Tardío perdón por la salvajada de incriminar a tres mujeres indígenas

Tardío perdón por la salvajada de incriminar a tres mujeres indígenas

  • Más de tres años estuvieron en prisión por la canallada de acusarlas falsamente de secuestro y traficar con cocaína.
  • Se contravino el principio de presunción de inocencia en agravio suyo, interfiriendo injustificadamente en su proyecto de vida.

Susana Sánchez.-El 26 de marzo de 2006, un grupo de agentes de la desaparecida AFI (Agencia Federal de Investigaciones) realizó, sin ningún tipo de orden judicial, un cateo en un mercado dominguero  de Santiago Mexquitlán, en el central estado de Querétaro, en busca de discos piratas.

Cinco meses después, con engaños detuvieron a las indígenas Jacinta Francisca Marcial, hñähñú; y Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, otomís. Las acusaron del secuestro de seis fortachones agentes de la AFI y de traficar con cocaína.

El Ministerio Público Federal y un juez,  sin dilación,  las sentenció a 21 años de cárcel por  delitos que jamás cometieron.  Las tres mujeres tenían en su contra ser indígenas, ser pobres y ser mujeres.

Más de una década después de esas arbitrarias detenciones, en el Acto de Reconocimiento de Inocencia y Disculpa Pública,  el procurador general de la República, Raúl Cervantes, reconoció que no hubo el debido proceso en el juicio seguido a las tres mujeres. “Se contravino  el principio de presunción de inocencia en agravio suyo, interfiriendo injustificadamente en su proyecto de vida”, dijo el servidor público federal mexicano.

Ningún organismo gubernamental, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, creado por el entonces presidente Vicente Fox,  ni  ningún   otro organismo federal o estatal se apiadó de ellas. El gobierno del gobernador Francisco Garrido, del mismo origen del presidente Fox, el Partido Acción Nacional, tampoco les dio la cara.

Esa Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas era dirigida en ese entonces por la  comisionada Xóchitl Gálvez, quien se dice  ascendencia otomí, y ahora ocupa el cargo de delegada política en la Delegación Miguel Hidalgo por el PAN, una jurisdicción de la Ciudad de México.

Fabricar delincuentes, sembrarles pruebas que los incriminen es una práctica común de las policías mexicanas. El caso de estas tres mujeres desnudó intrincado y confuso sistema penal mexicano, señalado frecuentemente de corrupto,  que apenas el año pasado inauguró los juicios orales para darle celeridad a la enorme cantidad de procesos pendientes.

En una ceremonia efectuada en el emblemático auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología, ubicado en el bosque de Chapultepec, de la capital mexicana, las autoridades mexicanas encabezadas por el procurador Raúl Cervantes, les pidieron un tardío perdón, irreparable para el dolor, la angustia, las tristezas, el llanto que sufrieron durante más de tres años estas mujeres indígenas.

Había ira en las tres mujeres. Teresa no se contuvo: “nos chingamos al Estado” dijo ante un numeroso público entre quien destacaba la ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, quien durante su gestión tuvo a su cargo la liberación de las mujeres hñähñú y otomíes.

Moderó el periodista Ricardo Rocha, quien le dio seguimiento al caso de las tres mujeres indígenas injustamente detenidas por una policía que dependía de la Procuraduría General de la República.

Raúl Cervantes, quien fuera senador y estrecho colaborador y amigo del presidente Enrique Peña Nieto, tuvo que escuchar los reclamos de otras personas que denunciaron ser víctimas de abusos, impunidades y torturas que ejecutan ahora marinos encargados de la lucha contra los cárteles del crimen organizado.

“No llores te vas a enfermar”, le decían a Jacinta otras reclusas durante su cautiverio. Pero Jacinta lloraba y lloraba, cuando recibía las visitas de sus familiares y cuando la dejaban en un reclusorio del estado de Querétaro.

No había disculpa posible en ese auditorio  frente al terror de Estado que vivieron estas tres mujeres cuando fueron detenidas por los agentes de la PGR con engaños, para después encerrarlas. “Nada más vas a declarar y te regresamos a tu casa”, le decían los policías de la AFI durante las detenciones ocurridas durante el gobierno del conservador Partido Acción Nacional, que en el 2018 pretende gobernar nuevamente.

Estaban presentes en ese auditorio los reclamos de aparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014 en la población de Iguala

La liberación de las tres mujeres indígenas fue un hecho insólito en la justicia mexicana donde los jueces tienen el poder enorme de inculpar y procesar detenidos sin las pruebas suficientes. La defensa de Jacinta, Teresa y Alberta estuvo a cargo del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro, el nombre de un sacerdote ejecutado en la década de los veinte en la época de los enfrentamientos entre el Estado mexicano y la Iglesia católica.

Los medios de comunicación mexicanos no estuvieron a salvo, les dedicaron fotos y notas con la acusación de secuestradoras y traficantes de cocaína. Fueron el instrumento  de incriminación  y linchamiento público de las tres mujeres indígenas que en ese mercado se dedicaban a vender fruta y muñecas de artesanía de la cultura otomí.

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