Saldos de dolor e impunidad en el sexenio de Peña Nieto: CNDH

 

• “No han disminuido durante estos casi seis años”, dijo González Pérez en Los Pinos
• Desfavorable la situación de los derechos humanos en el actual gobierno
• Impunes los crímenes de periodistas
• No hay mayor respeto y vigencia de esos derechos, ni se ha fortalecido el Estado de Derecho, ni ha cambiado el entorno caracterizado por la inseguridad y violencia; impunidad y corrupción; desigualdad y pobreza

 

 

En la residencia presidencial de Los Pinos, el ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez hizo un balance desfavorable del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto sobre la situación de los derechos humanos en los seis años de este gobierno, entre los que destacan los asesinatos de periodistas que permanecen impunes.

 

“Son saldos de dolor e impunidad que no han disminuido durante estos casi seis años”, dijo González Pérez al presentarle al presidente Peña Nieto el Informe de Actividades 2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y le advirtió que aún se estaba a tiempo de definir y lograr el país y la sociedad que queremos para nuestro futuro.

 

Sobre agresiones a periodistas González Pérez le dijo al presidente Peña Nieto que a ocho meses de que exista un nuevo titular del Poder Ejecutivo Federal, ya se ha registrado un número igual de periodistas asesinados que en el sexenio anterior, elevando la cifra de periodistas privados de la vida en 12 años a 104 casos que, en su mayoría, siguen en la impunidad.

 

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2012, citados por González Pérez, hubo 21 mil 459 carpetas de investigación por homicidio doloso, mientras que en 2017 la cifra fue de 25 mil 340, la más alta en los últimos 20 años.

 

 

Sin seguridad jamás habrá vigencia real de los demás derechos fundamentales, y sin el respeto a los mismos las medidas de seguridad serán vistas como imposición autoritaria, agregó. Nuestro país, enfatizó, requiere seguridad, pero no a cualquier costo ni por cualquier medio.

 

Tras mencionar que las repercusiones de ese entorno trascienden afectaciones económicas de los afectados que deben buscar por sí mismos la protección y garantías que las autoridades no les pueden brindar, González Pérez destacó el dolor y sufrimiento de miles de personas derivado de hechos de violencia, desaparición de personas, desplazamientos forzados y víctimas de algún delito.

 

“No hay mayor respeto y vigencia de esos derechos, ni se ha fortalecido el Estado de Derecho, ni ha cambiado el entorno caracterizado por los binomios de inseguridad y violencia; impunidad y corrupción; desigualdad y pobreza”, manifestó el presidente de la CNDH.

 

El combate frontal a la corrupción y el abatimiento de la impunidad deben asumirse como materias prioritarias en la planeación del quehacer público y en los hechos, dijo el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez a pocos meses de las elecciones presidenciales.

 

 

Ante la institucionalidad débil, Pérez expresó que la sociedad clama por seguridad, alto a la violencia, imperio de la legalidad, reducción de impunidad, prevención y sanción de la corrupción, además de reducir la desigualdad mediante políticas económicas que propicien desarrollo y reducción de la pobreza.

 

Además, dijo que es necesario abatir los cotos de poder en el servicio público, y tener una burocracia capacitada, comprometida y sujeta a controles de desempeño y rendición de cuentas para sin inhibir el ejercicio de sus funciones, dar certidumbre a la sociedad de que está preparada para servirla.

 

En su último año de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció el trabajo de la CNDH y la sociedad civil, y refrendó la “firme voluntad” de su Gobierno para continuar trabajando en estrecha colaboración y coordinación con la Comisión Nacional.

 

Luis Raúl González Pérez le manifestó que la sociedad mexicana le demanda “un México con una institucionalidad fuerte, que recobre para sus habitantes la expectativa de un rumbo de paz, seguridad y desarrollo, que haga a un lado el miedo y la incertidumbre, que cada persona y el conjunto de la sociedad vuelvan a tomar el control y responsabilidad de nuestro futuro, hoy empañado por la violencia, la impunidad y la corrupción”.

 

 

En el Salón “Adolfo López Mateos” de la Residencia Oficial de Los Pinos, el ombudsman nacional destacó los aspectos más relevantes de la actividad institucional de la CNDH durante el año pasado. Mencionó que desde 2012 la CNDH ha dado atención y respuesta a las más de un millón doscientas cincuenta y siete mil personas que han acudido al Organismo Nacional para solicitar su intervención o asesoría por considerarse agraviadas por algún abuso de poder.

 

De hecho, González Pérez le hizo al presidente de México hizo algunas reflexiones un balance general de la situación de los derechos humanos, durante los poco más de 5 años de la actual administración.

 

González Pérez insistió en que hasta hoy el balance no es favorable en materia de derechos humanos, ya que no se ha experimentado cambio significativo y objetivo hacia un mayor respeto y vigencia de esos derechos.

 

Tampoco, añadió, se ha logrado fortalecer sustantivamente nuestro Estado Democrático de Derecho, ni se ha modificado positivamente el entorno que, cuando se inició su mandato, ya enfrentaban, de manera cotidiana millones de mexicanas y mexicanos, caracterizado por los binomios inseguridad y violencia; impunidad y corrupción; desigualdad y pobreza.

 

González Pérez recordó que en días pasados el mandatario mexicano señaló que sería ingenuo y negligente pretender que el Estado renunciara al uso de la fuerza. Eso es cierto, dijo el presidente de la CNDH, como también lo es suponer que solo el uso de la fuerza, por legítimo que sea, debe ser la respuesta del Estado ante la violencia y la inseguridad.

 

 

“La violencia ha demostrado ser una inversión muy poco redituable, que tiene un costo altísimo para todas las personas”, y mencionó que el PRONAPRED, un Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia dejó de recibir recursos públicos de manera específica en 2017.

 

El Ombudsman nacional destacó que no ha recibido del Ejecutivo federal ningún intento de intromisión que pretendiera vulnerar la autonomía de la CNDH.

 

No obstante, precisó que los exhortos, propuestas y determinaciones del presidente Peña Nieto encontraron poco eco en las distintas autoridades, pues, aunque los derechos se asumen como prioridad en los discursos, su materialización efectiva queda relegada, como si fueran algo secundario.

 

Mencionó el optimismo de la instrucción presidencial para que las instancias de gobierno revisaran las recomendaciones pendientes de cumplimiento, la cual no fue atendida en sus términos y sería deseable que se cumplieran ese diagnóstico y plan de trabajo.

 

En el informe del presidente de la CNDH 2017 se menciona que las cinco autoridades federales con el mayor número de recomendaciones en trámite eran la Comisión Nacional de Seguridad, con 63; el IMSS, con 50; la Procuraduría General de la República, con 37; la Secretaría de la Defensa Nacional, con 18 y la SEP con 16. De igual forma, los 5 gobiernos estatales con el mayor número de estos asuntos en trámite fueron los estados de Oaxaca, con 16; Guerrero, 15; Chiapas, 12; Tabasco, 11 y San Luis Potosí, 9.

 

 

El caso de los estudiantes desaparecidos de Iguala

 

Luego de mencionar que solo 9 de 57 puntos propuestos por la CNDH en el caso Iguala habían sido cumplidos al concluir 2017, 36 estaban en vías de atención y 12 no habían sido atendidos, destacó la complejidad y falta de voluntad real y compromiso para esclarecer el asunto, lo que evidencia que el modelo de operación de la PGR está agotado y es necesario concretar las reformas en el ámbito de procuración de justicia para garantizar la autonomía, imparcialidad y eficiencia en el ejercicio de esa función.

 

González Pérez puso en relieve que cuando la CNDH ha denunciado actos de tortura, desaparición forzada, detenciones o ejecuciones arbitrarias no se pretende denostar a las instituciones o impedir el legítimo ejercicio de sus atribuciones.

 

Destacó asimismo que el Organismo Nacional no defiende delincuentes ni busca impunidad; impulsa que los derechos sean vigentes para todas las personas y que la ley se aplique de manera debida y sin distinciones.

 

Reconoció la destacada participación de las Fuerzas Armadas para atender desgracias naturales, como los sismos de septiembre pasado, y señaló que es deseable que las autoridades vigilen la ayuda y apoyo a damnificados, ante la posibilidad de desvíos y malos manejos, así como que pudiera haber actos de corrupción en el otorgamiento de licencias y autorizaciones para construcción que derivaron en la pérdida de vidas humanas.

 

Acerca de la Ley de Seguridad Interior, recordó que debe ser compatible con la defensa y protección de los derechos humanos por lo que la CNDH y otras instancias promovieron Acciones y Controversias de constitucionalidad que están en trámite. Con tal acción se pretendió consolidar las instituciones y preservar el Estado de derecho defendiendo la Constitución y las prerrogativas en ella reconocidas.

 

Llamó a reconocer, entre otras, la competencia del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU, para recibir casos individuales en que se considere que el Estado vulneró derechos humanos; y ratificar el Convenio 189 de la OIT sobre el trabajo doméstico.