Criminalizan y difaman a las personas defensoras de derechos humanos

Confía la CDHDF en que se cumplan las recomendaciones que el Relator Especial de Naciones Unidas hizo sobre las activistas de derechos humanos en el desempeño de su actividad en la ciudad de México y en nuestro país

La Doctora Perla Gómez Gallardo, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), confía en que las autoridades de todos los ámbitos y niveles acepten y cumplan con las Recomendaciones que les fueron formuladas por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, a fin de lograr una efectiva protección para ellas.

Esta Comisión, dijo Gómez Gallardo,  emprenderá las medidas necesarias para atender las Recomendaciones que se dirigieron a los Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH).

Del 16 al 24 de enero de 2017, el señor Michel Forst, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, realizó una visita oficial a México con el propósito de evaluar el contexto que enfrentan las y los defensores de derechos humanos en el desempeño de su actividad en nuestro país, para lo cual se tiene como marco, los compromisos internacionales que el Estado mexicano ha contraído en esta materia.

Al término de su visita, el señor Michel Forst emitió un informe preliminar en el que se ven reflejados algunos de los planteamientos que la Presidenta de la CDHDF formuló en la reunión de trabajo antes referida.

Entre ellos destacan los efectos negativos de las campañas de difamación a través de medios de comunicación en contra de defensoras y defensores de derechos humanos, así como la importancia de reconocer como defensoras y defensores en esta materia, a quienes trabajan en los OPDH.

Como parte del diálogo que el Relator sostuvo en la Ciudad de México -el pasado 17 de enero-, la Doctora Perla Gómez Gallardo se reunió con él para exponer cuál es la situación en la que se encuentran las defensoras y los defensores en esta Ciudad.

Al respecto, la Presidenta de la CDHDF planteó al Relator que durante 2016, se advirtieron nuevos riesgos en el ejercicio del derecho a defender derechos humanos como pueden ser la criminalización, estigmatización y obstaculización en la labor de las defensoras y defensores de derechos humanos.

En la reunión también se señaló que la criminalización de la protesta social inhibe la libertad de expresión, manifestación y de reunión. Por tal razón, la CDHDF ha insistido en la necesidad de que sean derogados los tipos penales de ultrajes a la autoridad y ataques a la paz pública, ya que su carácter ambiguo y abierto, generan inseguridad jurídica y violentan el principio de legalidad.

Esta Comisión da seguimiento a las propuestas legislativas presentadas el año pasado para que dejen de ser vigentes estos delitos.

Por otra parte, se hizo del conocimiento del Relator el riesgo de que criterios del Poder Judicial de la Federación (especialmente del 7º Tribunal en Materia Administrativa) comprometan el sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos al emitir sentencias que implican dejar sin efectos determinaciones de (OPDH), como pueden ser Acuerdos de Conclusión y Recomendaciones. Lo anterior no sólo contraviene los Principios de París y la Constitución federal, sino también la definitividad de las decisiones de los OPDH.

La Presidenta de la CDHDF también expuso su preocupación de que los Organismos Protectores de Derechos Humanos den prioridad al diseño de estrategias necesarias para que, con independencia de los procesos de renovación de sus titulares, exista certeza de los casos que pudieran representar un riesgo para quienes intervienen en su investigación, tramitación, litigio o conciliación.

En este sentido, Gómez Gallardo propuso que para avanzar en la disminución de los riesgos que las y los servidores públicos de los OPDH pueden enfrentar como resultado de las funciones de protección y defensa de derechos humanos que realizan de manera cotidiana, es necesario visibilizar los posibles riesgos, determinar los alcances de los mecanismos de protección a defensores y periodistas para que se tenga claridad sobre la definición de defensores acorde a los estándares internacionales.

De igual forma, que el Estado mexicano asuma la responsabilidad de salvaguarda y protección que no queda sólo en los limitados recursos que tienen los OPDH y que el propio personal cuente con los mecanismos de atención y las herramientas necesarias para prevenir situaciones de riesgo y en su caso, hacer frente a las emergencias que se deriven del trabajo propio del sistema no jurisdiccional.

En este contexto, la Presidenta de la Comisión compartió las acciones que la CDHDF ha impulsado, entre las que destaca la vinculación con especialistas en análisis de riesgos para que apoyen la elaboración de Protocolos y guías de actuación del personal de este Organismo, ante contextos de riesgo específicos y diferenciados, de conformidad con las atribuciones de cada área.

La Doctora Perla Gómez subrayó que la existencia de Protocolos de actuación en contextos de riesgo debe propiciar el resguardo de la integridad personal de quienes, por las labores propias de su encargo, enfrentan situaciones de vulnerabilidad.

Pero al mismo tiempo debe evidenciar la responsabilidad de quienes, teniendo conocimiento de un potencial riesgo, violentan los mecanismos que los OPDH ofrecen para disminuir la posibilidad de una afectación y no permiten identificar si el riesgo proviene de su función de defensa o del contexto previo o colateral de las actividades de la persona servidora pública de los OPDH.

Cabe destacar que entre las Recomendaciones que dirigió el Relator al Estado mexicano se encuentra la revisión de aquellas leyes que restringen el derecho a la libertad de asociación, expresión y reunión, incluyendo las definiciones ambiguas de delitos como pueden ser los ataques contra la paz pública. Con ello, se reafirma la Recomendación que la CDHDF ha realizado en diversas ocasiones al poder legislativo de la Ciudad de México para la derogación de esos delitos, tema que se planteó en el encuentro de la Presidenta con el Relator.

En ocasión de dicha visita, el Relator Especial se reunió con representantes de diversas secretarías de Estado, gobernadores, instituciones estatales, defensoras y defensores de derechos humanos, entre otros.