Fustigan a medios de comunicación de la Ciudad de México

• La CDHDF exhorta la FEADLE y a las autoridades competentes a realizar una investigación exhaustiva en la denuncia de allanamiento contra Proceso y no permitir la impunidad en el caso.
• La CNDH pidió medidas cautelares para garantizar su derecho a la información del reportero Jesús Aranda.

Comunicación e Información S.A (CISA), empresa editora de la revista Proceso y de este portal informativo, denunció ante la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República (PGR), que sus oficinas fueron allanadas el pasado domingo 21 de mayo por tres desconocidos luego de realizar movimientos y comunicaciones en el exterior del inmueble sin detallar si se sustrajo algún bien.

En la denuncia detallaron que una revisión del sistema de video vigilancia permitió seguir los movimientos de tres sujetos que  ingresaron a las instalaciones.

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México recordó a las autoridades que es necesario tomar en cuenta que reporteras, reporteros y corresponsales de Proceso han denunciado haber sido objeto de distintas amenazas y agresiones, entre éstas, resalta el asesinato de su corresponsal en Veracruz, Regina Martínez en 2012 y el del colaborador Rubén Espinosa en 2015, Además, citó esa Comisión de Derechos Humanos, esa organización periodística ha denunciado  ataques cibernéticos e intentos de hackeo a los servidores del medio de comunicación.

La Comisión de Derechos Humanos de la capital mexicana  subrayó que estos hechos  se dan  en un clima de violencia exacerbada en contra del gremio periodístico en el que han sido asesinadas y asesinados siete periodistas en lo que va del año.

El pasado 17 de mayo el Ejecutivo Federal y la Confederación Nacional de Gobernadores (CONAGO) se comprometieron a emprender “Acciones para la Libertad de Expresión y para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, señaló ese organismo al exhortar a las autoridades a que sean implementadas con urgencia y tomando en cuenta las opiniones y valoraciones de las y los periodistas de cada entidad federativa.

Asimismo, evocó la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, de la Organización de Estados Americanos (OEA) que establece: “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a las y los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

Para la Comisión de Derechos Humanos de la capital, destacó en un comunicado esa institución,  resulta urgente abatir la impunidad en estos casos y prevenir cualquier ataque que pretenda inhibir o silenciar la labor periodística tan fundamental para una sociedad que pretenda ser democrática.

Finalmente reiteró su exhorto  a las autoridades competentes a cumplir con su deber y aplicar todas las medidas de prevención y protección para quienes integran el equipo de la revista Proceso, así como investigar con debida diligencia y celeridad la situación denunciada.

Medidas cautelares de protección al reportero Jesús Aranda

Por otro lado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al Director General de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), General José Carlos Beltrán Benites, la implementación de medidas cautelares en favor del periodista Jesús Aranda Terrones y del diario La Jornada, con el fin de evitar daños al derecho a la libertad de expresión y derecho a la información.

Las medidas solicitadas por la CNDH consisten en que la SEDENA asegure que a los medios informativos y reporteros acreditados ante esa dependencia se les invite a los actos organizados por la misma y se les garantice el acceso, sin distinción alguna.

De igual manera, evitar que servidores públicos de ese instituto armado nieguen el acceso a los representantes de los medios de comunicación a los actos que se realicen en las instalaciones de la SEDENA, conforme a los procedimientos establecidos para todos.

Mediante oficio suscrito por el Quinto Visitador General de la CNDH, Édgar Corzo Sosa, este Organismo Nacional comunicó al General Beltrán Benites sobre el escrito de queja presentado por el agraviado, a quien, se le impidió subir al autobús que conduciría a los reporteros a la inauguración del “Congreso Internacional sobre Obesidad y Diabetes”, ya que un oficial le informó que “no podía acompañarlos porque no había sido invitado y que eran órdenes superiores de la Dirección General de Comunicación Social de la SEDENA”.

De igual manera, se le hizo saber que, de acuerdo con la queja recibida, el periodista y el diario en que labora no han recibido, desde el mes de enero de este año, las invitaciones y comunicados sobre las actividades de la SEDENA, “lo que dificulta que los eventos organizados por dicha dependencia reciban la cobertura de medios de comunicación, garantía de toda sociedad democrática, por lo que, es necesario implementar a la mayor brevedad las acciones necesarias para que dicho medio de comunicación y sus periodistas acreditados puedan cubrir tales eventos, y los lectores recibir la información que corresponda”.

Este Organismo autónomo, sin prejuzgar sobre el fondo de los hechos, considera que de no tomarse las medidas pertinentes los actos denunciados pueden volver a ocurrir, “afectando los derechos a la libertad de expresión y a la información tanto del periodista como del medio de comunicación antes señalado y sus lectores, poniendo en entredicho la garantía de una sociedad plural y diversa”.

La solicitud de medidas cautelares se encuentra establecida en los artículos 3, 6, fracción II y 40 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como en los artículos 116, 117 y 118 de su Reglamento Interno, y cumple con los requisitos de riesgo, urgencia e irreparabilidad del daño para que se proceda a su otorgamiento.

La CNDH señaló que las medidas cautelares deberán realizarse durante el tiempo que resulte necesario y en ellas se solicita al Director General de Derechos Humanos de la SEDENA que informe al Organismo Nacional, en un plazo máximo de 72 horas, respecto de la aceptación de las mismas y sobre las actividades que se han realizado para su cumplimiento.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos aseguró que  observará la evolución de los acontecimientos y, en su momento, emitirá el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda.