Con escepticismo reciben los periodistas el mensaje de Peña Nieto contra la impunidad

 

• Las protestas llegan a la residencia presidencial de Los Pinos
• Orientan las investigaciones del crimen del periodista Valdéz Cárdenas hacia el “robo de su vehículo”
• El editor de Riodoce y corresponsal de La Jornada y de la agencia AFP recibió 12 disparos para “quitarle su automóvil”
• Es una forma de disfrazar el crimen, dijo un periodista

 

 

Susana Sánchez. Enviada especial-Con escepticismo de los periodistas mexicanos y reclamos de “no más discursos”, “justicia” y “no más carpetazos”- una forma de desatender crímenes en México- fue recibido el mensaje del presidente Enrique Peña Nieto quien aseguró que hasta el último día de su gobierno, el 1 de diciembre de 2018, no habrá impunidad para los crímenes contra los periodistas.

 

Como Fuenteovejuna se expresaron en Los Pinos, describió la periodista Maru Rojas de Radio Fórmula los gritos de sus compañeros reporteros gráficos, fotógrafos y camarógrafos, que iniciaron la protesta en el salón Adolfo Mateos de la residencia presidencial de Los Pinos.

 

El gobierno mexicano se ha visto obligado a dar la cara después de que cientos de periodistas en el país se han manifestado con gritos de “nos están matando” en distintas capitales del interior de la república, para reclamar garantías para ejercer su profesión y garantizar a la sociedad estar informada la grave situación que vive de inseguridad, secuestros y crímenes que cometen las diversas bandas del crimen organizado.

 

En ese contexto de protestas influyeron las condenas por el asesinato del Sergio Valdés Cárdenas, el editor de Riodoce y corresponsal de La Jornada y la agencia AFP, que provinieron de Europa, de la Unesco, del gobierno de Francia, de la ONU, organizaciones de periodistas del exterior y de periódicos de otros países.

 

Es la segunda ocasión de que los periodistas mexicanos, un gremio desarticulado y tradicionalmente desunido, con escasos sindicatos, manifiestan abiertamente su indignación con los crímenes de sus colegas ocurridos desde al año dos mil, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, han sido 129 los asesinatos, ocho en el curso de este año. En esta fatal estadística se incluyen 20 casos de desaparición de comunicadores desde 2005 y 51 atentados contra medios de comunicación.

 

La primera vez lo hicieron hace 24 años, en ocasión del asesinato de un conocido e influyente columnista, Manuel Buendía, ocurrido el 30 de mayo de 1983 en la Ciudad de México. Los periodistas mexicanos de la prensa escrita, de la radio y de la televisión se unieron para reclamar al gobierno del presidente Miguel de la Madrid, el esclarecimiento del crimen cometido por un sicario que resultó ser agente de la Dirección Federal de Seguridad, un asesinato que le encomendó el propio director de oficina de la Secretaría de Gobernación.

 

Las versiones extraoficiales señalaban que Buendía, quien conocía las tripas del sistema político mexicano, había sido funcionario público y consejero de políticos del PRI, estaba por revelar en una columna que se distribuía a nivel nacional en una red de periódicos, los nexos del narcotráfico con funcionarios mexicanos.

 

Hoy nuevamente los periodistas mexicanos rompen con un protocolo en los actos públicos que los obliga a permanecer enclaustrados en los llamados “corrales”, un espacio desde donde observan los actos públicos en los distintos gobiernos mexicanos.

 

Esta vez, en un acto inusual en la residencia presidencial de Los Pinos, un grupo de fotorreporteros o reporteros gráficos adscritos a la fuente presidencial, le reprocharon a gritos al mandatario la falta de acción del aparato de justicia que está en sus manos para aclarar la cadena de crímenes contra corresponsales, editores, locutores y reporteros que han colocado al país en la segunda zona del mundo más peligrosa para ejercer el periodismo.

 

La poderosa Cámara de Radio y Televisión que reúne a los empresarios que controlan los espacios radioeléctricos en el país, normalmente callada por sus relaciones con el poder público que les otorga las concesiones, externó su condena por los crímenes de los comunicadores.

 

Las Comisiones de Derechos Humanos, Nacional y de la Ciudad de México, han señalado que el 97 por ciento de los crímenes contra periodistas permanecen en la impunidad y han señalado que en el 90 por ciento de los atentados están involucrados servidores públicos.

 

 

Los fotorreporteros convocados para cubrir en la residencia presidencial de Los Pinos, donde normalmente despacha el presidente mexicano al poniente de la capital, a un evento denominado “Acciones para la Libertad de Expresión y para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos”, decidieron hacer pública sus protestas, a diferencia de los redactores de la fuente presidencial que se mantuvieron en silencio.

 

Regularmente los reporteros de prensa escrita, noticiarios de estaciones radiofónicas, agencias, portales de internet, reducen en silencio su actividad a las coberturas de las actividades presidenciales.

En esta ocasión, en una actitud inusual, los periodistas de la imagen no se contuvieron y dejaron a un lado momentáneamente su tarea de recabar tomar fotografías e imagen de la actividad presidencial, para exigir justicia para sus colegas asesinados, secuestrados, desaparecidos, amenazados o autoexiliados por ejercer una actividad que están dentro de la Constitución mexicana.

 

La Constitución de este país ofrece garantías en sus artículos sexto y séptimo para ejercer las libertades públicas de información.

 

El presidente Peña Nieto escuchó las protestas de los reporteros cuando apenas iniciaba su discurso. Reporteros, fotógrafos y camarógrafos externaron sus disgustos con un gobierno que ha limitado su acción a discursos sin que prosperen acciones que capturen a los verdaderos responsables de los asesinatos, desapariciones y amenazas contra los comunicadores. Posteriormente, el presidente se acercó a los periodistas de las cámaras fotográficas y de las cámaras de video, a quienes les ratificó su voluntad de combatir la impunidad y garantizar la actividad de los periodistas.

 

Las voces de protestas se iniciaron con una voz aislada. El presidente Peña Nieto informó que su gobierno tiene a la fecha bajo el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a 538 personas, 342 defensoras de derechos humanos y 196 periodistas.

Las inconformidades y malestares de los periodistas mexicanos llegaron a su clímax con el asesinato del periodista y escritor sinaloense Javier Valdez Cárdenas, ocurrido en pleno día en la ciudad de Culiacán, el lunes 15 de mayo.

 

El presidente mexicano convocó a los gobernadores para generar una estrategia conjunta de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, una convocatoria que periodistas observaron como una mensaje de “Simón en el desierto”, dado que la mayoría de ellos prefiere que la fiscalía federal llamada hasta ahora Procuraduría General de la República se haga cargo de las investigaciones mientras ellos, como Pilatos se laven las manos.

 

Joaquín López Dóriga, en un escuchado espacio de Radio Fórmula, es uno de los periodistas mexicanos que vio con escepticismo que los gobernadores respondan al llamado presidencial de abatir la impunidad en los ataques a los periodistas mexicanos.

En una entrevista con el fiscal de Sinaloa, Juan José Reyes Estavillo, López Dóriga descubrió que la Ciudad de Culiacán se encuentra en manos del crimen organizado, ya que solamente el nueve por ciento de las cámaras de video funcionan en esa capital de un estado donde operan los cárteles más poderosos del narcotráfico.

 

Además, en esa entrevista con el periodista López Dóriga, el fiscal Reyes Estavillo reveló que las investigaciones del móvil del crimen de Javier Váldez se orientan hacia el robo de su vehículo por el que el periodista sinaloense recibió “doce impactos de bala”.

Para López Dóriga orientar la investigación al robo del vehículo periodista como móvil del alevoso crimen era una forma de disfrazar o justificar el atentado mortal contra Valdéz Cárdenas. “Esa es la mano del crimen organizado y la ausencia de gobierno”, dijo el periodista que llegó a ocupar el noticiario estelar de la televisión mexicana de la empresa Televisa, con más de cuatro millones de televidentes cada noche.

 

En Los Pinos, el presidente Peña Nieto aseguró que los crímenes no quedarán en la impunidad, anunció la creación de protocolos homologados entre las entidades y la Federación para investigar y atender a las víctimas de delitos y que retomaba las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de organismos de la sociedad civil.

 

El presidente dijo en su mensaje que la crítica, el derecho de disentir y la libertad de prensa son pilares de las sociedades libres. “Lucharé hasta el último día de mi mandato para fortalecer las condiciones del ejercicio pleno del periodismo profesional, riguroso y valiente que México necesita”, agregó frente al escepticismo de los reporteros de la fuente presidencial, de su fuente informativa.

 

 

Ni el minuto de silencio que pidió el presidente Peña Nieto “por todas las personas, periodistas y defensores de derechos humanos que lamentablemente, en el ejercicio de su tarea, de su lucha, han caído en el cumplimiento de ese deber y de esa tarea a la que se han entregado”, ni las prometedoras declaraciones del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ni del Procurador General de la República, Raúl Cervantes, pudieron aliviar el clamor de enojo por la cadena de crímenes que han ensombrecido al periodismo mexicano.

 

Es un enojo que puede sembrar en los periodistas mexicanos, ese gremio fatalmente desunido, la urgencia de crear organismos de periodistas capaces de exigir al Estado mexicano ser capaz de defender la libertad de expresión, en un país donde el crimen organizado domina territorios completos, impone sus reglas y dirime sus diferencias con otros grupos que intentan disputarle el control del narcotráfico, los secuestros y extorsiones, mientras sus víctimas, periodistas o miembros de la sociedad son sus víctimas.

 

En ese mar tormentoso que agobia a México, donde los gobiernos adjudican los miles de muertos a los “ajustes de cuentas” entre las bandas de la delincuencia organizada para eludir sus responsabilidades de garantizar la seguridad pública, una voz parece advertir a “la delincuencia no puede acribillar a los periodistas sin que haya consecuencias”. Es la voz de Miguel Ángel Mancera Espinosa, el nuevo presidente de la Conferencia Nacional de los Gobernadores (Conago), un organismo que reúne a los 32 mandatarios de la república mexicana. Para el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Sin embargo, el escepticismo que pesa en los comunicadores de este país frente a las vanas promesas de los gobernantes mexicanos, puede ser el germen en un gremio desavenido para crear otro tipo de periodismo en México, menos callado, más cercano a la gente común, a sus angustias y dolores, y más alejado de los círculos de banalidades de políticos y empresarios mexicanos, a quienes solamente les satisface un periodismo de vanidades y cultos al ego y a la personalidad.

 

“Acciones para la Libertad de Expresión y para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos” anunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto

 

Primero. Se fortalecerán la estructura y el presupuesto asignado al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Segunda medida. Se establecerá un esquema nacional de coordinación con las entidades federativas y un protocolo de operación. Su objetivo será coordinar las acciones para hacer frente y reducir las situaciones de riesgo contra periodistas y defensores de derechos humano. Su instrumentación estará a cargo del mecanismo federal, cuya Junta de Gobierno incluye, como aquí se ha señalado, a representantes de la sociedad civil, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del Gobierno de la República.

Tercera medida. Fortalecimiento de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, a través de las siguientes medidas. Tendrá más personal y mejor capacitación a Ministerios Públicos, policías y peritos.

 

• Se establecerán mecanismos de contacto y diálogo con la sociedad civil y el gremio periodístico, que impulsen la confianza y la colaboración.
• Revisión e impulso permanente de las investigaciones en proceso, garantizando el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y el combate a la impunidad.
• Coordinación transversal entre autoridades locales y federales, para garantizar la inmediata atención de los delitos con una perspectiva de derechos humanos.
• Apoyo a las entidades en la creación de unidades o Ministerios Públicos especializados en materia de libertad de expresión dentro de sus fiscalías y procuradurías, los cuales serán clave para cerrar el paso a la impunidad.
• Creación de protocolos homologados a nivel nacional para la investigación y atención a víctimas de delitos cometidos contra la libertad de expresión.