Por un proceso digno de reconstrucción que tome como centro a las personas

El enfoque mercantilista de la ley respecto del proceso de reconstrucción. Burocratizan nuestras demandas y no las resuelven. Enfoque mercantilista de la ley  de reconstrucción.

Foto: T E

Francia Gutiérrez Hermosillo.-Al cumplirse  seis meses del sismo del 19 de septiembre, las y los damnificados de la Ciudad de México continuamos en las calles y con la incertidumbre sobre el destino de nuestros hogares y en consecuencia de nuestras vidas, tal y como nos encontrábamos a escasas horas de que ocurriera el terremoto.

El vacío mostrado por las autoridades nos orilló a organizarnos y a reconocernos como damnificados para resolver las necesidades inmediatas de la emergencia. Testificamos el apoyo extraordinario de la ciudadanía para enfrentar las labores de rescate.

Sin embargo, la inacción mostrada por los servidores públicos, más interesados en administrar el conflicto y no resolver la contingencia, nos ha obligado a luchar por un proceso digno de reconstrucción que tome como centro a las personas y no convierta a los damnificados en botín electoral o carne de cañón para la banca o para el mercado inmobiliario. Somos sujetos de derecho no de crédito.

Formamos el Colectivo Damnificados Unidos de la Ciudad de México, luego de unas primeras reuniones en el Multifamiliar Tlalpan, para caminar en conjunto hacia la certidumbre y buscar una reconstrucción digna que no nos convierta en deudores o vulnere nuestras propiedades por medio de la redensificación.

Nuestro carácter de damnificados ha sido desestimado por autoridades de la Ciudad de México. El Jefe de Gobierno se niega a recibirnos y de diversas secretarías hay rutas de atención que burocratizan nuestras demandas y no las resuelven.

En el contexto de la aprobación de la Ley de Reconstrucción de la Ciudad de México, nos fue negado el derecho de audiencia a pesar de ser sujetos de esa legislación, hecho que denunciamos ante esta Comisión de Derechos Humanos donde no recibimos respuesta.

Cuando hace casi tres meses solicitamos a este órgano que realizará un estudio sobre posibles vicios de inconstitucionalidad de la Ley de Reconstrucción, pero sólo recibimos promesas de acompañamiento y notas periodísticas que señalaban que este ordenamiento no violaba derechos humanos.

Las acciones del gobierno y la Ley para la Reconstrucción han sido cuestionadas por especialistas en derecho e incluso por integrantes de la Comisión para la Reconstrucción, señalando grandes problemas:

  1. El enfoque mercantilista de la ley respecto del proceso de reconstrucción.
  2. La opacidad en el manejo del fondo de reconstrucción.
  3. La falta de técnica legislativa en su redacción.

En tanto, se acumulan los días en las zonas de colapso y campamentos. Damnificadas y damnificados viven en refugios y albergues improvisados que no cuentan con las condiciones mínimas de vida.

Niñas, niños, jóvenes, personas de la tercera edad han tenido que soportar condiciones adversas para poder cuidar sus inmuebles. Incluso, muchas y muchos de ellos optan por entrar a su vivienda aunque esté catalogada como de alto riesgo. Se agudizan las enfermedades, vecinos han perdido la vida a raíz de que su situación de damnificados aceleró complicaciones previas de salud.

Es preciso señalar que el Estado mexicano ha suscrito tratados internacionales que contemplan esquemas de vivienda digna para personas afectadas por desastres naturales. Omisión que se expresa día a día, noche a noche, en nuestros albergues y campamentos.

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Los derechos humanos no pueden ser condicionados por la ley a la aplicación de estudios socieconómicos, cuya evaluación queda a discreción de la autoridad, tampoco puede aceptarse condicionar el acceso a los programas de reconstrucción a la tenencia de un título de propiedad.

Las y los damnificados consideramos que no puede haber otra prioridad que no sea la reconstrucción y que el foco debe centrarse en el respeto a los derechos fundamentales de cada persona damnificada.

Ubicamos la necesidad de proteger nuestros derechos, por ejemplo el derecho de acceso a la justicia, el derecho a la audiencia y al debido proceso legal, el principio de legalidad, el derecho de petición, el derecho a la vivienda, los derechos de las personas adultas mayores, los derechos de las y los niños, el derecho a la información y el derecho a la verdad.

Emplazamos a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a que cumpla a cabalidad con sus objetivos y que funja como defensor de las y los damnificados en el derecho a una reconstrucción digna y que vele por quienes permanecen en las calles por el tiempo que dure la contingencia. Buscamos que se garantice el principio de inclusión y participación ciudadana y continuamos en la exigencia de la integración de los damnificados en el proceso de reconstrucción.

Texto leído por la representante de los Damnificados Unidos durante la audiencia pública  en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.