México dejó en suspenso ratificar la Convención sobre adultos mayores

 

• Otorgaría un piso para garantizar dignidad y cuidados a las personas de más de 60 años, recomienda experta de la CEPAL
• El tiempo se agota para tener una vejez digna: Wertman Zaslav

 

Especial para TE.- Con un llamado a México a ratificar la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, aprobado por la Organización de Estados Americanos (OEA) concluyó el Foro “Los Derechos de los Adultos Mayores: Políticas Públicas Integrales para una Nueva Realidad en el País”, organizado por el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México.

 

En el Salón Frida Khalo, de un hotel capitalino, Sandra Huenchuán Navarro, especialista de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), destacó que la firma de esta Convención otorgaría un piso para garantizar dignidad y cuidados a las personas adultas mayores.

 

Ese tema de la ratificación pendiente por parte de nuestro país afloró en primer plano durante el Foro “Los Derechos de los Adultos Mayores: Políticas Públicas Integrales para una Nueva Realidad en el País”, organizado por el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México que preside Luis Wertman Zaslav.

 

Al clausurar los trabajos del Foro, Luis Wertman Zaslav advirtió de la importancia de trabajar en el tema de los adultos mayores, de la relevancia de abrir la discusión al respecto, porque el tiempo se agota para generar las condiciones necesarias que nos permitan, como sociedad, tener una vejez digna para todos sus integrantes.

 

El presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México destacó la vulnerabilidad de las personas adultas mayores. Señaló la necesidad de trabajar por la seguridad de las personas adultas mayores, ya que el primer delito que sufren es la extorsión telefónica, derivado de la vulnerabilidad ante las diversas modalidades de engaño que manejan estos delincuentes.

 

 

En segundo lugar, agregó Wertman Zaslav, se encuentran los delitos que sufren en el entorno familiar, como el despojo o la violencia física y emocional.

 

El gobierno mexicano y el Senado de la República mantienen en suspenso desde hace casi dos años la ratificación de esa Convención aprobada en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) en junio de 2015.

 

El proceso de consulta sobre esa ratificación ha sido demasiado lento y hasta ahora infructuoso por parte del Estado mexicano. Tiene que pasar las estrechas y opacas puertas de seguridad de diversas instancias federales de salud, seguridad, sociales y políticas, antes de la ratificación en el Senado de la República.

 

En consultas hechas anteriormente por TE, el Diario de la Tercera Edad, en instancias gubernamentales, se asegura que esa ratificación se analiza en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado, pero sin ningún apremio hasta hoy para llevar un último paso que obligaría al gobierno mexicano a cumplir con los términos de esa Convención Interamericana.

 

La Convención establece un serie de definiciones y alcance de los derechos de las personas mayores, también define principios convencionales como la promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona adulta mayor, su valorización, su papel en la sociedad y contribución al desarrollo, su dignidad, independencia, protagonismo y autonomía, así como la igualdad y no discriminación.

 

 

La CDMX, pionera en los derechos de Adultos Mayores

 

En ese Foro se puso énfasis en la política pública avanzada en los derechos humanos de las personas adultas mayores en la Ciudad de México, desde fines del siglo pasado, mientras en el resto del país, la  mayoría de los estados están anclados en la dispersión de legislaciones obsoletas sobre la atención a las personas adultas mayores.

 

Hace apenas unos días, en la Facultad de Economía, el maestro Rolando Cordera, advirtió del negro futuro que depara a los jóvenes adultos mexicanos de hoy y personas adultas mayores del futuro, cuando el país mantiene hasta ahora un bajo crecimiento que no responde a la demografía nacional.

 

Para el economista Rolando Cordera los jóvenes adultos mexicanos de hoy, están condenados a ser personas adultas mayores pobres en un país de pobreza.

 

Sandra Huenchan, una experta latinoamericana en el espinoso tema del envejecimiento de la población, citó en el Foro convocado por el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, que solamente cuatro países han ratificado esa Convención: Uruguay, Costa Rica, Bolivia y Chile.

 

En esos países, las organizaciones civiles han tenido un papel preponderante en la ratificación, a diferencia de nuestro país, donde esa ratificación queda a la suerte de instancias burocráticas y legislativas.

 

México, cuyo liderazgo en América Latina está desgastado desde hace décadas, mantiene en la incertidumbre esa ratificación. Los procesos electorales que se avecinan a nivel local, pueden ser un impedimento cuando uno de los aspirantes presidenciales tiene como bandera duplicar las pensiones a las personas adultas mayores en todo el país.

 

Esa indecisión de México para la ratificación de esa Convención, que de firmarla quedaría obligado a acatarla, tiene más visos políticos que económicos, dado que las personas adultas mayores que representan unos 15 millones en el país, son una fuerza comicial imperativa en cualquier contienda por cargos públicos, entre ellos el de la Presidencia de la República, que Andrés Manuel López Obrador, uno de los aspirantes presidenciales para los comicios de 2018, trata de aprovechar y capitalizar.

 

La capital mexicana, como se manifestó en ese Foro del Consejo Ciudadano, en la voz de Rigoberto Ávila Ordoñez, director general del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores de la Ciudad de México, está a la cabeza de las políticas públicas dirigidas a las personas adultas mayores, que en la capital mexicana representan entre el 14 y 15 por ciento de la población, casi tres millones de los ocho millones 918 mil habitantes de la CDMX.

 

Uno de esos avances más notorios en la capital mexicana es la Tarjeta de Pensión Alimentaria que reciben 520 mil personas adultas mayores de más de 68 años.

 

En el caso del gobierno de la Ciudad de México esta pensión alimentaria, por mil 72 pesos mensuales, tiene un carácter universal, mientras la del gobierno federal es excluyente ya que solamente se aplica a personas de 65 años y más que no rebasen una pensión superior a 1,092 pesos mensuales, (580 pesos mensuales, con entregas de 1,160 pesos cada dos meses)

 

Otro de esos avances es la atención a la salud. Dos centros de atención a personas adultas mayores con alzheimer en la capital, son un ejemplo de las políticas de vanguardia en la Ciudad de México en comparación con lo que no se hace en el resto del país.

 

Ávila Ordóñez, expuso que el envejecimiento debe ser un proceso digno y activo, con políticas que reconozcan estos valores y que en la ciudad se comenzaron desde hace 3 lustros y han mejorado, como son la pensión alimentaria, apoyos a la salud, a su movilidad, entre otros, y ahora quedaban plasmados en la Constitución.

 

La reciente Constitución de la Ciudad de México, que incorpora derechos de la vejez y que trata de apabullar y echar abajo el gobierno federal con una controversia constitucional presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un indicador de lo que puede estar en el fondo de la tardía ratificación de una Convención que le corresponde hacer al gobierno federal mexicano y su Senado de la República, para que entre en vigencia.

 

 

Ratificarla, en opinión de TE, el Diario de la Tercera Edad, al margen de las diferencias políticas abonaría pasos adelantados al tema del envejecimiento en el país, que no termina de abordarse con una mirada de largo aliento y alcance que prevenga conflictos sociales que se deriven de una población envejecida en condiciones de exclusión y pobreza.

 

La especialista de la Comisión Económica para América Latina puso énfasis en ese Foro en que la Convención representa una base para comenzar a trabajar en políticas públicas que trabajen en contra de la discriminación y violación de derechos de las personas adultas mayores.

 

Para la experta de la CEPAL esa base de políticas públicas permitirá atender algunos de estos problemas de manera inmediata pero también preparar a las nuevas generaciones para no sufrir estos fenómenos que hoy padecen quienes nacieron en la década de los 50 del siglo pasado.

 

Huenchuán Navarro citó como ejemplo de la discriminación, el hecho de que antes los adultos mayores eran considerados fuente de sabiduría, pero con el cambio tecnológico para la obtención del conocimiento han sido desplazados de esta función y hoy son menos valorados.

 

Además, subrayó, otro ejemplo es que siempre se caracterizan por sus carencias y no por sus fortalezas, como la experiencia.

 

De ahí que la experta de la CEPAL insistió en la importancia de suscribir el Convenio y trabajar en políticas públicas para cambiar esta realidad.

 

En la sesión de apertura de ese Foro, la senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del Senado de la República, destacó que la pirámide poblacional en México, que hoy es de jóvenes en su base, comienza a revertirse y es necesario comenzar a proveer los mecanismos que satisfagan las necesidades de la población de adultos mayores, como en salud y movilidad, para lo cual es importante trabajar en equipo y evitar las parálisis legislativas.

 

 

En tanto, el diputado Luis Fernando Mesta Soule, presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, recalcó la necesidad de armonizar leyes, reglamentos y programas trabajo para los adultos mayores, ante el hecho de que en 2030 sumarán 20 millones de personas, 15 por ciento del total en el país, por lo que por primera vez habrá más gente de 60 años en adelante que menores de 5 años.

 

En su oportunidad, la diputada local Elizabeth Mateos Hernández, presidenta de la Comisión de Grupos Prioritarios y Vulnerables de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, expresó que los adultos mayores son un grupo vulnerable y prioritario en la Ciudad de México, así plasmado en su Constitución y en las acciones de gobierno por lo que existe un acompañamiento integral de vanguardia en el país y a nivel internacional para su atención.

 

Durante el panel de “Acciones y políticas en México a favor de los Adultos Mayores”, el director de Programas Estatales del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), Joel Climaco Toledo, destacó que en el país se comienza a generar información útil para eficientar los programas locales, nacionales y estatales a favor de los adultos mayores, ya que solo hay 179 programas de 6 mil que atienden el tema social dirigidos específicamente a este sector de la sociedad.

 

A su vez, Patricia Rebolledo Rebolledo, directora de la organización civil especializada en adultos mayores, Un Granito de Arena A.C., expuso la necesidad de atender la infraestructura pública y privada para la atención de los adultos mayores, sobre todo porque existen en el país cientos de asilos o casas de día “patito”, que no cumplen las regulaciones ni los estándares de atención.