Regresamos

  • Terminemos con  la conspiración del silencio que rodea el envejecimiento de la población en México. Imprescindible una política pública de Estado sobre el proceso de envejecimiento de la población nacional.
  • La mayoría de las personas mayores del país carecen de pensiones. México debe ratificar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de la Organización de Estados Americanos.
  • La niñez y la juventud mexicana actual merecen que les dejemos un  país en mejores condiciones de vida para su futura vejez.

Foto: T E

Reanudamos esta publicación después de una etapa de receso, ahora con el mejor ánimo de contribuir con un enfoque más especializado sobre el proceso de envejecimiento de la población mexicana, con todos sus aspectos multifactoriales, pero sobre todo con el propósito de crear una amplia conciencia sobre un tema que aún es soslayado por el poder público, con algunas iniciativas que pretenden abordarlo como ocurre en  la Ciudad de México, pero sin una mirada mucho más amplia objetiva.

Para los editores de TE es de la mayor prioridad que el proceso de envejecimiento de la población en el país se transparente y visibilice en todas las políticas públicas, desde las bases de las políticas educativas y su enfoque alcance a toda la población nacional y no solamente se dirija a los sectores de más de sesenta años con políticas públicas que no van más allá de ayudas asistenciales en gobiernos locales y del federal, que carecen de un enfoque  científico transdisciplinario.

Lamentablemente las políticas públicas del Estado mexicano están limitadas específicamente a otorgar determinadas ayudas económicas como la Tarjeta de Pensión Alimentaria en la Ciudad de México, que si bien atiende a una población de más de 525 mil personas de más de 68 años con un carácter universal, la que otorga el gobierno federal de “65 y más” a más de cinco millones de personas mayores con un apoyo económico de mil 160 pesos cada dos meses es la más raquítica a diferencia de la que se dispone en la Ciudad de México que es de mil 132 pesos con 35 centavos.

Sin embargo, dado el crecimiento de la población de personas mayores, con un 75 por ciento que carecen en este momento con algún tipo de pensión y a expensas de políticas como la de la Tarjeta de Pensión Alimentaria o de “65 y más”, su demanda irá en aumento dados los pronósticos una pirámide demográfica que se ha estado invirtiendo al grado de que por ahora existen más personas mayores de 60 años que niños de cinco años y en 2030 esta población superará a la de los adolescentes.

Por lo pronto, de acuerdo con el Padrón Electoral de 2018, la población de más de 60 años en el país es de 14 millones 548 mil 814 personas al cinco de enero de 2018, una población que crecerá en los próximos años en cinco millones 632 mil 438 si se toma en cuenta a quienes tienen en estos momentos una edad entre los 55 y 59 años y están cerca de la frontera de los más de 60 años.

El desafío que le espera al país es extraordinario si desde este momento el proceso de envejecimiento no se atiende con una visión superior,  más allá de las políticas públicas como las del gobierno de la Ciudad de México, que son las más avanzadas,  o del gobierno federal a través de la secretaria de Desarrollo Social que se son precarias y limitadas.

La jornada política para relevar el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión es una oportunidad para construir una política pública  sobre el proceso de envejecimiento de la población nacional con una estrategia transdisciplinaria científica que incorpore particularmente a las políticas sobre la  educación, la salud, el trabajo, vivienda, ambientales, movilidad y se adelante a situaciones de crisis agravada como la que ocurre en Argentina o Chile, donde se aplican políticas de barbarie para hacer frente a las crisis de pensiones.

La niñez y la juventud mexicana actual merecen que les dejemos un  país en mejores condiciones de vida para su futura vejez. Imprescindible una nueva política sobre el proceso de envejecimiento de la población nacional. No es suficiente que las políticas públicas actuales  sobre la vejez se limiten específicamente a proporcionar  escasa ayuda alimentaria a las personas mayores.

Si en efecto el próximo Presidente de la República  y los próximos integrantes del Congreso federal, quienes resulten electos en la jornada electoral de julio próximo,  tienen una mirada que supere la miseria  y precariedad de sus  discursos políticos de sus precampañas dedicado más a los intercambios de agravios y desafíos de golpeadores callejeros, seguramente se podrá construir una política pública de Estado sobre el proceso de envejecimiento de la población nacional con su múltiples facetas y consecuencias.

Para empezar en TE estamos convencidos de que México debe ratificar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores aprobada por la Organización de Estados Americanos en junio de 2015, atorada en la Secretaría de Hacienda después de pasar los filtros de otras dependencias del gobierno federal.

Terminemos con  la conspiración del silencio que rodea el envejecimiento de la población en México.