Soy damnificado y discapacitado

• A seis meses del sismo del 19 de septiembre la tragedia se multiplica.
• Hay familias damnificadas que se han visto obligadas a regresar a sus viviendas a pesar de que los inmuebles han sido catalogados en  “rojo” o de alto. Solamente han recibido respuestas “vagas” de las autoridades del gobierno de la capital mexicana.

José Luís Camacho López-  Su nombre es Octavio Manzano Payán, tiene 70 años, es damnificado y discapacitado. Era profesor de Diseño en Arquitectura de la Universidad Autónoma Metropolitana, una de las universidades públicas mexicanas. Habitaba como  jubilado un conjunto habitacional llamado Los Girasoles  ubicado en la avenida Miramontes 3040, delegación de Coyoacán, al sur de la Ciudad de México, una de las zonas de la clase media urbana mexicana.

Desde el 19 de septiembre del año pasado, cuando el sismo de las 13:14 horas  lo obligó a salir de su departamento, de esa unidad donde la habitaba con otras 23 familias, solamente ha recibido respuestas “vagas” de las autoridades del gobierno de la capital mexicana.

Los peritos gubernamentales lo único que no le han dicho es si su inmueble tiene posibilidades de reconstruirse. No tiene un dictamen técnico  a seis meses del sismo de 7.1 grados que afectó gran parte de la Ciudad de México, sobre todo de su parte sur  con el epicentro a 12 kilómetros al sureste Axochiapan, en el cercano estado de Morelos.  Mientras tanto y hasta ahora, Octavio, una persona mayor,  es uno de los damnificados que vive prácticamente en condición de calle.

Octavio, como otros miles de personas mayores afectadas por el sismo, está imposibilitado de pagar créditos por la recuperación de su vivienda. Pide que la solución que le den sea con recursos públicos. Él  ha pagado impuestos toda su vida laboral profesional y cree que tiene ese derecho.

El gobierno de la Ciudad de México ofrece como opciones un paquete de  créditos a personas mayores damnificadas que como Octavio no está en condiciones de pagar, aunque sea a largo plazo.

En la primera audiencia pública con las personas damnificadas  efectuada en la sala Digna Ochoa de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México,  se escucha una voz:  “soy damnificado y discapacitado”. Es la voz de Octavio,  una de las tantas de damnificados que fue escuchada por personal de esa institución fundada en el siglo pasado para atender  las violaciones a los derechos humanos de la población capitalina.

El sismo del 19 de septiembre de 2017 abrió un nuevo tipo de expedientes de violaciones a derechos humanos que no se habían presentado en la capital mexicana, calificados de falta de Derechos a la Seguridad Jurídica, Derecho a la Integridad Personal, Derecho a un Nivel de Vida Adecuada  y una particularmente, ausencia de atención a las peticiones que garantiza la propia Constitución mexicana en su artículo octavo.

En esa amplia sala de la Comisión de Derechos Humanos  esa audiencia se convirtió en una catarsis colectiva. Estas  personas damnificadas no han recibido la atención de las autoridades, les han dado la vuelta o les crean  un vacío,  como a Octavio. Todas ellas llegaron procedentes de distintos rumbos de la ciudad, de diversas clases sociales, profesiones y edades. Hubo encendidos gritos de angustia, se escuchó la voz de una mujer con una amarga queja: sus hijos perdieron el año escolar, uno de preparatoria y otro de primaria. Nadie la escuchaba hasta ahora.

Hubo otra voz, la  de una mujer que dijo que no encontraba a su hijo, otra voz femenina que lamentaba  habitar en una vecindad de una colonia popular, la Anáhuac, mientras las autoridades de la delegación Benito Juárez, se apoderaron de una casa de campaña donada por el pueblo de Taiwan.

Las voces de la tragedia de repetían. El dolor era el mismo, perder sus viviendas, por aquí 40 familias, por acá 26, por allá 500 familias. Todas sin techo. En esa sala se formaron cuatro círculos de personas damnificadas, en cada una se escuchaban los lamentos, los rostros se limpiaban las lágrimas, no hay dictamen hasta ahora que los salve o mitigue su infortunio en que viven hasta el día de hoy 19 de marzo,  que se cumplen seis meses de ese sismo,  donde no hubo el sonido de la alarma porque el epicentro se ubicó  a unos kilómetros de la capital mexicana, donde no existe esa red que detecta en segundos  la proximidad de los movimientos telúricos.

Este numeroso grupo de personas damnificadas habitaban sus departamentos o casas en colonias de clase media como La Condesa, Del Valle, en barrios populares de  Iztapalapa, una de las jurisdicciones más pobladas de la capital, de Tláhuac, Xochimilco; traían el puño en alto al entrar a la Sala  Digna Ochoa, que lleva el nombre de una mujer defensora de los derechos humanos asesinada en el siglo pasado en condiciones que aún permanecen en el misterio.

La Comisión de los Derechos Humanos de la capital mexicana tiene en trámite 75 quejas por violaciones a derechos humanos que se presumen fueron violados por diferentes autoridades. La presidenta de esa Comisión, Nashiele Ramírez Hernández, quien apenas ha sido designada el año pasado, ofreció escucharlos, pero no hay la certeza de que sus buenos oficios resuelvan las urgentes demandas de estas personas damnificadas que  han permanecido  invisibles para los gobiernos delegacionales y central de la Ciudad de México.

Se han integrado en una organización denominada Damnificados Unidos, que ha sido estigmatizada por algunas autoridades asociándola a partidos políticos. Rechazan ser botín de inmobiliarias y rehenes de los grupos políticos que se disputan el poder de las jurisdicciones en las elecciones de julio,  que en unos meses de convertirán en alcaldías. Se quejan de la inacción de esas autoridades   porque muchas de estas personas damnificadas viven en improvisados albergues,  donde han soportado los frentes fríos, las lluvias, inadecuadas y pésimas condiciones de higiene o bien, los que mejor les ha ido, arrimados con parientes y amistades.

Esta agrupación de damnificados solicitó a la presidenta Nashieli Ramírez Hernández en esta primera audiencia pública, después de infructuosas quejas,  lo mínimo, el acceso a la justicia,  a  ser escuchados por el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, quien, aseguran, se ha negado a recibirlos.

Octavio está en una silla de ruedas. Como el inmueble que habitaba este damnificado y discapacitado, hay otros tres mil edificios en la capital con diferentes tipos de daños, según Damnificados Unidos, porque cada día suman más los afectados que se integran a esa organización.

En el curso de estos seis meses han fallecido personas mayores damnificadas por enfermedades cardiacas, pulmonares, además de la depresión que les afectaba. Nueve de estas personas mayores vivían en el multifamiliar Tlalpan donde se gestó esta organización,  en ese conjunto de edificios construidos por el gobierno en la mitad del siglo pasado  destinado a trabajadores al servicio del Estado mexicano.

Son historias de dolor las que se escuchan y graban en esa sala de la Comisión de Derechos Humanos de la capital mexicana, un gran porcentaje de las personas damnificadas, insisten,  pertenecen a los grupos más vulnerables, niños y personas mayores.

La vocera de Damnificados Unidos es una comunicóloga de 37 años, Francia Gutiérrez Hemosillo, quien trabajaba en una organización defensora del maíz (Sin maíz no hay país), uno de los alimentos más populares en México. Sus padres perdieron un departamento en el único edificio que se desplomó del Multifamiliar Tlalpan, donde nueve de sus residentes fallecieron sepultados por el sismo.

De la Colonia del Mar llegaron varias personas damnificadas, unas familias fueron engañadas al adquirir viviendas construidas sobre grietas; son 120 familias afectadas; a unas las tiraron sus casas y el terreno lo habitan a la intemperie, entre ratas y basura.

En esa jurisdicción sureña de la capital,  en un conjunto de casas de Santa Catarina, personas de la “tercera edad” perdieron sus patrimonios. Una joven expuso la tragedia de su padres, a su papá le dio diabetes y a su madre la depresión. Su casa se fue de lado, con grietas.

“Los verdaderos damnificados están aquí”, se escucha en uno de esos círculos porque se denuncia que hay quienes se han disfrazado de damnificados para recibir los apoyos gubernamentales y hay quienes aseguran que las tarjetas que les llegaron  a dar de un Fondo de apoyo en casos de emergencias, estaban sin fondos.

Es una tragedia multiplicada porque hay familias damnificadas que se han visto obligadas a regresar a sus viviendas a pesar de que sus inmuebles han sido catalogados en  “rojo” o de alto riesgo. Una de esas familias es la de la señora Alicia Rodríguez, discapacitada de 70 años de edad, quien tiene un hijo con estados depresivos y su esposo padece Alzheimer.

El edificio que habita la familia de la señora Alicia es de siete pisos y se ubica en la avenida Insurgentes norte 176, al norte de la ciudad de México. Otras 27 familias residían en ese inmueble. Esta damnificada que apenas se podía sostener en pie, narró su tragedia, carece de pensión y apenas logra mantener a su familia con pequeños trabajos de oficina que le encargan.

Las historias estremecen al personal de los derechos humanos de la capital mexicana. En la colonia Narvarte, en la calle de Nicolás San Juan,  un edificio de 21 departamentos resultó dañado; el 70 por ciento de sus habitantes son personas de la “tercera edad”. No saben qué hacer, les da miedo hablar.

En la Colonia del Mar, de Tláhuac, Ángeles Aguilera, una madre soltera con dos hijos, que realiza trabajos domésticos para mantenerlos, dijo que aprendió a vivir con las grietas del sismo. Su casa quedó volando, la rellenaron  por abajo, en una zona donde se suspendió  el servicio de agua potable y  sus habitantes se surten de una toma clandestina.

Rubén Espinoza, del multifamiliar de Tlalpan, en esa larga jornada de dolores a flor de piel, dijo que para las 500 familias de ese conjunto habitacional su vida diaria es de incertidumbre, mientras que para Carolina Deloante, de la Colonia del Mar, le urgía saber si van a rellenar las grietas que están debajo de su casa.

Son todas y todos, personas damnificadas,  los que hasta ahora son los olvidados del sismo que este 19 de marzo cumplen seis meses en calidad de huérfanos.