Pide la CNDH medidas cautelares para proteger a Emilio Álvarez Icaza

 

• El organismo condena el allanamiento de las oficinas del defensor de los derechos humanos ubicadas en la CDMX

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al gobierno de la Ciudad de México la implementación de medidas cautelares para proteger Emilio Álvarez Icaza, defensor de derechos humanos y a sus oficinas, así como investigar de manera exhaustiva el origen de la agresión y sancionar a los responsables.

 

Este Organismo Nacional tuvo conocimiento del allanamiento cometido en las oficinas del defensor de derechos humanos, ubicadas en la Ciudad de México.

 

De conformidad con la información recabada por la CNDH algunas personas forzaron las puertas de acceso y se introdujeron a las oficinas donde rompieron algunos cajones, aunque no se robaron el equipo de cómputo ni otros aparatos eléctricos que ahí se encontraban, hechos que ya fueron denunciados ante las autoridades de procuración de justicia.

 

Personal de la CNDH sostuvo comunicación con el agraviado a quien ofreció la asesoría y el acompañamiento correspondiente.

 

Ese Organismo Nacional explicó que solicitó a la Secretaría General de Gobierno de la Ciudad de México medidas cautelares para resguardar la seguridad tanto del defensor como de sus oficinas, mismas que deberán implementarse en coordinación con el beneficiario, así como para que se realice una investigación exhaustiva a fin de determinar el origen de la agresión y sancionar a los responsables, para que no haya impunidad.

 

Respecto a las medidas de protección, la CNDH informó que recibió respuesta en la que se mencionó que el defensor se había acogido al Mecanismo federal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por lo que las autoridades de la Ciudad de México colaborarán con el mismo para dar seguimiento puntual a la implementación de las medidas de protección que correspondan.

 

 

La CNDH recordó la Recomendación General 25 “Sobre agravios a personas defensoras de derechos humanos”, la cual señala que “las personas y organizaciones que se dedican a la promoción y defensa de los derechos humanos deben poder desarrollar su trabajo de manera libre y sin ser víctimas de agresiones, por lo que las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben garantizar su seguridad y generar políticas públicas que incidan en un contexto libre de violencia para las y los defensores de derechos humanos.