Matan a una madre que logró la detención del asesino de su hija

 

• Indignación por el homicidio de Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez del Colectivo de Familiares de Desaparecidos en San Fernando, Tamaulipas
• Descubrió en una fosa común los restos de su hija que había sido secuestrada
• El gobierno incumplió su obligación de protegerla. La CNDH y la ONU condenan el crimen de la activista

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU expresaron su indignación por el homicidio de Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, representante del Colectivo de Familiares de Desaparecidos en San Fernando, Tamaulipas, ocurrido el 10 de mayo, en la celebración del Día de las Madres.

 

Asimismo, la CNDH demandó de las autoridades de esa entidad federativa la investigación profesional, pronta y exhaustiva del caso, para dar con los responsables y que respondan ante la justicia a fin de evitar la impunidad de este nuevo crimen de una defensora de derechos humanos, en tanto que la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) nuevamente hizo un llamado al gobierno mexicano para garantizar la protección de las víctimas en riesgo de agresión y sus familias, “máxime para quienes han solicitado al Estado el cumplimiento de dicho deber”.

 

Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez había denunciado que recibía amenazas de muerte, por eso pidió protección a las autoridades. Sin embargo, se la negaron. Únicamente esa protección se limitó a rondines policiacos tres veces al día por su casa. La noche del miércoles 10 de mayo fue asesinada a tiros por un grupo armado.

 

En 2014, la señora Rodríguez Martínez había logrado encontrar los restos de su hija Karen Alejandra, una menor de edad, en una fosa clandestina en San Fernando, Tamaulipas. Había sido secuestrada.

 

Lo que no hicieron las autoridades de Tamaulipas, lo hizo Miriam. Localizó a uno asesinos de su hija, quien resultó ser miembro del cártel de Los Zetas, y fue detenido posteriormente.

 

Tras la fuga de 29 reos de un penal de Tamaulipas, la señora Miriam solicitó la protección de la Procuraduría de Tamaulipas y al propio gobernador. Su esposo Guillermo Gutiérrez Riestra dijo a una cadena de noticias que su esposa en una audiencia pública donde estaba una subsecretaría del gobierno de Tamaulipas, denunció que “no había recibido protección”.

 

Explicó que Miriam le expresó su temor que los secuestradores de su hija hubieran escapado del penal y la buscaran para matarla. “Ella estaba ante un doble riesgo, y la autoridad debía protegerla”, denunció Gutiérrez Rastra.

 

Según la Procuraduría de Tamaulipas, Miriam Rodríguez pidió protección a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero según esa dependencia estatal la solicitud fue turnada al organismo de derechos humanos estatal, la instancia que pidió al gobierno de Tamaulipas proteger a la activista.

 

Por su parte, la CNDH denunció una vez más, el incumplimiento de las autoridades de los tres niveles de gobierno en cuanto a su obligación de proveer seguridad pública para prevenir las posibles violaciones a los derechos fundamentales de quienes se desempeñan como defensoras y defensores están en situación de riesgo.

 

 

Estamos frente a un crimen que confirma esta preocupación de la CNDH, advirtió ese organismo en un comunicado.

 

“Se trata de la muerte de una defensora que decidió y tuvo el valor de romper el silencio ante la desaparición y muerte de su hija, que dedicó sus esfuerzos a localizar sus restos y que tuvo la valentía de identificar a los responsables. Este hecho condenable ocurre precisamente el día en que se festeja a las madres en México”, señaló la CNDH.

 

La CNDH enfatizó que toda intimidación, agresión y afectación del tipo que fuere contra el derecho a defender lesiona gravemente al tejido social y, por ende, las autoridades de todos los niveles deben atender el sensible problema que representan las agresiones a los defensores de derechos humanos, que sólo así estarán en posibilidad de cumplir con su tarea de proteger y velar por el respeto irrestricto a los derechos de todas las personas.

 

De acuerdo con la Recomendación General 25 sobre agravios a personas defensoras de derechos humanos, emitida por la CNDH, es necesaria la sensibilización y profesionalización de los servidores públicos involucrados en la investigación y procuración de justicia.

 

“Esta sensibilización tiene el propósito de abatir el nivel de agresiones contra personas defensoras, mediante la identificación, atención, sanción y prevención de esos delitos en función del contexto sociopolítico que las víctimas enfrentan como consecuencia de su labor, de tal manera que el Estado asegure el libre ejercicio del derecho a defender los derechos humanos de todo individuo”.

 

En esta, también, se pidió a las altas autoridades de los tres niveles de gobierno, desplegar campañas a favor de las defensoras y defensores de Derechos Humanos, para destacar la importancia de su trabajo y evitar su criminalización, sin que a la fecha estas se hayan dado.

 

La CNDH demandó medidas cautelares en favor de la familia y de integrantes del colectivo que representaba Miriam Rodríguez y aseguró que se mantendrá atenta a la evolución de los acontecimientos.