Jornaleros agrícolas y sus familias, los nuevos esclavos del siglo XXI

  • Son víctimas de la complicidad de las autoridades laborales estatales y federales con enganchadores y empresarios agrícolas. Los engañan con servicios inexistentes en los campos agrícolas.
  • La explotación laboral forzada y  trata de personas cruza el país.

Especial de TE.-Al margen de las campañas presidenciales, de sus círculos de vanidades, de las querellas personales de los candidatos, descalificaciones y banalidades, existe otro México, el de los jornaleros agrícolas quienes junto con sus familias forman ese universo de más de cinco millones y medio esclavos  que son  enganchados hasta por el crimen organizado,  para laborar en los campos agrícolas mexicanos en condiciones de explotación y servidumbre semejantes a la colonia española y a las de la tiendas de raya de la dictadura porfirista de fines del siglo XIX y principios del siglo XX.

En una de las sedes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Se escuchan historias de un drama aún invisible para la sociedad mexicana.  Margarita Nemesio Nemesio, Coordinadora Nacional de la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícola, narró la tragedia de  estas familias víctimas de explotación laboral  y del delito de trata de personas al incorporar a niñas, niños, adolescentes y personas ancianas a esas ominosas condiciones de trabajo en los campos agrícolas del país.

El presidente de la CNDH, el abogado Luis Raúl González Pérez, escuchó las estrujantes historias de una población mexicana, mayoritariamente indígenas, que recorre el país en busca de un sustento que en sus lugares de origen carecen, sin fuentes de empleo ni posibilidades de hacer rendir sus parcelas para su autoalimentación.

Para la coordinadora de la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas, Margarita Nemecio Nemecio,   este tipo de trabajo agrícola es un reclutamiento forzado. En Baja California, Chiapas, Coahuila, Morelos, Nuevo León, el drama es el mismo.

El motivo de conocer las condiciones en que se desarrolla la vida de estas más de cinco millones de trabajadoras mexicanos es la presentación del Estudio sobre la intervención de las Autoridades del Trabajo en la prevención de la Trata de Personas y la detección de posibles víctimas en campos agrícolas hecha por el propio González Pérez.

Los  resultados de este estudio son desastrosos para el Estado y los gobiernos mexicanos; evidencia de negligencia, abulia, indolencia y  apatía  de las autoridades laborales y de sus inspectores  para  evitar los trabajos forzosos por hambre de familias completas de jornaleros agrícolas que caen en el delito de trata de personas.

El hilo entre la negligencia y la corrupción es en extremo  muy delgado. La mayoría de estas autoridades laborales y sus inspectores carecen de capacitación y regularmente son improvisados en tareas para las cuales ignoran sus funciones, empezando por hacer a un lado las leyes laborales mexicanas, empezando por su propia Constitución que ampara a los trabajadores en su artículo 123, fruto de arduas luchas sindicales desde el principio del siglo XX mexicano.

Estas familias de trabajadores agrícolas provienen de los estados con más miseria en sus habitantes: Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Morelos,  Hidalgo. Los enganchadores van hacia “los mercados de gente”, como en Tlapa de Guerrero, les seducen con cartulinas en los que describen servicios inexistentes en los campos agrícolas, dormitorios, guarderías, servicios médicos…

Los empresarios agrícolas los contratan de inmediato, no hay dilación, les urge recoger las cosechas de hortalizas. Cuando ya están en los campos, las realidades son otras, incluso cuando están levantando las cosechas se ha llegado al extremo de que las avionetas fumigan cuando las familias de trabajadoras agrícolas están en plena faena.

Estas familias son atrapadas en los campos agrícolas con salarios bajos y tienen que pagar alquileres de espacios donde dormir. En los dormitorios que les ofrecen los empresarios, las camas son de cemento y los jefes de familia las cubren con cartones para dormir con sus hijos, esposas y abuelas y abuelos  ancianos.

De 33 autoridades federal y estatales, 21 de ellas reportaron en este Estudio detectar o prevenir posible casos de trata de personas; el  71.4 por ciento señalaron que llevan a cabo inspecciones en los centros de trabajo de los campos agrícolas, pero no proporcionan información sobre la manera de verificar la inexistencia de posibles víctimas de trata de personas o las acciones que realizan en el marco de las inspecciones para prevenir  este delito.

Estas autoridades laborales no se salvan,  ni las de la Ciudad de México. La lista de negligentes incluye a las dos Baja Californias de la península, Estado de México, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Aguascalientes, Campeche y Michoacán. Otros estados llegan a reportar acciones pero sin concretarlas, incluyendo a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal.

La colusión de distintas autoridades laborales frente a la explotación laboral forzada por el hambre y la trata de personas es un fenómeno delictivo que de hecho cruza el país de sur a norte y de costa del Pacífico al Golfo de México y el Atlántico.

De hecho todas las autoridades de las 32 entidades del país y la autoridad federal conocen del fenómeno delictivo de la trata de personas, del trabajo infantil y adolescente en los campos agrícolas, pero sin actuar. Dan respuesta a oficios, pero excluyen el abordaje de para combatir estos ominosos delitos.

De las 33 autoridades se ha llegado el caso que doce  ni siquiera reportan acción alguna, entre ellos de Aguascalientes, Querétaro, Tabasco, Campeche, Michoacán, Morelos y Zacatecas, gobiernos de diferente signo ideológico, de izquierda Partido de la Revolución Democrática, de  derecha Partido Acción Nacional  y del gobernante PRI.

Realizan acciones algunas autoridades laborales pero no informan de la de las condiciones de vulnerabilidad  de infantes y adolescentes en los campos agrícolas.

El tema no es nuevo. Durante el segundo foro organizado por la Alianza Hortofrutícola Internacional para el Fomento de la Responsabilidad Social (Ahifores) se denunciaron los trabajos sin contratos escritos, condiciones de vivienda deplorables y traslados inseguros a falta de una figura legal de reclutamiento.

Ningún trabajador agrícola accede al derecho a pensión, retiro, incapacidad por maternidad, paternidad o  vivienda.

En la reunión convocada por la CNDH, la coordinadora de la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas, Margarita Nemecio, realizó una larga narrativa de la tragedia de estas familias de trabajadores mexicanos en los campos agrícolas.

El argumento esgrimido y desvergonzado de  los empresarios agrícolas es que estarían peor estas familias sin trabajo. Por eso los enganchadores los atrapan con ofertas de óptimas condiciones en los campos agrícolas, sitios de descanso, guarderías para sus hijos, servicios médicos, alimentación, días de descanso, contratos.

La áspera y brutal  realidad es otra cuando las familias viajan miles de kilómetros hacia la utopía que les construyen los enganchadores, ahora vinculados a las organizaciones del crimen organizado, aseguró Armando Luna Canales, quien es presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados federal.

Viajan hasta cuatro meses por el país. Son una especie de familias golondrinas que dejan sus pueblos de origen porque  sus tierras ya no producen  y tienen que viajar para mitigar el hambre de sus hijos e hijas. Y aumentan el ejército de miserables de este país, dijo con un dejo de dolor y enojo Mayra Rojas Rosas, directora del Colectivo contra la Trata de Personas.

Es el flagelo de la sociedad moderna, la esclavitud laboral, dijo la representante en México de la Organización Internacional del Trabajo, Geraldine González Marroquín. No es un trabajo decente. Son condiciones precarias e inaceptables.

Para el diputado Luna Canales no se conocen los alcances de la explotación laboral en los campos agrícolas. El problema tiene varias caras, entre ellas, la del crimen organizado.

Los datos fríos de la  coordinadora de la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas son reveladores:

En México la población de 15 años o más, ocupada en actividades agrícolas, es de 5.5 millones de personas a diciembre de 2015, de las cuales 56% son agricultores y 44% trabajadores.

Ganan en promedio 18.5 pesos por hora laborada.

Respecto a su acceso a servicios de salud, 17 de cada 100 agricultores cuentan con esta prestación, mientras que de cada 100 trabajadores agrícolas de apoyo sólo son cuatro los que cuentan con dicha prestación.

Sobre prestaciones como aguinaldo y vacaciones con goce de sueldo, 20 de cada 100 agricultores cuentan con ellas, mientras que entre los trabajadores agrícolas de apoyo sólo son siete de cada 100 los que las obtienen.

Únicamente 14 de cada 100 agricultores cuentan con contrato escrito, en tanto que de los trabajadores agrícolas de apoyo, sólo tres de cada 100 son contratados por escrito; para ambos tipos de trabajadores agrícolas que son contratados por escrito, seis de cada 10 tienen contrato escrito temporal o eventual, y los cuatro restantes de base o planta.