Reproche en Los Pinos: El combate a la impunidad y la corrupción debe ser real

 

  • Los derechos humanos deben ser una prioridad en la agenda nacional: CNDH. Las Fuerzas Armadas deben volver a los cuarteles. La seguridad debe de estar a cargo de instituciones de carácter civil

 

La seguridad vinculada a las personas debe de estar a cargo de instituciones de carácter civil, dijo el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, durante su informe hecho en la residencia presidencial de Los Pinos ante el presidente Enrique Peña Nieto y funcionarios del gabinete de seguridad nacional.

 

Las Fuerzas Armadas deben volver, cuando las condiciones del país así lo permiten, a las funciones que les son propias, pero bajo un programa gradual y verificable, manifestó González Pérez. “El carácter extraordinario de su participación en tareas de seguridad, sobre todo, en su interacción con la población civil, no debe asumirse como algo permanente, ni promoverse que así sea”.

 

La participación de las Fuerzas Armadas en tareas vinculadas a la seguridad de las personas no es lo más deseable, como tampoco lo es la emisión de la ley que se ha planteado, insistió el presidente de la CNDH.

 

González Pérez manifestó que la decisión sobre la conveniencia y necesidad de emitir una Ley de Seguridad Interior, requiere una discusión amplia, plural, informada e incluyente, en la que se aborde integralmente la situación que enfrenta nuestro país.

 

Reiteró que deben asumirse las consecuencias, “tanto positivas como negativas que ha ocasionado la actividad de las Fuerzas Armadas, y que se escuche a la sociedad, a expertos, a académicos, a quienes han sido víctimas de la violencia o de algún abuso de poder, y a los propios miembros de nuestros institutos armados, a efecto de determinar la mejor hoja de ruta para que nuestro país supere esta problemática”.

 

Asimismo, el presidente de la CNDH le dijo al presidente Peña Nieto que lograr que las mexicanas y mexicanos cuenten con un entorno donde sea posible su coexistencia segura y pacífica, donde los derechos humanos no sólo se reconozcan, sino que sean vigentes, debe ser una prioridad en la agenda pública nacional.

 

“Para ello, es necesario que la sociedad perciba señales claras de que la identificación con la causa de los derechos humanos, es real”, indicó González Pérez.

 

 

Para González Pérez el año de 2016 no fue un buen año para los derechos humanos en México. “La corrupción, la impunidad y la falta de una efectiva rendición de cuentas hizo patente la falta ética y valores en diversas autoridades e instituciones”, señaló.

 

Subrayó que el año pasado “se evidenciaron varios casos de servidores públicos que, aprovechando el cargo que desempeñaban, cometieron delitos y abusos, los cuales en su gran mayoría permanecen impunes, generando un entorno donde la simulación, la indiferencia y el encubrimiento parecerían ser la constante”.

 

A continuación por considerarlo de interés difundimos el texto íntegro del discurso del presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez.

 

 

Servidores públicos aprovecharon

sus cargos para cometer delitos

Luis Raúl González Pérez

 

2016 no fue un buen año para los derechos humanos en México. La corrupción, la impunidad y la falta de una efectiva rendición de cuentas hizo patente la falta ética y valores en diversas autoridades e instituciones.

 

Se evidenciaron varios casos de servidores públicos que, aprovechando el cargo que desempeñaban, cometieron delitos y abusos, los cuales en su gran mayoría permanecen impunes, generando un entorno donde la simulación, la indiferencia y el encubrimiento parecerían ser la constante.

 

Ya sea por ineficiencias burocráticas o por insolvencia ética de los servidores públicos, lo cierto es que esta situación ha fortalecido en la sociedad la percepción de que el cumplimiento y aplicación de la ley es algo discrecional y que los contenidos de las normas son objeto de negociación o una vía para concretar intereses particulares.

 

Sin una cultura ética que permee en las instituciones, que haga evidente el compromiso de las autoridades con la legalidad y el respeto a los derechos humanos, difícilmente podremos fortalecer nuestro Estado de Derecho y se seguirán preservando la corrupción y la impunidad dentro de nuestra realidad nacional.

 

A pesar de las voluntades expresadas, las acciones emprendidas y los recursos que se aplicaron, 2016 fue un año en el cual las autoridades Federales, estatales y municipales, algunas de ellas no pudieron garantizar plenamente la vigencia y respeto de los derechos humanos en diversas regiones del país, como consecuencia de la corrupción, la falta de capacitación, coordinación y la debilidad de nuestro Estado de Derecho, que ha permitido la impunidad y fortalecido y la ineficacia administrativa, que las personas advierten y padecen de manera cotidiana. Se ha minado la confianza en las instituciones y la certidumbre sobre la aplicación de la ley.

 

Un año en el que en varias partes de México no hubo condiciones mínimas de seguridad para la convivencia social pacífica.

 

La violencia y las actividades ilícitas generaron fenómenos, tales como el desplazamiento forzado de personas, el ejercicio de la justicia por propia mano y el que se empezara a asumir como parte de nuestra normalidad los homicidios, desapariciones, el recuento de extorsiones, secuestros, robos y otros delitos de los que día a día dieron cuenta los medios de comunicación.

 

Un año en el cual la impunidad, la falta de capacitación, así como la desidia por parte de las instancias competentes, permitió que subsistieran prácticas tan graves como la tortura, las desapariciones forzadas o las ejecuciones arbitrarias, lo cual trajo como consecuencia que el acceso a la verdad y a la justicia sigan siendo una mera aspiración para muchas personas, en particular, para los familiares de los miles de desaparecidos que, ante la falta de respuestas por parte de las distintas autoridades, emprendieron por cuenta propia la búsqueda de sus seres queridos, evidenciando la existencia de un gran número de fosas clandestinas e irregulares, las cuales han delineado una auténtica geografía del dolor y de la indiferencia en nuestro país.

 

Objetivamente, no podemos suponer que las fosas ubicadas hasta el día de hoy, sean la totalidad de las existentes.

Por lo cual, esta Comisión Nacional pide que se escuchen y atiendan con sensibilidad, compromiso y de manera integral las denuncias de los familiares de desaparecidos sobre posibles hallazgos futuros.

 

Del mismo modo, solicitamos que las fosas que se ubiquen sean trabajadas con conocimientos técnicos y científicos especializados, a efecto de que la justicia y la verdad lleguen a quienes fueron enterrados en las mismas y a sus familiares.

 

2016 tampoco fue favorable para los miles de niñas, niños y adolescentes, tanto en México como de otros países, que cruzaron solos nuestro territorio con la intención de ingresar en los Estados Unidos de América, sin que sus derechos hubiesen sido debidamente garantizados.

 

Como consecuencia de la falta de registros confiables al respecto, no podemos saber cuántos de ellos sufrieron algún abuso o ilícito, fueron víctimas de la trata de personas o fueron cooptados por las organizaciones criminales.

 

Éste es un problema que no se ha visibilizado, ni atendido debidamente, el cual demanda acciones urgentes, tales como el establecimiento de un registro y la elaboración de un protocolo interinstitucional, que garantice su integridad, dignidad y derechos, privilegiando el interés superior de la niñez y adolescencia en cada caso.

 

Del mismo modo, pese a contar con una ley de avanzada en materia de niñas, niños y adolescentes, concluimos el año sin poder realizar la armonización legal correspondiente para establecer los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio.

 

Aún existen 10 entidades federativas donde, por vía de dispensas y excepciones, es posible que personas adultas contraigan matrimonio con menores de edad.

 

En 2016 tampoco se registraron mejoras sustantivas en nuestro sistema penitenciario, sobre todo, en el ámbito local.

 

El hacinamiento, el autogobierno y la corrupción son tan sólo algunas de las constantes que, además de imposibilitar la reinserción efectiva de las personas privadas de su libertad, ocasionaron fugas inexplicables y motines en los que la pérdida de vidas puso en evidencia la incapacidad e ineficiencia institucional, así como la falta de aplicación y cumplimiento de la ley.

 

Durante el periodo que se reporta, se hizo dolorosamente claro que, en México el sólo hecho de ser mujer es razón suficiente para sufrir agresiones y violencia que, inclusive, llega a la privación de la vida.

 

Muestra de ello es que en 22 entidades se han iniciado procedimientos de alerta de violencia de género por violencia feminicida, habiéndose declarado en municipios de seis entidades: Chiapas, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León y Veracruz.

 

Este mecanismo tendría que ser revisado para qué, además de evidenciar los hechos que atentan contra la integridad de las mujeres, tuviera mayor eficacia en la protección de las mismas y en la prevención de los ilícitos.

 

El delito de feminicidio aún no está reconocido en todo el país y la violencia por cuestiones de género se presenta de manera cotidiana, sin que se advierta la fortaleza para esas vías para revertir esa tendencia.

 

Incipiente sistema de protección a víctimas

 

Contamos con un incipiente sistema de atención a víctimas, el cual esperamos sea la respuesta para que la atención y reparación que las mismas demandan y merecen pueda ser efectiva, para que dejen de ser revictimizadas por un deficiente diseño institucional y una operación burocrática ineficaz que no obstante contar con una legislación específica, ha minimizado en la práctica la vigencia de sus derechos.

 

Desde el inicio de nuestra gestión, se planteó la necesidad de lograr un esquema de atención efectiva a las víctimas, es decir, buscar que los problemas o las situaciones que motiven que las personas recurran a esta Comisión Nacional se atiendan o se subsanen de la mejor forma y en el menor tiempo posible, por la vía de la conciliación de las partes involucradas, cuestión que está prevista por el Artículo 36 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

 

Esta vía ha demostrado que en los hechos era una opción viable, ejercida en los términos que marca la ley para dar una solución satisfactoria y en el corto plazo a un elevado porcentaje de los casos que conoce esta Comisión Nacional.

 

Durante el periodo que se reporta, frente a un total de nueve mil 408 nuevas quejas registradas, independientes a las que se reciben y se resuelven por orientación, se lograron resolver durante el procedimiento o por la vía conciliatoria cuatro mil 566 expedientes, lo cual representa cerca del 47.2 por ciento del total de expedientes concluidos, que fue de nueve mil 669 quejas.

 

Un año en el cual ser defensor de los derechos humanos o periodista siguió siendo una ocupación de riesgo en nuestro país, muestra de ello son los 13 periodistas que fueron privados de la vida en 2016, tendencia que preocupantemente continúa en el año en curso con los homicidios y agresiones que se han registrado recientemente.

 

Del mismo modo, en diversas ocasiones hubo voces que infundadamente señalaron a las y los defensores de los derechos humanos como responsables de que las autoridades no pudieran cumplir con sus obligaciones, como las relativas a garantizar la seguridad de las personas, llegándose al extremo de promover acciones legales para inhibir sus acciones o acallar sus voces.

 

Las agresiones y crímenes contra periodistas y defensores de los derechos humanos no pueden permanecer impunes. En cada caso, demandamos investigaciones prontas, exhaustivas e integrales.

 

Asimismo, requerimos que las distintas autoridades emprendan campañas en las que se reconozca la importancia de las tareas que los mismos llevan a cabo y se garantice de mejor forma su seguridad e integridad, así como las condiciones necesarias para el desempeño de sus labores.

 

La atención a los problemas de seguridad y justicia que enfrenta el país deben prenderse bajo un enfoque integral que, partiendo de una lógica preventiva más que reactiva, se ocupe del conjunto de factores que generan o propician las actividades delictivas, tales como la pobreza, la exclusión, la falta de oportunidades, así como la carencia de opciones educativas de calidad para la niñez y adolescencia.

 

Del mismo modo, es necesario procurar la recomposición del tejido social, a la par del desarrollo de capacidades y recursos para la efectiva persecución y combate de las actividades ilícitas, con pleno respeto a los derechos humanos.

 

Enfoques parciales sólo producirán soluciones parciales, que no resolverán las cuestiones de fondo.

 

La normalidad en la convivencia social y la defensa de la dignidad humana sólo son posibles cuando hay paz, y para ello es indispensable la seguridad.

 

Sin paz no hay justicia

 

Lo hemos dicho; sin paz, no hay justicia ni condiciones para el desarrollo pleno e integral de las personas.

 

La paz no sólo se opone a la guerra; se opone a la violencia y al recurso de la fuerza, para lo cual es necesario que las normas se cumplan y se apliquen; que las instituciones y autoridades hagan vigentes y preserven los derechos, no que los violenten o permitan que se trasgredan.

 

En este contexto, es preciso reiterar que la existencia de un marco normativo que regule las tareas que con carácter extraordinario llevan a cabo las Fuerzas Armadas desde hace más de 10 años, respecto a la seguridad de las personas, no implica por sí misma la solución a la inseguridad, violencia y falta de acceso a la justicia que nuestro país enfrenta.

 

La participación de las Fuerzas Armadas en tareas vinculadas a la seguridad de las personas no es lo más deseable, como tampoco lo es la emisión de la ley que se ha planteado.

 

La decisión sobre la conveniencia y necesidad de emitir una Ley de Seguridad Interior, requiere una discusión amplia, plural, informada e incluyente, en la que se aborde integralmente la situación que enfrenta nuestro país, las consecuencias, tanto positivas como negativas que ha ocasionado la actividad de las Fuerzas Armadas, y se escuche a la sociedad, a expertos, a académicos, a quienes han sido víctimas de la violencia o de algún abuso de poder, y a los propios miembros de nuestros institutos armados, a efecto de determinar la mejor hoja de ruta para que nuestro país supere esta problemática.

 

La seguridad vinculada a las personas debe de estar a cargo de instituciones de carácter civil. Las Fuerzas Armadas deben volver, cuando las condiciones del país así lo permiten, a las funciones que les son propias, pero bajo un programa gradual y verificable. El carácter extraordinario de su participación en tareas de seguridad, sobre todo, en su interacción con la población civil, no debe asumirse como algo permanente, ni promoverse que así sea.

 

La debida formación y capacitación de policías, la inteligencia financiera, la investigación patrimonial, el abatimiento de la corrupción, la efectiva y real autonomía del Ministerio Público, el combate al tráfico de armas, el replanteamiento de nuestro sistema penitenciario, la modernización y la replanteamiento de nuestros sistemas de inteligencia, así como el énfasis en el carácter preventivo de las políticas públicas en la materia, son tan sólo algunas de las cuestiones que se deberían atender para dar una respuesta más eficaz a nuestros problemas de seguridad y justicia.

 

En caso de que se determine la pertinencia de elaborar una Ley en Materia de Seguridad Interior, necesariamente se debería de tomar como premisa el reconocimiento y respeto a la dignidad de las personas, así como la vigencia del esquema de competencias y atribuciones que, en materia de seguridad pública, contempla el Artículo 21 Constitucional, y lo previsto en el Artículo 89, Fracción VI, de nuestro máximo ordenamiento en lo concerniente a la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.

 

En modo alguno, se debe propiciar que se restringe o limite indebidamente el legítimo ejercicio de derechos, tales como la protesta social, la libertad de expresión o la libertad de tránsito, entre otros.

 

Se daría una muestra clara de empatía con las víctimas y de sensibilidad a los reclamos de la sociedad, si con el mismo interés y empeño con el que actualmente se promueve el proceso legislativo para una Ley de Seguridad Interior, se impulsaran los procesos relativos a la leyes generales sobre desapariciones y tortura, se reconociera la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas para recibir peticiones individuales y se elaborara una Ley sobre Desplazamiento Forzado Interno; cuestiones urgentes que tendrían una repercusión decisiva en la atención de estos temas en nuestro país.

 

Durante 2016, este organismo nacional emitió 72 recomendaciones dirigidas a 55 autoridades, lo cual significó un aumento del 20 por ciento, frente a lo registrado en 2015. Las cinco autoridades que fueron destinatarias de mayor número de recomendaciones durante este periodo, son: El IMSS, en 15 casos; la Secretaría de Marina, siete; la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Seguridad, seis, respectivamente, y la Secretaría de la Defensa Nacional, con cinco recomendaciones.

 

Del conjunto de recomendaciones emitidas en 2016, sólo dos han sido cumplidas en su totalidad; 54 tienen pruebas de cumplimiento parcial y 14 han sido aceptadas sin que se tengan pruebas de su cumplimiento.

 

Los derechos humanos violentados

 

Los derechos humanos violentados, así como las materias sobre las cuales versaron las recomendaciones, fueron diversas, comprendiendo cuestiones que abarcaron, entre otras, desde casos de violencia obstétrica, indebida prestación de servicios médicos, ataques a la libertad de expresión, afectaciones a los derechos de las personas en contexto de migración, vulneración al derecho a la consulta libre e informada de los pueblos indígenas, cuestiones vinculadas al medio ambiente, así como el nivel de vida y desarrollo de las personas, hasta hechos graves que involucraron ejecución arbitraria, desaparición forzada, tortura, uso excesivo de la fuerza o detenciones ilegales. En siete recomendaciones se acreditó la existencia de tortura y en 11 tratos crueles e inhumanos o degradantes.

 

Es de destacarse, la emisión de la Recomendación 4BG 2016 por violaciones graves a los derechos humanos, consistentes en el uso excesivo de la fuerza, que derivó en la ejecución arbitraria de 22 personas y la privación de vida de otras cuatro. La tortura de dos personas detenidas, el trato cruel, inhumano y degradante en perjuicio de una persona detenida, y la manipulación del lugar de los hechos, atribuida a la Policía Federal, con motivo de los hechos ocurridos el 22 de mayo de 2015, en el Rancho de El Sol, Municipio de Tanhuato, Michoacán.

 

Por regla general, todas las recomendaciones que emite este organismo nacional son aceptadas. Sin embargo, las acciones y medidas reales de cumplimiento no se materializan o tardan mucho en concretarse.

 

El que se acepten formalmente las determinaciones de la CNDH, no siempre tiene una incidencia real en que los hechos violatorios a derechos humanos se sancionen y prevengan, ni en que las víctimas accedan a la verdad, justicia y a reparación a la que tienen derecho.

 

Es preciso que los puntos recomendatorios se cumplan a cabalidad, para lo cual es necesario distinguir entre el pretendido cumplimiento que se da a las recomendaciones mediante informes burocráticos que, por su extensión o complejidad, dilatan y distraen la actuación de los organismos de protección de los derechos humanos, proporcionando información incompleta, parcial y no relevante respecto al contenido sustantivo de las recomendaciones, y las acciones pertinentes y medidas efectivas referidas a su cumplimiento real.

 

Esta situación es particularmente grave, en los casos en que los tipos de violaciones a derechos humanos que se acreditaron fueron desaparición forzada, tortura o ejecuciones arbitrarias.

 

La subsistencia y repetición de tales conductas cuestiona el compromiso real de las distintas autoridades con el reconocimiento y respeto de los derechos fundamentales. Su silencio e indiferencia demostrarían una falta de interés en la atención de estas problemáticas, lo cual pondría en duda la voluntad real de que estas prácticas se erradiquen en definitiva de nuestra vida institucional y social.

 

Los años transcurren, y los avances efectivos y concretos que nuestro país presenta en la atención de estos temas, son menores.

 

En los casos vinculados a estas conductas, no puede haber olvido, ni permitirse el silencio. La falta de acción de las autoridades, contribuye a preservar estas prácticas, fortalece la impunidad, aumenta el desamparo y sufrimiento de las víctimas y de sus familiares ante la injusticia, el atropello y el abuso de poder.

 

Los llamados de la CNDH, con frecuencia, no se atienden efectivamente, siendo contraproducente que se espere hasta que alguna instancia internacional reitere lo que ya se había señalado para que se empiece a actuar o se exprese interés en algún tema, como podría ser el caso Iguala o respecto de los defensores civiles.

 

El costo para el Estado, de no atender oportunamente los llamados de los organismos de derechos humanos, es muy alto; su prestigio y compromiso a nivel internacional con la causa de la dignidad humana queda en entredicho. El silencio, la inacción, la indiferencia, propician la impunidad de aquellos que violentaron de manera directa los derechos de las personas.

 

Durante 2016, esta Comisión Nacional ejerció sus atribuciones en este contexto. Las demás cifras y datos pormenorizados relativos a la actividad de la CNDH durante este periodo, constan en el informe de actividades del que haré entrega al concluir mi intervención, y que puede ser consultado en la página web de este organismo nacional.

 

Señor Presidente:

 

Lograr que las mexicanas y mexicanos cuenten con un entorno donde sea posible su coexistencia segura y pacífica, donde los derechos humanos no sólo se reconozcan, sino que sean vigentes, debe ser una prioridad en la agenda pública nacional.

Para ello, es necesario que la sociedad perciba señales claras de que la identificación con la causa de los derechos humanos, es real.

 

Durante 2016, desde el Ejecutivo Federal, se dieron muestras claras de este compromiso y convicción, con acciones tales como la promoción de una iniciativa de Ley en Materia de Matrimonio Igualitario y la inédita disculpa pública que, desde el instituto armado, se formuló respecto de la conducta de algunos de sus elementos que incurrieron en violaciones a los derechos humanos.

 

Este impulso y compromiso, es la ruta que debe guiar la actuación cotidiana de las autoridades en favor del reconocimiento, defensa y promoción de los derechos fundamentales.

 

En razón de ello, es preciso que, a la brevedad, se dé cumplimiento total a las recomendaciones emitidas por esta Comisión Nacional, así como por los organismos internacionales en la materia. Esta solicitud la hago, de igual forma, extensiva a todos los Gobiernos locales y municipales; es decir, estos llamados tienen que ver en mucho con los Gobiernos locales.

 

A este escenario se ha sumado la existencia de un entorno internacional complejo, derivado del cambio de la titularidad del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos de América. Una circunstancia geopolítica que altera el escenario mundial de los derechos humanos, afectando especialmente a nuestro país.

 

Desde la perspectiva de los derechos humanos, es un factor de preocupación y alerta el que las políticas de la nación vecina del Norte se estén sustentando en un discurso de odio, que se ensaña con los grupos en mayor situación de vulnerabilidad de nuestro tiempo: los migrantes y refugiados, toda vez que, desde las más altas esferas del poder, se promueve un rechazo extremadamente violento en su contra. En realidad, se está cuestionando y desafiando la vigencia misma y la utilidad de los sistemas regionales y universal de derechos humanos, lo cual hace que sus repercusiones tengan un alcance global.

 

No es una cuestión incipiente. Es una realidad que ya afecta a muchos connacionales que, al tener una situación migratoria irregular, día a día sufren las consecuencias de ese discurso que promueve y legitima formas de rechazo y discriminación, las cuales se hacen presentes cada vez con mayor fuerza en las calles, colegios, lugares de trabajo y en las redes sociales de los Estados Unidos.

 

Ante ello, requerimos comprometernos con una ética de la coherencia, conforme a la cual la civilidad, el trato digno, la apertura de inclusión que exigimos hacia el exterior, debemos materializarla al interior de nuestro país. Esto exige congruencia y compromiso.

 

Ante las amenazas y la persecución que se ha anunciado, este compromiso implica, además, que tengamos empatía, sensibilidad, y seamos solidarios con el dolor y el sufrimiento de las personas que en estos momentos viven condiciones al miedo, reducidas a la marginalidad y con la incertidumbre de un futuro en el que sólo se vislumbran más problemas.

 

Si bien es cierto que se ha expresado de manera reiterada la intención de apoyar a nuestros compatriotas en los Estados Unidos y se han emprendido diversas acciones. Incluso, la CNDH ha estado trabajando con los Consulados, de protección, lo cierto es que cualquier acción resulta insuficiente; su espectro debe ser amplio atendiendo el alcance y repercusión que puedan tener las políticas migratorias que se adopten.

 

Se deben utilizar los foros y mecanismos internacionales para denunciar y defender de la manera más enérgica los derechos e intereses de México y de nuestros connacionales. Además, es necesario prever condiciones dignas y adecuadas para la reinserción en nuestro país de aquellas personas que sean deportadas, lo cual implica el enorme reto de intentar ofrecer a quienes regresen, las condiciones de vida y desarrollo con las que en su momento no contaron y que propiciaron que migraran en busca de un mejor futuro.

Del mismo modo, ante la eventualidad de que un gran número de personas de nacionalidades diversas que buscan migrar a los Estados Unidos por la frontera con México, no puedan acceder al mismo como consecuencia del endurecimiento de las políticas migratoria y, en consecuencia, se vean forzadas a permanecer en nuestro país, es preciso prever medidas para su estancia, tratamiento y eventual repatriación.

 

Asimismo, es necesario contemplar la posibilidad de que migrantes en tránsito decidan buscar su residencia definitiva en nuestro país. Estas situaciones pueden rebasar nuestras capacidades y recursos, por lo que la prevención se vuelve prioritaria para evitar que se genere un entorno crítico que conlleve a que se vulnere la dignidad y derecho de las personas.

 

Quiero, finalmente, exponer breves reflexiones.

 

Es la hora de un cambio ético en la vida institucional y pública de nuestro país. Este cambio, debe pasar, necesariamente, por ubicar efectivamente los derechos humanos como eje y parámetro de toda política pública, por generar una debida cultura de la legalidad conforme a la cual, el cumplimiento y aplicación de la ley se vuelve una premisa irrenunciable. Por emprender un combate real, no sólo formal, a la impunidad, a la corrupción y a todo lo que ello implica.

 

Las autoridades deben asumir la esencia del poder

 

Es preciso que todas las autoridades asuman que la esencia del poder es servir y no servirse de él, hacer y no decidir qué se hace, gobernar con integridad, con responsabilidad, consciencia y un profundo sentido de solidaridad y compromiso con nuestro país, su sociedad y sus mejores causas a intereses. Actuar con la convicción de que el desarrollo y transcendencia de nuestra Nación debe partir del respeto, desarrollo y realización de las personas.

 

Es tiempo para reencauzar la vida nacional por un camino de la rectitud moral, legal y política, que ponga por delante los valores de la civilidad y la responsabilidad.

 

Requerimos que los códigos de ética con los cuentan la mayoría de las instituciones, se revisen, actualicen y sean parte de una capacitación obligatoria para todo servidor público, sujeto a evaluación, a efecto de que su contenido forme parte del trabajo cotidiano de la misma. El cumplimiento de la ley, debe ir aparejado con el comportamiento ético y ejemplar de los servidores públicos.

 

Estas acciones, contribuirán a lograr aquello que hace más de 25 años señaló el doctor Jorge Carpizo, primer Ombudsman nacional, y de quien el día de ayer se cumplieron cinco años de su prematura e inesperada partida.

 

Cito. Decía: incrementar la calidad de vida del mexicano para asegurarle los bienes más valiosos que tiene: la vida, la libertad, la dignidad y la seguridad jurídica. Todo lo que se haga al respecto será siempre insuficiente y, en su realización, hay que poner lo mejor que tengamos con una verdadera entrega y convicción. Hasta ahí, la cita.

 

Si actuamos con responsabilidad y asumimos el compromiso que tenemos frente a México y su sociedad para consolidar una cultura de reconocimiento, respeto y defensa de la dignidad humana, estoy convencido que 2017 será el año de los derechos humanos en nuestro país.

 

Hago votos por ello.