La desaparición forzada es un delito de lesa humanidad

 

• Proponen que se incluya como tal en todas las legislaciones, locales o nacional y que incorpore el Principio de Justicia Universal

 

El Coordinador de Posgrado en Derecho en la Universidad de las Américas, Campus Puebla (UDLAP), doctor Ulises Sandal Ramos Koprivitza, se pronunció porque, tal como lo reconoce la Corte Penal Internacional en el Estatuto de Roma en su Artículo 7, Inciso i, que el delito de desaparición forzada sea considerado en toda normatividad, sea local o nacional, como un delito de lesa humanidad.

 

En su ponencia “Desaparición forzada en México: reflexiones sobre el marco normativo”, la necesidad de incorporar en las legislaciones nacional y estatales el Principio de Justicia Universal.

 

En el marco del Segundo Congreso Internacional de Indicadores de Derechos Humanos, convocado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), advirtió sobre una suerte de candados normativos que actualmente impiden que la autoridad o un representante sea juez y parte, al señalársele como perpetrador o coadyuvante del delito de desaparición forzada.

 

Cabe señalar que para los trabajos sobre el Índice Global de Impunidad en México (IGi-Mex) 2017, la UDLAP analiza de manera cuantitativa datos oficiales sobre impunidad, para la edición de este año observará datos sobre el marco normativo relativo al delito a la desaparición forzada en México.

 

Por otra parte, el Profesor-investigador de la División de Estudios Internacionales Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Doctor Alejandro Anaya Muñoz, se refirió en su ponencia a “Un acercamiento a la medición de la capacidad y la voluntad estatal, en el área de los derechos humanos”.

 

Explicó que ambos indicadores se refieren a procesos y en éste, la voluntad es algo difícil de generar en las autoridades, en tanto que las capacidades tiene más que ver con los recursos -materiales como humanos- con que se cuenta para lograr un objetivo.

 

 

Ambos conceptos, pero sobre todo el de la voluntad, no estaban desarrollados en la ciencia política con respecto a los derechos humanos, por lo que hasta donde él ha conceptualizado, considera que el Estado va de bajo a muy bajo en la administración pública para el cumplimento de derechos humanos, por ejemplo en materia de procuración de justicia.

 

El Coordinador de Investigaciones de la Sede Sub-regional para México, Centroamérica, Cuba, República Dominicana y Haití de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Doctor Pablo Enrique Yanes Rizo, se refirió en su ponencia sobre “Indicadores de Derechos Humanos: puntos críticos del debate”, a la necesidad de generar nuevos indicadores para medir y dar seguimiento al ejercicio y cumplimiento de los nuevos derechos reconocidos en la Constitución de la Ciudad de México.

 

Mencionó por ejemplo, que el Derecho a la Ciudad es un Macro Derecho que trajo consigo la materialización de todo un nuevo ordenamiento para la capital del país, así como la observación de los Derechos a la Autodeterminación Personal; a la Buena Administración Pública, a Tener un Gobierno Democrático, al Desarrollo Tecnológico, a la Vida Digna, y al Mínimo Vital, por mencionar algunos.

 

En tanto, la Doctora en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Católica de Lovaina y la Universidad Católica de Bruselas, y Oficial de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Mila Paspalanova, en su ponencia “Experiencias en la construcción de indicadores de derechos humanos en México”, explicó que a partir de 2008 se han desarrollado cientos, quizá miles de indicadores para diferentes derechos.

 

Dijo que en materia de salud, destacan los derechos sexuales y reproductivos, lo mismo que en el tema de justicia, se han desarrollado más de 300, para los que ha sido importante el papel del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

 

El Oficial Senior de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, Doctor Simone Cecchini, en la Conferencia Magistral “Indicadores sobre la realización del derecho a la protección social”, compartió su experiencia en el desarrollo de indicadores en el tema y mostró algunos avances regionales.

 

 

En su interpretación, reconoció que aunque falta mucho aún por hacer, todavía los Estados parte no destinan los recursos adecuados ni suficientes para erradicar la extrema pobreza y no son suficientes para sacar del estado de indigencia a las personas, aunque por lo menos en algunos casos sí han permitido aliviar su situación.

 

En el Segundo Congreso también participaron el profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-México), Doctor Luis Daniel Vázquez Valencia, con la ponencia “Medición de derechos humanos: fractales y proxys”; así como la investigadora y docente del Centro de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, Argentina, Laura Angélica Gottero, quien se refirió, a través de videoconferencia, al tema de la “Producción de información en salud y políticas regionales. Iniciativas de integración de datos epidemiológicos desde una perspectiva de derechos humanos (Mercosur–Unasur)”.

 

El objetivo principal del Segundo Congreso fue ofrecer un espacio para el diálogo e intercambio de metodologías, experiencias y buenas prácticas, desde las diferentes áreas del conocimiento, para estudiar, medir, evaluar, utilizar y fortalecer los indicadores aplicados a temas sociales, permitiendo con ello que instituciones públicas y privadas, de manera colaborativa generen un canal de interlocución que fortalezca las herramientas de medición y evaluación en el cumplimiento de los derechos humanos.