Cuatro de cada 10 indígenas padecen carencia alimentaria

 

• Un 21.7 por ciento de la población mexicana vive inseguridad alimentaria, el 13 por ciento inseguridad moderada y un 8.7 por ciento severa o dramática
• Hay una relación entre la falta de alimentación, el ingreso y la pobreza
• Las políticas públicas asistenciales no resuelven el problema alimentario
• Hay que impulsar políticas económicas y de fomento productivo.

 

 

De acuerdo con cifras de 2015 del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo (Coneval), un 21.7 por ciento de la población mexicana vive inseguridad alimentaria, el 13 por ciento una inseguridad moderada y un 8.7 por ciento severa o dramática–, mientras que cuatro de cada 10 indígenas padecen carencia alimentaria.

 

Con base en esos datos, la investigadora Margarita Flores de la Vega, del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED), expuso que hay una relación entre la falta de alimentación, el ingreso y la pobreza. Esos datos, abundó, indican el tamaño del reto que tenemos por superar en las próximas décadas.

 

Sin embargo, dijo la experta universitaria de la máxima casa de estudios de México, “si observamos la relación entre ingresos, pobreza y seguridad alimentaria, la situación no es tan optimista.

 

Jorge Máttar-Márquez, consultor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), refirió que de acuerdo a un estudio de ese organismo, en México y América Latina “sufrimos tremendas desigualdades, no sólo en materia de ingresos, sino de género y territorial. El acceso a los alimentos es uno de los grandes asuntos pendientes en nuestro desarrollo”.

 

 

Ambos especialistas y Cassio Luiselli Fernández, también colaborador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED), participaron en la mesa de análisis “Inseguridad alimentaria”, en el ciclo de conferencias PROSPEC 2017. Futuros de la inseguridad en México, respuestas y propuestas, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México.

 

Contrario a lo que pudiera pensarse, en el mundo existe suficiente producción de alimentos para satisfacer la demanda global; el problema radica en los mecanismos de distribución y acceso a ellos, coincidieron los especialistas.

 

Para promover un modelo sustentable de consumo y producción de alimentos, es necesario atender la capacidad de adaptación de los sistemas productivos de los pequeños agricultores al cambio climático; proteger la biodiversidad y recursos genéticos; generar una política general de regulación y supervisión sobre el uso de agroquímicos y dar seguimiento a la industria alimentaria, entre otros aspectos.

 

Flores y Luiselli coincidieron en que en el país la respuesta al tema de la carencia alimentaria ha sido el establecimiento de políticas públicas asistenciales, en lugar de impulsar políticas económicas y de fomento productivo.

 

“Deberíamos voltear a ver qué pasa en el campo mexicano”, subrayó la investigadora Flores de la Vega.

 

 

Al respecto, Flores de la Vega señaló que mientras el proyecto especial de seguridad alimentaria de la Sagarpa (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) cuenta con recursos para atender a 250 mil familias, Prospera beneficia a siete millones de mexicanos. “Estamos enfocados a atender la parte asistencial sin articular la generación de ingresos”.

 

En ese sentido, Cassio Luiselli resaltó que las políticas sociales no deberían ir en contra de las de fomento. “Sería el tema clave en estos asuntos; si no hay convergencia entre ambas, seguiremos con el desbarajuste que tenemos: niveles de pobreza que no mejoran, un país que gasta sin ver resultados y una baja inversión”.

 

Asimismo, planteó la necesidad de atender la pobreza rural que existe en los estados, vinculada con deficiencias de productividad y producción. “El país tiene, de manera abrumadora, la mayor parte de sus campesinos (70 por ciento) en pequeños minifundios. Si no empezamos por ahí no encontraremos salidas ni respuestas”.

 

De igual manera, dijo Cassio Luiselli, se debe recuperar una estrategia nacional de semillas, que resulta esencial si se pretende detonar la productividad y hacer una serie de mejoras en el sistema alimentario.