Desalentador informe sobre los derechos humanos en México

 

  • Repuntó de la violencia y el crimen organizado en el país
  • “Los delitos cometidos con violencia, especialmente los asesinatos, han alcanzado niveles graves dentro de este siglo”, dijo el presidente de la CNDH en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión
  • Acumula el IMSS y el ISSSTE el mayor número de quejas
  • Indignación por los feminicidios en muchas regiones de México
  • “Reclamo social en diversas entidades federativas para que se emita la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres”

 

 

Al dar a conocer su informe de 2017 en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el abogado Luis Raúl González Pérez, presentó un crudo y desalentador panorama de la vigencia de los derechos humanos en México al repuntar la violencia y el crimen en el país, que alcanzaron 25 mil 339 denuncias por homicidios dolosos en 2017, de acuerdo a las últimas cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional.

 

González Pérez puso de manifiesto que los derechos humanos no constituyen un renglón aparte o un apartado específico de la acción del Estado o de la vida social. “Su vigencia y cumplimiento están relacionados con toda la operación del poder público y con el ámbito de libertad y seguridad que atañe a todos los sectores sociales”.

 

La CNDH, una institución creada en la última década del siglo XX, es el órgano donde la población mexicana puede recurrir para denunciar las violaciones a los derechos humanos. Fue fundada el 6 de junio de 1990. Es un organismo autónomo del Estado Mexicano con personalidad jurídica y patrimonios propios, que la hace ser un organismo incómodo para los tres niveles de gobierno del país, el municipal, estatal y federal.

 

En la mirada de la CNDH la población mexicana vive un contexto muy complejo por la elevación de ese repunte de la violencia y el crimen organizado en el país. “Los delitos cometidos con violencia, especialmente los asesinatos, han alcanzado niveles graves dentro de este siglo”, dijo el presidente de la CNDH a un grupo de senadores y diputados que forman la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

 

Pero no solamente las violaciones a los derechos humanos se acreditan en esa espiral imparable de violencia delictiva en México, la CNDH ha documentado que las quejas de que ha recibido por distintas anomalías en relación a los derechos humanos que garantiza la Constitución mexicana provienen de las mismas instituciones públicas.

 

El Instituto Mexicano del Seguro Social acumuló el mayor número de quejas con 2 mil 234 quejas, le sigue el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con mil 78; de la Secretaría de Educación Pública con 656 quejas; el Instituto Nacional de Migración con 521 quejas; La procuraduría General de la República 422 quejas; la Policía Federal 425 quejas; la Secretaría de la Defensa Nacional 415 quejas; la Secretaría de Desarrollo Social 386; y la Secretaría de Marina 259 quejas.

 

También es común que las violaciones a los derechos humanos las cometan autoridades de gobierno locales de la Ciudad de México, estado de México, Veracruz, Chiapas, Jalisco, Aguascalientes, Tamaulipas, Michoacán y Oaxaca.

 

En ese panorama desalentador para la sociedad mexicana, el abogado González Pérez puso de manifiesto la indignación por los feminicidios en muchas regiones de México y compartió “el reclamo social en diversas entidades federativas para que se emita la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres”.

 

 

Este abogado universitario dijo que los retos para atajar estos abominables crímenes se han incrementado no solo en número sino en intensidad y puso en evidencia la ausencia de respuesta de las autoridades, que no se “ha producido con igual agilidad ante los acontecimientos”.

 

Criticó el retraso en la armonización de los marcos legales tanto en el orden federal como en el estatal, las debilidades en la planeación y en la presupuestación de recursos para fortalecer la acción de las áreas responsables de la paz y la seguridad pública, los “bajos resultados en la actualización de políticas públicas en la materia y una aún limitada coordinación entre los órdenes de gobierno para disminuir los niveles de violencia criminal y atender a las víctimas de manera integral”.

 

En relación a la debatida Ley de Seguridad Interior, este abogado defensor de los derechos humanos, cuya institución a su cargo ya interpuso una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, exhortó a ampliar el debate y prevenir situaciones que vulneran los derechos humanos por esa legislación por la cual se deja al poder militar la seguridad pública nacional.

 

En este contexto, dijo González Pérez, la atención de la seguridad a las personas oscila entre la ineficacia y el abuso, dando lugar a violaciones de derechos humanos, ya sea por acción u omisión.

 

González Pérez manifestó su preocupación por las agresiones a las personas periodistas y defensoras de los derechos humanos que continuaron en 2017, “incluso privando de la vida a un número importante de ellas”.

 

Entre los acontecimientos que han causado el horros en la opinión pública, González Pérez citó la venta de niños y niñas en el Estado de Sonora ; los cuerpos de personas localizadas en fosas en Cadereyta, Nuevo León ; el excesivo uso de la fuerza que propició el fallecimiento de varias personas en Nochixtlán, Oaxaca ; las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y la retención ilegal en Papantla, Veracruz ; así como torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias en Tierra Blanca, de la misma entidad veracruzana.

 

También en este año, observó el presidente de la CNDH, “hemos visto reeditarse parte del conflicto agrario en la zona de los altos del Estado de Chiapas, de tal manera que la confrontación ha cobrado su cuota de sufrimiento por la vía del desplazamiento forzado masivo de personas campesinas indígenas de la región, que han tenido que abandonar sus hogares y patrimonios por el miedo a ser asesinadas”

 

El presidente de la CNDH señaló la inoperancia de autoridades municipales, estatales y federales en Chiapas que “no han acertado en generar una solución que permita a las personas recuperar la normalidad de su vida cotidiana y, por lo tanto, el ejercicio de sus derechos”.

 

En relación con los terremotos de septiembre de 2017, el defensor de los derechos humanos en todo el país mencionó que la emergencia representó un importante desafío para las instituciones, no solo por la rápida respuesta que la situación exigía para salvar personas, sino también por haber puesto en evidencia irregularidades y actos de corrupción en las construcciones que perjudicaron el goce de los derechos humanos de muchas personas.

 

Durante 2017 la CNDH recibió y clasificó 45 mil 639 escritos de personas quejosas. De este total, 8 mil 319 fueron de orientación directa, 7 mil 682 de remisión, 627 de inconformidad y 9 mil 331 de queja. CNDH emitió cinco recomendaciones por violaciones graves, ocho recomendaciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y tres recomendaciones generales.

 

Fueron cuatro los informes especiales que en 2017 emitió la CNDH: uno sobre desaparición de personas y fosas clandestinas en México, en el que se formularon 102 propuestas para la atención integral del problema; otro, sobre adolescentes: vulnerabilidad y violencia, con el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS); otro sobre personas mayores en los centros penitenciarios de la República Mexicana, y uno más sobre los desafíos de la migración y los albergues como oasis.

 

Adicionalmente, citó González Pérez, la CNDH presentó un informe sobre el derecho a la salud de las mujeres indígenas en México, y diversos pronunciamientos, diagnósticos, declaraciones y estudios que proveen un mayor conocimiento sobre el estado que guardan los derechos humanos y plantean medidas a adoptar para mejorar su situación en el país.