Seis años de un crimen impune

Seis años de un crimen impune

  • El 16 de diciembre de 2010, la defensora de los derechos humanos Marisela Escobedo Ortiz  fue ultimada de un disparo de arma de fuego en la cabeza, cuando exigía justicia frente el Palacio de Gobierno de Chihuahua.
  • En 2016, 552 agresiones a nivel nacional a personas defensoras de derechos humanos.

A seis años de su asesinato, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se solidariza con la familia de la defensora Marisela Escobedo Ortiz, en su exigencia de justicia.

Asimismo, este Organismo Defensor insiste en que es obligación de todos los entes del Estado mexicano proteger los derechos humanos de todas las personas activistas, garantizar su derecho de acceso a la justicia e investigar cualquier agresión, amenaza en su contra, así como toda represalia por su labor.

La Relatoría para la Atención a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la CDHDF registró un total de 552 agresiones a nivel nacional, de enero a noviembre del presente año; de éstas, 67 se perpetraron contra mujeres, 172 contra hombres y 169 contra grupos.

La CDHDF honra la memoria de Marisela Escobedo, quien fue asesinada el 16 de diciembre de 2010 frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, cuando se manifestaba pacíficamente para exigir justicia en el feminicidio de su hija.

La CDHDF siempre ha repudiado todo tipo de violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas que viven y transitan, tanto en la Ciudad de México como en el resto del país.

Asimismo, advierte que continuará vigilante de las acciones que se emprendan con la finalidad de diseñar y ejecutar políticas integrales y con perspectiva de género, para proteger y prevenir violaciones de derechos humanos de las personas defensoras.

En agosto de 2008, la hija de Marisela Escobedo, Rubí Marisol Freyre Escobedo, de 16 años de edad, fue asesinada por su pareja sentimental, Sergio Rafael Barraza Bocanegra, quien confesó la autoría de su crimen. A partir de entonces, Marisela realizó diversas acciones por demás complejas, en busca de justicia.

A partir del 19 de abril de 2010, Marisela Escobedo Ortiz realizó diversas formas de protesta civil pacífica, para que el juez encargado de instruir el juicio oral por el asesinato de su hija, emitiera la sentencia condenatoria contra el culpable.

El 3 de mayo de ese año, sin embargo, la autoridad jurisdiccional dictó sentencia absolutoria por falta de pruebas y ordenó la libertad del inculpado.

El fallo fue revocado en segunda instancia el 21 de mayo de 2010, ordenándose la reaprehensión de Barraza Bocanegra. De manera personal, Marisela Escobedo ubicó al responsable en Fresnillo, Zacatecas, pero no logró que las autoridades responsables lo detuvieran.

El 16 de diciembre de 2010, la activista fue ultimada de un disparo de arma de fuego en la cabeza, cuando exigía justicia frente el Palacio de Gobierno de Chihuahua.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 44/2013, dirigida al entonces Gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, por las violaciones a los derechos humanos a la legalidad, a la seguridad jurídica, al trato digno, a la debida procuración de justicia y al derecho a la verdad, en agravio de Marisela Escobedo y otras tres personas víctimas y ofendidas del delito, derivadas de actos y omisiones atribuidos a servidores públicos de la Fiscalía General de esa entidad.

Lo anterior, en un contexto de impunidad que enfrentan las mujeres en la impartición y procuración de justicia, y de un claro desinterés hacia la investigación de los delitos, que pone en permanente riesgo a las mujeres defensoras.

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