Evitará la CDHDF violaciones a derechos humanos en la aplicación de la Ley de Reconstrucción

• Esa  la Ley tiene diferentes mecanismos para la reconstrucción. Ocho de cada diez personas damnificadas no van a tener que endeudarse, porque están subsidiados.
• “En ningún país del mundo, ni en Chile, ni en ningún país del mundo, hay un proceso del nivel de subsidio que vamos a tener en esta Ciudad para la reconstrucción de vivienda”.
• Las comisiones de derechos humanos del país en contra de la Ley de Seguridad Interior

A tres meses del sismo del 19 de septiembre que dejó inhabilitados unos mil 500 inmuebles en la Ciudad de México, la Comisión de los Derechos Humanos de la capital de la República llevará a cabo un seguimiento de la aplicación de la Ley de Reconstrucción para que no se violen los derechos humanos de las personas damnificadas.

“Nosotros vamos a ir fuerte a ver cómo se aplica y cómo se aplica el programa, y vamos a dar continuidad como se los dijimos a los vecinos en los procesos de reconstrucción”, dijo presidenta de ese organismo en una entrevista efectuada tras un desayuno con periodistas de la fuente de esa Comisión de Derechos Humanos.

La presidenta de  esa Comisión, Nashieli Ramírez Hernández, consideró que esa  la Ley tiene diferentes mecanismos para la reconstrucción. Estimó que ocho de cada diez personas damnificadas no van a tener que endeudarse, porque están subsidiados.

En opinión de la defensora de los derechos humanos capitalina que cada caso de las personas damnificadas  dependerá el nivel de prioridad y de los recursos  disponibles. Consideró tomar en cuenta  “que en ningún país del mundo, ni en Chile, ni en ningún país del mundo, hay un proceso del nivel de subsidio que vamos a tener en esta Ciudad para la reconstrucción de vivienda”.

Recordó que después de los sismos de septiembre de 1985, implicaron que las personas damnificadas recurrieran a créditos para recuperar sus viviendas.

Nashieli Ramírez Hernández  mencionó 38 quejas que ha recibido por parte de las personas damnificadas, entre las cuales hay ocho relacionadas con los procesos demolición. Algunas de esas quejas ya se cerraron porque se referían al momento de la emergencia.

La presidenta de esa Comisión de Derechos Humanos informó que en el organismo a su cargo realizó un  análisis de la Ley de Reconstrucción que ha llegado a la conclusión de que n o es violatoria de los derechos humanos. “Lo que sí vamos a hacer es que en la ejecución de la Ley no se violen los derechos humanos”, reiteró Ramírez Hernández.

Asimismo, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la capital mexicana consideró que esa Ley plantea la transparencia de los recursos tanto de los donativos como del Fondo de Capitalidad y ofreció darle seguimiento para que se cumpla.

Por otra parte, Ramírez Hernández informó que la Comisión a su cargo acompañará a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a organismos internacionales, en el exhorto al Presidente de la República para que vete la Ley de Seguridad Interior al tiempo que destacó que los 32 organismos de derechos humanos del país están en contra de esa legislación permite que las fuerzas armadas se hagan cargo de la seguridad pública.

“En lo general y en lo particular- dijo Nashieli Ramírez Hernández-  todas las Comisiones de Derechos Humanos de los estados, incluyendo la Nacional, nos hemos pronunciado desde un inicio a que la Ley no se aprobara en los términos en los que se aprobó, de que hubiera un diálogo abierto para, digamos, modificar y tener una normatividad acorde a lo que son los estándares internacionales de protección a derechos humanos”.

Si esto no sucede, añadió, procederíamos es a acompañar desde el ámbito de nuestra competencia local el procedimiento ya anunciado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de interponer una Acción de Inconstitucionalidad a la Ley de Seguridad Interior.

Hernández Ramírez  mencionó que la Comisión de Derechos Humanos de la capital  haría dos cosas: “uno, acompañar con amicus curiae este posicionamiento y también acompañarlo con relación al cabildeo que cada uno de los organismos de derechos humanos  tendríamos que estar haciendo en los Congresos locales para que esta Ley no sea aprobada en los Congresos locales y por lo tanto no tenga, digamos, una posición”.

Insistió en que  los puntos  en los que existe desacuerdo con esa Ley  tiene que ver con  “la permanencia y las atribuciones que el propio Ejecutivo tiene para la permanencia o no de las Fuerzas Armadas en los estados, en las calles”.

“Y seguiríamos insistiendo también en los asuntos que tienen que ver con esta, digamos, algo que es fundamental, y es que la seguridad nacional, según nuestra Constitución, tiene que estar a cargo de las policías, no de los militares”, dijo.

“Lo que faltó  y eso es quizá la mayor demanda, es cómo tenemos que ser una sociedad más dialogante y cómo tendríamos que estar sentados escuchándonos todos para avanzar como país”.

Para la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos la Ley de Seguridad Interior evidenció  la renuncia “a seguir capacitando y a tener un cuerpo policiaco a la altura de un país que en términos de seguridad vive una crisis profunda”.

Nombramientos en la CDHDF

La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Nashieli Ramírez Hernández, nombró a Juan Carlos Arjona Estévez como Cuarto Visitador General de este Organismo, en sustitución de Clara Isabel González Barba, a quien agradeció su colaboración en el servicio público de esta institución.

Juan Carlos Arjona Estévez es Licenciado en Derecho y Maestro en Derechos Humanos por parte de la Universidad Iberoamericana (UIA), Ciudad de México. Cuenta con diplomas de especialización de la American University, Universidad de Minnesota, Universidad de Irlanda del Norte-Galway, y de la Universidad de Chile. Ha ocupado cargos de dirección en la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Procuraduría General de la República (PGR).

En el sector académico fue Coordinador de la Maestría y del Programa de Derechos Humanos de la UIA, asesor pedagógico de la Maestría en Derechos Humanos y Democracia de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

De igual forma, anunció que Montserrat Matilde Rizo Rodríguez, quien se desempeñaba como Segunda Visitadora General de CDHDF, ocupará el cargo de Quinta Visitadora General, en sustitución de Horacio Toledo Martínez.

Montserrat Rizo Rodríguez es Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, cursó programas de especialización en materia de derechos humanos en la American University, Universidad Pontificia, Universidad Insurgentes e Instituto Mexicano de Ciencias Periciales. Tiene estudios de Maestría en Prevención del Delito, Sistemas Penitenciarios y Derechos Humanos, en el Centro Jurídico Universitario Actualmente cursa el Doctorado en Política Criminal en el mismo Centro.

En la CDHDF se ha desempeñado como analista, Visitadora adjunta, Subdirectora de Atención a Visitadurías y Directora de Admisibilidad e Información en la Dirección General de Quejas y Orientación, Directora Ejecutiva de Seguimiento y Segunda Visitadora General.

La Ombudsperson capitalina nombró también a Brisa Solís Ventura, como Coordinadora de Vinculación con la Sociedad Civil y Políticas Públicas de este Organismo. Solís Ventura es Licenciada en Sociología Política por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Azcapotzalco; y Maestra en Derechos Humanos y Democracia por Flacso. Fue Directora del Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) y cuenta con diversos cursos en la materia y ha sido consultora de diversas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).