Invisibles las personas mayores para quienes aspiran  a la presidencia de México

• 70 por ciento de las personas de más de 60 años carecen de una pensión retributiva.
• Ni una sola mención a una población que se acerca a los 15 millones de personas entre los 60 y más años de edad.
• En algunas de las plataformas de los partidos políticos apenas los citan.

José Luís Camacho López – Agustín Martínez Abascal, de 88 años, vecino de Netzahualcóyotl, cerca del Metro Pantitlán, un campesino  originario de Oaxaca, carece de credencial de elector. Su hija lo único que le ofrece es darle de comer, pero para colaborar con el gasto tiene que solicitar dádivas todos los días en la Estación  del Sistema de Transporte Colectivo, apenas llega a recolectar menos de treinta pesos.

Hace unas semanas, Agustín fue operado de cataratas en el Hospital General, le cobraron cinco mil pesos que le prestó con trabajos su hija, pero quedó mal y apenas puede identificar a las personas que pasan junto a él, cuando les solicita con desesperación de su mano extendida “una limosnita por favor”.

En el Hospital del parque de Los Venados del Seguro Social, la mañana del 23 de abril, un día después del debate de las cinco personas aspirantes a la presidencia de México, en el primer piso, Daniel, de 85 años,  espera que un indolente e irascible médico urólogo, Eduardo R. Achótegui, le prescriba medicamentos para su esposa. Daniel, un anciano platicador que habla de la corrupción y no está bien enterado de que en la Ciudad de México gobierna un Jefe de Gobierno, no se siente ni se sintió representado en los mensajes de  quienes aspiran al máximo cargo de representación popular en México expresados en el debate del Palacio de Minería.

Daniel es un pensionado que trabajó en diversas empresas farmacéuticas, acumuló mil 600 semanas de cotización, trabajó 45 años, pero su pensión fue rebasado por el salario mínimo,  percibe cien pesos menos. Su pensión no rebasa los 2 mil 700 pesos mensuales y le ayuda su hijo que trabaja por honorarios en una secretaría de Estado, pero no le  han pagado desde diciembre último.

Ambas personas mayores forman parte de un grupo de personas mayores de 60 años que según datos del Registro Federal de Electores son 14 millones 809 mil personas de ese grupo de edad, que teóricamente acudirán a las urnas el primer domingo de julio para elegir presidente o presidenta de la República.

En sus plataformas el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido Verde Ecologista de México(PVEM) Movimiento Ciudadano (MC), Movimiento de Regeneración Nacional( MORENA), Encuentro Social (ES), Partido Humanista (PH), Partido del Trabajo (PT),  mencionan a las personas adultas mayores con la excepción de Nueva Alianza (NA), pero sin ser banderas durante las campañas del actual proceso electoral.

En el primer debate entre José Antonio Meade, del PRI; Ricardo Anaya, del PAN-PRD; Andrés Manuel López Obrador, de Morena, de Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón, ambos independientes, este numeroso grupo de mexicanos y mexicanas permanecieron invisibles en sus debates, réplicas y ataques no obstante que uno de los temas  de su agenda era la población vulnerable. Hablaron de las mujeres, niños y niñas, personas discapacitadas y migrantes, pero para nada de una población altamente vulnerable como son las personas mayores en México.

México vive un rápido proceso de envejecimiento de su población, la pirámide poblacional empieza a invertirse, por hoy hay más personas mayores de 60 años que infantes de cinco años y en 2030 habrá más personas mayores que adolescentes.

Sin embargo, para los partidos políticos y para quienes aspiran a la Presidencia de México las personas mayores no existen más que para estrategias de clientelismo político, pero no hay expresiones fundadas ni diseño de políticas públicas que se adelanten al impacto en las instituciones de gobierno de la población que envejece  sin las suficientes previsiones en materias de salud, empleo, pensiones, infraestructura urbana.

Las pensiones serán el talón de Aquiles para los futuros gobernantes del país. La directora de la Oficina de la Organización del Trabajo (OIT) para México y Cuba, Gerardina González Marroquín, estimó que en el tema de pensiones solamente   entre un 25 y 30 por ciento  de las personas mayores mexicanas  llegan a completar todos los requisitos para una jubilación, y coincidió en regresar al esquema solidario y “en el fin a las Afores”, que se han  convertido en una pesadilla para las futuras generaciones de personas de edad del país.

González Marroquín ha planteado que uno de los objetivos de la Agenda 2030 plantea la universalización de los sistemas de protección social, es decir, la cobertura y acceso a la seguridad social para todas y todos, situación que implica un importante desafío para México debido a la elevada informalidad en el mercado laboral, ya que aproximadamente la mitad de la población ocupada trabaja en condiciones precarias y sin acceso a ninguna seguridad social.

Isalia Nava Bolaños, una experta universitaria en el tema del envejecimiento de la población en México, opina que falta mucho que hacer en el país en relación a políticas públicas preventivas ante ese 70 por ciento de la población adulta mayor que no recibe una pensión retributiva.

Entrevistada por TE, el Diario de las Personas Mayores, después de la presentación de un libro sobre Población y Envejecimiento hecho durante la Feria del Libro y de la Rosa en Ciudad Universitaria, Nava Bolaños advirtió del crecimiento de esa población  que en el futuro, tres o cuatro décadas más, su situación será mucho más difícil a la de ahora que sobrevive de apoyos familiares.

El 70 por ciento de esos casi 15 millones de personas mayores en México sobrevive de los apoyos familiares,  dijo a nuestro diario. Pensiones como las del gobierno de la Ciudad de México a través de una Tarjeta de Pensión Alimentaria mitigan las angustias de esta población;  otro grupo más numeroso, más de cinco millones  en el interior del país reciben cada dos meses alrededor de mil 200 pesos al mes, mientras que los derechohabientes  de la Tarjeta de Pensión Alimentaria de la Ciudad de México  doblan esa misma cantidad pero cada mes.

Nava Bolaños es de la opinión de una política pública que haga algo acorde con el envejecimiento de la población. Por ahora esta experta se pregunta qué pasa  con el resto de la población actual de más de 60 años, ese 70 por ciento que no tiene un ingreso asegurado en México.

En la sede del  Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al sur de la ciudad, el Jefe de Gobierno, José Ramón Amieva Gálvez, uno de los pocos funcionarios que ha visualizado desde su anterior cargo de secretario de Desarrollo Social, el tema de la vejez, hizo una alusión al tema enla  Tercera Semana de Seguridad Social y el Empleo,  que no tocaron quienes aspiran a la Presidencia de México en su primer debate.

Amieva Gálvez destacó que para erradicar la pobreza  y alcanzar una situación de Crecimiento Social Sostenido, es necesario conjuntar dos vertientes muy importantes: la aplicación de programas sociales combinadas con un salario justo que permita cubrir las necesidades básicas y desarrollar las aspiraciones personales. El tema del salario justamente  va emparentado al futuro de pensiones dignas en México.

Amieva Gálvez inauguró en ese instituto de la UNAM la Tercera Semana de Seguridad Social y el Empleo en la Ciudad de México con el objetivo de evaluar y reflexionar sobre la situación que guarda el derecho de acceso a un trabajo digno y la seguridad social en el país.

Durante ese evento convocado por la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX (STyFE), su titular Amalia García Medina, manifestó ser  partidaria de los programas sociales robustos, los cuales  deben ir dirigidos a quién los necesita, en el momento en que los necesita para que se resuelva la situación de vulnerabilidad que presentan. En tanto, dijo, a través del ingreso se obtendrán los recursos económicos indispensables para garantizar el acceso a un estado de bienestar.

“A un trabajo digno debe corresponder un salario justo que considere no solamente cumplir con las necesidades básicas, sino garantizar todos los demás derechos. Entonces, en una sociedad progresiva no podemos sustentar el bienestar en el dinero, en las proyecciones financieras, lo tenemos que sustentar en el cumplimiento de derechos”, subrayó García Medina.

García Medina hizo énfasis en analizar sobre los alcances en materia de seguridad social y condiciones laborales en una sociedad tan profundamente desigual como la mexicana, por lo cual planteó la urgencia de regresar al esquema solidario que alcance a la población adulta mayor de México.