Adolescentes acusados delitos graves han sido víctimas de torturas

 

• Militares, marinos, policías municipales y policías federales los torturan, revela un informe del especial CIESAS y la CNDH sobre Adolescentes: vulnerabilidad y violencia. El objetivo de esa investigación fue visibilizar las condiciones que enfrentan los adolescentes que han sido procesados por delitos graves, y las causas que originaron su reclusión en penales de 17 estados del país

 

Un informe especial sobre Adolescentes: vulnerabilidad y violencia, realizado por el El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), reveló que el 57 por ciento de los adolescentes en condición de reclusión por delitos graves, han sido torturados por militares, marinos, policías municipales y policías federales.

 

Las revelaciones de tortura a los adolescentes fueron hechas durante la investigación efectuada por la CIESAS.

 

El CIESAS es una institución dedicada a la investigación y formación de recursos humanos especializados en los campos de la Antropología Social, la Historia, la Etnohistoria y la Lingüística, a las que se han sumado otras ciencias sociales como la Geografía, la Sociología y la Ciencia Política.

 

Expolicías y exmilitares son quienes entregan al crimen organizado a los adolescentes para incorporarlos a su escalafón como halcones, estacas, tenderos o centrales, destaca ese informe dado a conocer durante una conferencia de prensa encabezada por el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

 

El informe dado a conocer por el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos puso en evidencia las profundas condiciones de vulnerabilidad de los adolescentes de desigualdad y abandono social y que son atrapados por las organizaciones del crimen organizado.

 

No nos cuesta decir que la tortura en México existe, dijo González Pérez durante la presentación de ese Informe, al destacar la urgencia de que en el Congreso se legisle la Ley contra la Tortura y destacar que la impunidad sigue lacerando al país. Advirtió que si no se logra revertir a la impunidad, las conductas delictivas se repiten.

 

La doctora Elena Azaola, responsable del Informe, explicó que el objetivo de esa investigación fue visibilizar las condiciones que enfrentan los adolescentes que han sido procesados por delitos graves, y las causas que originaron su reclusión en penales de 17 estados del país.

 

 

Entre las causas que generan que los adolescentes, hombres y mujeres, ingresen a las filas del crimen organizado o cometan delitos de alto impacto se encuentran provenir de hogares donde los padres se encuentran separados, han tenido parientes en prisión, son hijos de madres solteras, fueron rechazados de las escuelas y sufrieron vejaciones y acoso escolar, bajos niveles de escolaridad, sufrieron abusos sexuales, consumían bebidas embriagantes, condiciones de miseria y que “no le tienen confianza a nadie”.

 

Los adolescentes procesados por delitos graves han sido autores de homicidios, robos, secuestros y usaron armas de fuego. Un 35 por ciento de los adolescentes entrevistados estaban vinculados al crimen organizado y un 27 por ciento a pandillas.

 

El estudio, del universo de 13 mil 327 adolescentes en prisión, de tres mil 700 de ellos, 28 por ciento habían cometido delitos graves. La muestra se enfocó sobre 730 adolescentes procesados por delitos graves. De ellos solamente el 4 por ciento eran mujeres y el 96 por ciento hombres, el 50 por ciento de ellos entre los 14 y 18 años por violencia extrema.

 

Tanto el presidente de la CNDH como el director general del CIESAS y la doctora Azaola hicieron un llamado a la prevención a las instituciones responsables de políticas públicas dirigidas a los jóvenes. Las políticas de seguridad pública deben de estar enfocados hacia los jóvenes.

 

Azaola destacó que esos adolescentes trabajaban de niños antes de los 12 años y fueron tentados por el crimen organizado que les pagaba diez veces más. Esas organizaciones, dijo la responsable de ese informe, conocen más de los adolescentes y las condiciones en que viven, que se debaten en la pobreza y la desigualdad social.

 

La doctora Azaola que en diez años de políticas de seguridad pública no han funcionado y señaló que en los últimos dos años la escalada ha sido de mayor violencia. No tienen éxito mientras no se ocupen de los adolescentes y de los jóvenes.

 

Durante la conferencia se criticó a las instituciones educativas que no han respondido a la problemática que viven estos jóvenes, sobre todo en las zonas urbanas. El 70 por ciento de los jóvenes procesados por delitos graves tenían armas que la misma delincuencia organizada se las proporcionó.