En México, la violencia contra las Mujeres es un problema de gran dimensión

• Es una práctica social ampliamente extendida en todo el país y no se trata de actos aislados, sino de un patrón general
• La senadora Guevara tuvo en alto  riesgo su vida durante la agresión física que sufrió
• En las redes sociales, se desató una rabiosa campaña con su contra
• Se requieren leyes que protejan a las mujeres y castiguen a los perpetradores

La senadora y medallista olímpica Ana Guevara ha sido víctima no solamente del ataque brutal físico que recibió de parte de una banda de golpeadores, también en las llamadas redes sociales que esconden impunidad. La legisladora mexicana es una de cada tres mujeres del mundo que  sufre violencia durante su vida.

Esta vez, la deportista mexicana no sufrió la agresión  a manos de una persona conocida, querida y en la que confía. Esta vez fue por parte de desconocidos tanto las que la agredieron físicamente como las que la agreden rabiosamente en las redes sociales.

Por su tesón y disciplina Ana Guevara, actual senadora por el Partido del Trabajo, fue campeona mundial en 400 metros lisos en el año 2003 y obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Casi la mitad del total mundial de mujeres víctimas de homicidio en 2012 fueron asesinadas por su compañero sentimental o por algún familiar, según la organización de las Naciones Unidas dedicada a las mujeres. Guevara tuvo en alto riesgo su vida. Dijo que volvió a nacer después de la bárbara agresión de que fue víctima por tripular una motocicleta.

En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) considera que la violencia contra las mujeres es un problema de gran dimensión y una práctica social ampliamente extendida en todo el país.  No se trata de actos aislados, sino de un patrón general, destaca ese organismo al calcular que diariamente siete fueron asesinadas, entre 2013 y 2014.

El Inegi señala que  en  entidades como el estado de México, el Distrito Federal, Sonora y Baja California se observan las prevalencias más altas, en todas supera 50 por ciento.

Se trata de “un problema de gran dimensión y una práctica social ampliamente extendida en todo el país, pues 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más, residentes en el país, han experimentado al menos un acto de violencia de cualquier tipo, ya sea emocional, física, sexual, económica, patrimonial y de discriminación laboral, destaca el Inegi en uno de sus informes.

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) condenó la agresión sufrida por la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, ocurrida el pasado domingo 11 de diciembre, en la carretera México -Toluca.”Nos sumamos a la preocupación de la ciudadanía y de las instituciones de la República ante hechos tan reprobables”, manifestó esa institución en un comunicado.

En todos los foros, el INMUJERES ha señalado que la violencia contra las mujeres es una violación al derecho humano de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, un problema de seguridad, de justicia y de salud pública, porque las inhabilita para desplegar sus capacidades, para gozar de su autonomía y para ejercer plenamente otros derechos y su ciudadanía, destacó Inmujeres.

Asimismo,  declaró esa organización institucional de las mujeres mexicanas: “La violencia contra las mujeres es un permanente obstáculo para el desarrollo y la democracia de cualquier país y un compromiso de todas y todos: las familias, las escuelas, las empresas, los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto, para cambiar una cultura que tolera la violencia contra las mujeres y las niñas, y que debe quedar atrás”.

Para la ONU-Mujeres la violencia contra las mujeres y las niñas, que constituye una violación grave de los derechos humanos, arruina vidas, causa enfermedades y provoca un dolor y un sufrimiento incalculables. Además, conlleva altos costos económicos. Un estudio reciente calculó que la violencia infligida por un compañero íntimo representa un gasto del 5,2% de la economía mundial.

La violencia contra las mujeres no sólo conlleva gastos médicos y judiciales directos, sino que también afecta a los presupuestos nacionales y de los hogares por pérdida de ingresos y productividad.

En Viet Nam, por ejemplo, se calculó que el gasto y los ingresos perdidos como consecuencia de la violencia doméstica ascendieron al 1,4% del PIB en 2010.

En el Reino Unido, el costo de la violencia doméstica en 2009, incluidos los gastos relacionados con los servicios, la pérdida de rendimiento económico y los costos humanos y emocionales, sumaron 16.000 millones de libras esterlinas.

La arraigada desigualdad entre mujeres y hombres en cuanto a los roles, los derechos y las oportunidades, junto con las actitudes y las normas sociales que toleran o normalizan esta violencia, han convertido esta situación en un problema constante, aunque evitable.

Para que el fin de la violencia contra las mujeres y las niñas pueda hacerse realidad se requieren leyes que protejan a las mujeres y castiguen a los perpetradores, servicios que ayuden a reconstruir las vidas de las mujeres y medidas de prevención integral de aplicación temprana. Pese a todo, la financiación sólida de las iniciativas destinadas a erradicar esta violencia continúa siendo muy insuficiente.

Este año, en el marco de la iniciativa 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, que se extendió entre el 25 de noviembre (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer ) y el 10 de diciembre (Día de los Derechos Humanos),  el llamado a la acción de la campaña ÚNETE para Poner Fin a la Violencia contra las Mujeres del Secretario General de las Naciones Unidas se presentó bajo el título “Pinta el mundo de naranja: Recauda fondos para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas” con el objetivo de ampliar y solucionar la escasez de fondos.

Cuando las y los líderes mundiales adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2015, reconocieron que el fin de la violencia contra las mujeres y las niñas es un requisito previo indispensable para la consecución de la agenda para el desarrollo.

El ODS relativo a la igualdad de género contiene una meta específica sobre eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación. No obstante, los recursos asignados para este tema no se ajustan a la magnitud del desafío.

No se deben adjudicar recursos suficientes para prevenir y poner fin a la violencia contra las mujeres únicamente porque constituya una obligación jurídica y un imperativo moral, sino también porque se trata de una inversión sólida.

La ley estadounidense de 1994 contra la violencia contemplaba  mil 600 millones de dólares estadounidenses de apoyo programático durante cinco años mediante la imposición de sanciones más fuertes contra los perpetradores y la mejora de los recursos de la policía, los fiscales y los encargados de atender a las víctimas.

Las investigadoras y los investigadores calcularon que se consiguió ahorrar 14 mil 800 millones de dólares estadounidenses reduciendo las pérdidas de bienes directas, las necesidades de atención sanitaria física y psicológica, las actuaciones policiales, los servicios a las víctimas, la pérdida de productividad, la menor calidad de vida y las muertes.

En un estudio multinacional reciente ejecutado en la República Democrática Popular Lao y en Timor-Leste, se observó que el gasto para la prestación de un paquete mínimo de servicios esenciales (a lo largo de tres ejercicios fiscales) para mujeres y niñas víctimas de violencia representó en 2015 el 0,31% del PIB de Timor-Leste y el 0,25% del PIB de la República Democrática Popular Lao,  muy por debajo del costo derivado de la violencia.

Todas las pruebas disponibles indican que las inversiones oportunas y bien integradas, aunque sean a pequeña escala, pueden aportar beneficios enormes para las mujeres y sus comunidades, por ello TE invita a sus lectores a involucrarse en el tema y a realizar donaciones  en apoyo de las iniciativas para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo.