabeza la diputada  González Suástegui, del Partido Acción Nacional (PAN),  se explica que en sociedades patriarcales -con altos índices de violencia contra las mujeres-, la competencia electoral es acompañada por acoso y violencia de género, lo que constituye uno de los obstáculos más graves para su participación.

La cultura política en México cuestiona el derecho de las mujeres a ocupar un puesto público, es decir, de toma de decisiones, o de representación popular, ya que existen actos de discriminación, intimidación y agresiones verbales y físicas directas, sobre todo en el ámbito municipal, donde el avance de su participación es mínima.

 A la fecha, si bien se reconoce la igualdad jurídica entre géneros, en el ámbito político se expresa todavía una situación de desigualdad.

 Asimismo, la investigación  refiere que asumir el cuidado del hogar y la familia como una responsabilidad prioritaria tradicional de las mujeres, ocasiona que la mayoría de las que buscan participar en la política, siente la corresponsabilidad individual del cuidado familiar, con toda la presión que ello implica.

 Los partidos políticos aceptan que las mujeres participen en el ámbito público; sin embargo, no consideran medidas para incentivar a los hombres a responsabilizarse de tareas del entorno privado y, además, no se sientan “invadidos” en una esfera que consideraban “propia”.

 Las expresiones de violencia y discriminación por motivos de género en la política contravienen los valores de la democracia; por ello, se requiere delinear medidas que apunten a transformar aspectos profundos en torno a la cultura política hegemónica, a fin de garantizar el fortalecimiento de las mujeres en este rubro, plantea.

 Refiere que el hecho de que las mujeres queden relegadas a participar en actividades políticas poco estratégicas, de menor valía e infravaloradas, se traduce en la imposición de obstáculos y dificultades que les impiden cultivar su liderazgo y desarrollar una carrera ascendente que les permita ocupar, de la misma manera que los hombres, los cargos de poder y de representación.

 A todo ello, agrega, se suma un déficit del modelo de liderazgo femenino en la política; por ello, organismos internacionales y regionales de desarrollo han enfatizado la necesidad de garantizar una “masa crítica” de mujeres, a través de una presencia mínima suficiente (30 por ciento), capaz de incidir de manera efectiva en la definición de la agenda pública y en la adopción de decisiones políticas.

 Estima el estudio que las cuotas de género son necesarias para subsanar la exclusión histórica de las mujeres en la vida política. Sin embargo, aunque hay avances importantes, aún no se visibilizan en todas las legislaciones electorales locales.

 En la investigación, el Coceameg propone establecer mecanismos de denuncia y atención inmediata a situaciones de acoso y violencia política en contra de las mujeres y aprobar medidas legislativas para prevenir, sancionar y erradicar el acoso y violencia contra las mujeres candidatas.

 Además, destaca la investigación, incorporar la violencia política electoral a la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia; documentar las expresiones de violencia contra mujeres para dimensionar el fenómeno y colocarlo en la agenda política y obligar a partidos e instituciones se abstengan de violentar, por acción u omisión, los derechos políticos electorales de las mujeres.