Todo lo que se mide se puede mejorar

• Los indicadores pueden visibilizar socialmente los problemas para realizar una evaluación de las políticas públicas.
• Realiza la CDHDF el Segundo Congreso Internacional de Indicadores de Derechos Humanos.

El profesor titular de Filosofía del Derecho en la Universitat Jaume I, de España, Doctor Ignacio Aymerich Ojea, señaló  que a través de los indicadores se pueden visibilizar socialmente los problemas para realizar una evaluación de las políticas públicas y medir el impacto de la inflación en ciertas políticas, como elementos importantes para entender la evolución y comportamiento de los derechos humanos en determinados contextos y territorios.

Aymerich Ojea fue uno de los ponentes del Segundo Congreso Internacional de Indicadores de Derechos Humanos, organizado por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en el que participaron personas expertas de Argentina, Costa Rica, Chile, España y México.

Este Segundo Congreso Internacional de Indicadores de Derechos Humanos fue un espacio de análisis y reflexión en torno a la importancia de la generación de indicadores en la materia y su impacto en las obligaciones de los Estados para garantizar los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), a nivel internacional y nacional.

En la CDHDF, sede de este magno evento, la investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, Laura Cecilia Pautassi, señaló que las obligaciones en derechos humanos se encuentran indisolublemente asociadas a las garantías de acceso a la información y participación social, metas que al no haber sido aún alcanzadas por los Estados requieren mayor inversión, lo que se suma al incremento de compromisos financieros y presupuestarios para sostener las políticas sociales.

“La vinculación entre el sistema económico y las políticas sociales es indisoluble y se requiere mayor inversión que dé cuenta del cumplimiento de las obligaciones estatales”, apuntó la experta argentina.

En tanto que el Profesor de la Facultad de Derecho y del Posgrado de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, Maestro Alfonso Chacón Mata, explicó que la evolución de los indicadores como parámetro de justiciabilidad en las Naciones Unidas ha enfrentado retos importantes, pues si bien se contaba con un marco internacional en materia de derechos humanos, no era posible medir su cumplimiento.

Lo anterior en razón, dijo Chacón Mata,  de que, en sus inicios, los Comités no recibían quejas individuales y los Estados partían de que se contaba con la voluntad del cumplimiento de ciertos derechos sociales, pero no tenían los suficientes recursos disponibles.

“Dentro de los retos a enfrentar para la justiciabilidad de estos derechos, a partir de la medición de su cumplimiento, se encuentra la generación de políticas públicas no discriminatorias que permitan el acceso a la información y rendición de cuentas, para la construcción progresiva de la ciudadanía social”, manifestó el jurista.

Las expertas y expertos coincidieron en que el elemento principal para que los indicadores puedan arrojar resultados hacia la correcta planeación y planificación de las políticas públicas, es el contar con fuentes confiables de información que deben ser públicas y accesibles, como una prioridad en la agenda política del Estado en materia social y de protección a los derechos humanos.

En esta jornada se contó con la participación de las directoras socias fundadoras de la consultora ISI Argonauta (España), Paloma García Varela y María del Carmen Borja Segade, integrantes de la RED En Derechos; y de la investigadora del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Maestra Laura Elisa Pérez Gómez.

Asimismo, participaron   la Coordinadora de Información Pública y Estadística del Poder Judicial de la Ciudad de México, Maestra Angélica Rocío Mondragón Pérez;  la Subdirectora de Estandarización de Temas Sociodemográficos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Maestra Rita Velázquez Lerma;  la experta independiente Claudia Ileana Espinosa; y el Director de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (México), Ricardo Sepúlveda Iguíniz.

Durante las actividades del Segundo Congreso Internacional de Indicadores de Derechos Humanos, se contó con la participación de al menos 500 personas, entre quienes se registraron estudiantes llegados de Veracruz, Puebla, Michoacán y del Estado de México, para aclarar sus inquietudes sobre los temas planteados.