La Ley de Seguridad Interior vulnerará los derechos humanos en México

  • Propiciará estados de excepción en el país. Para la CNDH contradice la reforma constitucional sobre los derechos humanos de 2011.
  • La atención a los problemas de seguridad y justicia debe emprenderse bajo un enfoque integral. Debe partir de una lógica preventiva más que reactiva y  se ocupe del conjunto de factores que generan o propician las actividades delictivas.
  • Estudia la CNDH una acción de inconstitucionalidad de esa legislación.

Ante la aprobación de la Ley de Seguridad Interior en el Congreso mexicano, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reiteró su preocupación, ya  hecho pública,  porque esa legislación contravenga o propicie que se vulneren los derechos humanos,  contradiga la reforma constitucional de 2011 y propicie estados de excepción en el país.

Con esa nueva ley aprobada por el Congreso, la seguridad pública en el país quedará a cargo de las fuerzas armadas mexicanas “debido a las crecientes índices de violencia criminal que se ha desatado en los últimos años”, según señaló en un dictamen el Senado de la República.

Si bien la CNDH  manifestó que respeta tal determinación del Congreso de aprobar esa legislación,  ese Organismo Nacional llamó la atención sobre la oportunidad que desaprovechó el Congreso mexicano para lograr que el proceso de deliberación legislativa para la emisión de esta Ley hubiese sido un verdadero espacio de reflexión y construcción dialéctica.

La CNDH  señaló que  los senadores y diputados perdieron esa oportunidad de que   no sólo se escucharan planteamientos, sino que también se permitiera el debate libre plural e informado de posturas y conocimientos sobre el tema, tal y como lo solicitaron expertos, académicos, organizaciones de la sociedad civil y organismos protectores de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales.

Ese organismo nacional  recordó que el acuerdo y voluntad política que dio vida a la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos representó un logro de dimensiones históricas.

Este hecho, destacó la CNDH en un comunicado, fue reconocido por todas y todos los grupos y sectores políticos y sociales y por múltiples actores de la mayor relevancia afuera de nuestras fronteras.

Sin embargo, para ese organismo nacional la aprobación de esta Ley de Seguridad Interior en los términos en que fue formulada, no sería acorde al sentido y contenido de la reforma de 2011, “en tanto genera la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de las y los mexicanos, además de afectar el diseño y equilibrio constitucionalmente establecido entre instituciones, órganos del Estado y Poderes, así como posibilitar que se impongan estados de excepción a la convivencia democrática entre la sociedad mexicana”.

Con independencia del estudio que realiza para la promoción de una acción de inconstitucionalidad respecto de la Ley de Seguridad Interior, la CNDH reiteró que la atención a los problemas de seguridad y justicia que enfrenta el país, debe emprenderse bajo un enfoque integral, que partiendo de una lógica preventiva, más que reactiva, se ocupe del conjunto de factores que generan o propician las actividades delictivas, así como del desarrollo de capacidades y recursos para la efectiva persecución y combate de las actividades ilícitas, con pleno respeto a los derechos humanos, todo lo cual pasa, necesariamente, por la revisión y fortalecimiento de nuestras policías y autoridades civiles.

Atendiendo a las obligaciones que impone a todas las autoridades el artículo 1o Constitucional, en el sentido de promover, defender y preservar los derechos humanos, así como a la necesidad de salvaguardar el orden competencial y contenido de nuestro máximo ordenamiento, esta Comisión Nacional hizo un respetuoso exhorto al presidente Enrique Peña Nieto para que formule observaciones al proyecto de Ley de Seguridad Interior, con base en la atribución que le confieren los incisos a) y c) del artículo 72 Constitucional.

La seguridad es posible y compatible con el respeto a la dignidad humana, así como a las libertades y derechos que dan sustento a nuestras instituciones democráticas, declaró finalmente la CNDH.