Se agrava la pobreza en las personas adultas mayores
Se agrava la pobreza en las personas adultas mayores
- Afecta más a las mujeres mayores de 65 años
- La cifra aumenta a 75.5% de mujeres indígenas mayores de 65 años
- El rezago educativo entre las personas adultas mayores fue de 60.7%
- El 86.3% de las personas mayores de 65 años de edad no encuentran trabajo.
El Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2016 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) destaca que la pobreza en los adultos mayores se agrava a partir de la acumulación de desventajas.
Mientras el porcentaje de población mayor de 65 años en pobreza es de 45.9; al diferenciar entre hombres y mujeres de la misma edad 46.3% de las mujeres mayores de 65 años se encuentra en esta situación.
Si aunado a lo anterior se agrega un componente étnico, la cifra aumenta a 75.5% de mujeres indígenas mayores de 65 años en condición de pobreza, señala el Coneval.
Asimismo, destaca que el rezago educativo entre las personas de la tercera edad sigue siendo significativo, pues mientras entre la población menor de 65 años el rezago fue de 15.2%, entre los adultos mayores fue de 60.7% en 2014.
Por otra parte, ese informe destaca que mientras 83% de las personas entre 15 y 64 años manifestaron dificultad en obtener ayuda para conseguir trabajo, la cifra aumenta a 86.3% entre las personas mayores de 65 años de edad.
Por su importancia damos a conocer el texto del comunicado de ese organismo:
El Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2016 destaca la importancia que para la política pública, en los últimos años, han tenido los indicadores de pobreza que señala la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), ya que permiten plantear un objetivo claro, medible y común.
Desde hace cinco años tanto el Gobierno Federal como diversos gobiernos locales han tomado la medición multidimensional de la pobreza que señala la LGDS, como elemento central de la política social.
El hecho de que la medición de la pobreza incluya los siguientes indicadores: ingreso de los hogares, rezago educativo, carencia por acceso a los servicios de salud, de seguridad social, carencia en la calidad y los servicios de la vivienda, así como carencia alimentaria, ha favorecido la generación de estrategias de coordinación de la política social, aun entre gobiernos de partidos políticos distintos, entre ellas se encuentran:
- a) La modificación de la Ley de Coordinación Fiscal para redireccionar el uso de recursos del FAIS;
- b) la Estrategia Nacional de Inclusión Social, y
- c) la reagrupación de programas presupuestales para priorizar el presupuesto de programas con una contribución directa a alguno de los indicadores de carencia considerados en la medición de la pobreza.
Lo anterior ha contribuido a que las carencias sociales se hayan reducido, al menos hasta 2015, e incluso que el poder adquisitivo del ingreso haya aumentado, al menos hasta 2016. Entre 2014 y 2015 las carencias que más disminuyeron fueron: la carencia de acceso a la seguridad social, que bajó de 58.5 a 56.6 por ciento; la carencia por alimentación, que bajó de 23.4 a 21.7 por ciento y la carencia de servicios de salud, que cayó de 18.2 a 16.9 por ciento.
No obstante el reconocimiento de estas estrategias y el avance que han significado en materia de política pública, este Informe señala que aún existe camino por recorrer para lograr que el desarrollo social sea más amplio que sólo el abatimiento de la pobreza.
El Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2016 enfatiza que diversos grupos vulnerables siguen necesitando políticas públicas más amplias que consideren sus particularidades para que puedan contar con oportunidades económicas, políticas y sociales similares a las de otros grupos que han tenido históricamente mayores privilegios. Destacan algunos hechos para ejemplificar lo anterior:
En 2014, 7 de cada 10 personas indígenas se encontraban en pobreza y de éstas, 3 de cada 10 se encontraban en pobreza extrema. En contraparte, en la población de hombres no indígenas entre 21 y 55 años, la pobreza es de sólo 38.9%.
Solamente 31.6% de las mujeres ha contribuido alguna vez a la seguridad social, mientras que en los hombres este porcentaje asciende a 47.2.
Si bien la participación de mujeres en la Cámara de Diputados federal es ahora de aproximadamente 41.4%, hay congresos estatales con un gran rezago: Querétaro 8.0%, Coahuila 12%, Nuevo León 14%, Puebla 14.6%, Durango 16%, Estado de México 17%, Sinaloa 17.5%, SLP 18%, Tlaxcala 18.8%, Guanajuato y Guerrero con 19%.
La situación de pobreza empeora en el caso de jóvenes indígenas, en 2014 72.8% eran pobres, mientras solamente 44.1% de jóvenes no indígenas se encontraron en esta condición.
Estos ejemplos muestran que la política social debe tener elementos más amplios que la mera reducción de pobreza para generar una sociedad de igualdad de oportunidades.
El Informe destaca también que otros retos importantes de la estrategia actual de política social tienen que ver con mantener y mejorar aún más la coordinación y la generación de instrumentos de información.
Si bien la coordinación ha mejorado a partir de tener un indicador común bien establecido, todavía existen algunos retos. Ejemplo de lo anterior es la persistencia de un gran número de programas (5,491) federales, estatales y municipales, lo cual implica mayores gastos de operación en los tres órdenes de gobierno. Asimismo, se observan diversos programas presupuestarios similares al no existir mecanismos suficientes a través de los cuales se comparta información precisa sobre los beneficiarios y los objetivos para tomar mejores decisiones sobre los recursos públicos. A pesar de los avances en la coordinación de la estrategia, se requiere que ésta se mantenga hacia el final del gobierno.
La Sedesol ha estado generando información para relacionar mejor los apoyos que se otorgan con la población que los recibe. Se requiere sin embargo, la construcción efectiva y transparente de padrones y sistemas de información que promuevan la acción pública. En el caso de la Cartilla Social, se advierte que el instrumento debe pasar por un proceso de evaluación y auditoría social para generar mayor certidumbre entre todos los actores.
