Refrenda la CDHDF su firme compromiso con víctimas del delito

Vigilará que las reformas a la Ley en la materia sean eficaces y cumplan con la exigencia y necesidad de brindar protección a los derechos de las víctimas

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) refrendó su compromiso con las víctimas y sus familiares, y vigilará que las reformas a la Ley en la materia sean eficaces y cumplan con la exigencia y necesidad de brindar protección a los derechos de las víctimas.

Después de que la Cámara de Diputados aprobó las reformas a la Ley General de Víctimas, la CDHDF reconoce los importantes avances que se incorporaron en la materia, pero puntualiza que aún existen pendientes en la protección de los derechos de las personas víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos.

Sin duda, los trabajos legislativos para conjuntar y reestructurar la Ley General de Víctimas permitieron la incorporación de acciones importantes, mencionó la CDHDF, tales como la posibilidad de contar con fondos de emergencia para brindar las medidas de ayuda inmediata o urgentes; la participación de la sociedad civil en la designación del Comisionado Ejecutivo y la facultad de atracción de casos suscitados en entidades carentes de ley propia o en los que tienen pendiente la creación de órganos en la materia.

Igualmente, destacó ese organismo el reconocimiento al principio del Interés Superior de la Niñez; la flexibilización a que las víctimas puedan acudir a instituciones de carácter privado cuando las instituciones públicas no estén en condiciones de brindarles el servicio requerido; el fortalecimiento de las funciones de la Asesoría Jurídica y conservar el Comité Interdisciplinario Evaluador, por mencionar sólo algunos de los avances en la Ley General de Víctimas.

Sin embargo, la CDHDF observó con atención que aún hay pendientes por concretarse, mismos que incluso fueron motivo de reservas por parte de algunas legisladoras y legisladores, como la falta de una definición precisa respecto a lo que se entiende por desplazamiento interno forzado.

Si bien en la Ley se reconoce a estas víctimas, era necesaria una enunciación integral que no permitiera concepciones o interpretaciones discrecionales ni ambiguas al momento de aplicar la normatividad en su favor, destacó la CDHDF.

Este Organismo Público Autónomo consideró también importante e indispensable, que los peritajes solicitados por las víctimas no quedaran limitados sólo a la rendición de los mismos por especialistas nacionales.

Lo anterior, explicó ese organismo, debido a que la ley prevé que sólo cuando no se cuente con especialistas de una materia en específico, podrá invocarse la participación de peritos extranjeros.

Asimismo, señaló que si bien se generaron contrapesos para “la designación del Comisionado Ejecutivo”, gracias a las voces de personas defensoras de derechos humanos, de la sociedad civil y la academia, hubiera sido plausible que la misma sólo quedara en funciones del Senado de la República con participación de la sociedad civil, a fin de propiciar un proceso democrático dotado de transparencia ante la grave crisis por la que atraviesa nuestro país en materia de derechos humanos y la falta de credibilidad en sus instituciones.

Además, la CDHDF también enfatizó la necesidad de incorporar, con base en un enfoque diferencial y especializado, el acceso a los servicios y medidas previstas en la Ley a favor de las personas en situación de víctimas que tienen una discapacidad (colocando el foco en la discapacidad intelectual o psicosocial), debido a que de acuerdo con estándares de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se les debe reconocer como sujetos plenos de derechos y no con visión tutelar.

En este sentido, esta Comisión solicitó, tanto al Senado de la República como a la Cámara de Diputados, fueran consideradas esas observaciones, y si bien algunas de ellas sí se vieron reflejadas, otras no culminaron con el proceso esperado.

También, manifestó que estará atenta a que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) atienda a cabalidad, con prontitud y transparencia sus funciones y sea garante de esta Ley, pues su adecuada operatividad permitirá que en todas las entidades y en la Ciudad de México se implemente un marco normativo en la materia, en el que las víctimas puedan acceder a mecanismos efectivos de protección.