Exigen al gobierno de Peña Nieto ratificar la Convención de la OEA sobre personas mayores

  • El reclamo fue hecho por la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, las Comisiones de Derechos Humanos de la Ciudad de México y la Nacional, así como por un gran número de organizaciones de la sociedad civil, institutos, e instituciones académicas universitarias

 

La ratificación por parte de México de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, fue el reclamo hecho al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto por la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, las Comisiones Nacional y de Derechos Humanos de la Ciudad de México, así como por un gran número de organizaciones de la sociedad civil, institutos e instituciones académicas.

 

Al cumplirse dos años de que en la Organización de Estados Americanos se aprobó esa Convención, el gobierno del presidente Peña Nieto se ha negado hasta ahora enviar al Senado la ratificación de esa Convención ya había firmado hace dos años.

 

En el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez que se conmemora el 15 de junio hubo diversos actos en la capital mexicana, para reclamarle al gobierno mexicano su tardanza en ratificar una Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que ya hicieron los gobiernos de Costa Rica, Uruguay, Bolivia, Argentina y Chile.

 

En el “Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez”, adoptado por la ONU en su Resolución 66/127, se hace necesario visibilizar el entorno adverso que viven las personas adultas mayores, la discriminación y el maltrato que sufren, para prevenirlo y atenderlo.

 

Este año, la ONU enfatiza la importancia de prevenir la explotación financiera contra ese sector, y garantizar plenamente sus derechos humanos.

 

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Envejecimiento integrada en el estudio “Los mexicanos vistos por sí mismos de 2015”, se advierte que 74.1 por ciento de los entrevistados opinaron que el principal tipo de violencia que sufren las personas en esa etapa de la vida es la negligencia (el cuidador o familiar no cubre las necesidades de la persona adulta mayor); 67.7 por ciento estima que el maltrato psicológico; 65.4 por ciento el abuso económico; 63.1 por ciento la autonegligencia , refiriéndose al poco cuidado de sí mismo, y 61 por ciento al maltrato físico.

 

El primer acto para exigir la ratificación de la Convención por parte de México se desarrolló en la Sala Digna Ochoa, de la Comisión de Derechos Humanos de la capital mexicana, donde un gran número de organizaciones con sus representantes, se reunieron para demandar la ratificación de esa Convención que tiene que pasar por el Senado de la República.

 

Diversas asociaciones civiles enviaron al presidente del Senado de la República, Pablo Escudero, una misiva donde lo exhortan a que se comprometa con ratificación de esa Convención de la que México “es el gran ausente”.

 

En esa Carta se hace mención que en la Constitución de la Ciudad de México se incorporaron conceptos que aprobó esa Convención de la OEA, como el uso del término “personas mayores” así como el sistema integral para la prevención del abuso, abandono, negligencia, maltrato y violencia contra las personas de más de sesenta años.

 

 

Un segundo acto se efectuó en el salón Octavio Paz del Senado de la República, donde la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de esa colegisladora, manifestó la urgencia de que el gobierno de México y el Senado mexicano ratifique esa Convención.

 

En esa Convención se obliga a los Estados a promover, proteger y asegurar el reconocimiento, el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad.

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó al Estado mexicano a ratificar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores

 

La CNDH consideró que las condiciones de pobreza, abandono, violencia, negligencia, maltrato psicológico y abuso económico que padecen adultos mayores en nuestro país, les impiden hacer efectivos sus derechos humanos, lo que se traduce en las pocas o nulas posibilidades de que vivan en forma digna su vejez.

 

Ese Organismo Nacional se pronunció en favor de ampliar el marco jurídico de protección de las personas adultas mayores. “El Estado mexicano debe ratificar, a la brevedad, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores2, manifestó la CNDH.

 

 

 

Además, la CNDH propuso generar una nueva cultura del envejecimiento, establecer acciones y programas con enfoque de derechos humanos, para promover su revaloración y participación activa en la implementación de esas medidas y superar el estereotipo que los considera receptores pasivos de ayuda.

 

La CNDH llamó la atención de autoridades y sociedad para impulsar una nueva visión de la vejez, con el objetivo de que se respete irrestrictamente la dignidad de las personas que se encuentran en esa etapa, ya que no es suficiente con que la expectativa de vida haya aumentado.

 

Para la CNDH la violencia contra las personas adultas mayores constituye una violación a sus derechos fundamentales, que causa grave daño o sufrimiento a quienes la padecen. Es provocada por actos y omisiones de carácter físico, emocional, psicológico, sexual o financiero, cuya incidencia es de tal magnitud que se le cataloga como un problema de salud pública, el cual por lo general no se denuncia, pues en muchas ocasiones el o los agresores son familiares o quienes están a cargo del cuidado de las personas adultas mayores.

 

Las características del entorno comunitario en que viven las personas mayores condicionan su calidad de vida. Gran número de instituciones públicas y privadas están edificadas y prestan sus servicios a partir de una concepción negativa del envejecimiento, que visualiza a los adultos mayores como personas con capacidad limitada para tomar decisiones, incluso sobre su propia vida.

 

Lo anterior evidencia, para la CNDH, que la situación de vulnerabilidad en que se encuentra ese grupo poblacional no deriva en sí misma del proceso biológico natural de envejecer sino, mayormente, del concepto que se construye en la sociedad.

 

 La Agenda 2030 promueve garantizar una vida sana de personas mayores

 

En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, cuya finalidad es erradicar la pobreza y luchar contra la inseguridad y la injusticia, se han fijado diversos objetivos que involucran directamente a las personas adultas mayores, toda vez que se busca garantizar una vida sana y promover el bienestar de las personas de todas las edades; eliminar la inequidad y desigualdades y asegurar el acceso a servicios de salud y seguridad social.

 

En ese contexto, de acuerdo con la Agenda, se debe impulsar el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores; fomentar en las familias, el Estado y la sociedad un trato digno que privilegie la promoción de la igualdad, la no discriminación, la realización progresiva de todos sus derechos, a partir de los principios de interdependencia, participación, cuidados, autorrealización y dignidad.

 

Las personas mayores de 60 años tienen derecho a la integridad, dignidad, preferencia, a la salud física y mental, a una alimentación adecuada, a tener una familia, a la educación, asistencia social, certeza jurídica, a que se garantice la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, y a su revaloración en la vida social, económica, política, cultural y familiar.

 

Es necesario establecer estrategias de prevención de la violencia de las personas adultas mayores, tales como campañas de sensibilización para la población en general, concientización de las y los servidores públicos como garantes de los derechos de los adultos mayores; programas intergeneracionales; capacitación al personal de salud, educativo y de quienes les brindan cuidado en albergues públicos y privados.