Domina la desconfianza de la ciudadanía hacia los partidos políticos y servidores públicos

 

• Solamente 6.9% de la población confía en sus partidos políticos y 23.9% una cuarta parte, confía en los servidores públicos
• La mayoría del público no conoce a la Comisión de Derechos Humanos de la capital mexicana

 

 

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI en 2017, “nos dice que en la Ciudad de México, solamente 6.9% de la población confía en sus partidos políticos”, afirmó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández.

 

Pero, de igual manera esto es bajo, añadió, pues solamente 23.9% una cuarta parte, confía en los servidores públicos.

 

Para Nashieli Ramírez Hernández, estas cifras destacan que el reto es mayúsculo para la Comisión de los Derechos Humanos que encabeza en cuanto a lograr la confianza de la ciudadanía capitalina ya que “solamente cuatro de cada diez tienen plena confianza en nosotros”.

 

En una declaración poco inusual en el ámbito del servicio público, la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la capital mexicana reconoce que bajo esos términos y cifras “mucha tampoco nos conoce”.

 

Esta luchadora por los derechos humanos que encabeza esta Comisión desde finales del año pasado reconoce el reto mayúsculo de construir la con fianza de la ciudadanía de la Ciudad de México, con una población que supera los nueve millones de habitantes, de los cuales más de un millón es de personas mayores de más de sesenta años.

 

En su Informe Anual 2017, Nashieli Ramírez Hernández reportó ocho mil 583 quejas presuntamente violatorias de los derechos humanos que consagra la Constitución General de la República mexicana desde el 2011 y que se incorporaron a la Constitución de la Ciudad de México que estará vigente en septiembre próximo.

 

En ese universo de quejas, nueve mil 942 corresponde a denuncias a autoridades que pertenecen en mayor medida al órgano central, casi nueve de cada diez, del órgano central del gobierno de la Ciudad de México.

 

“Y estamos hablando de servidores públicos de casi toda la administración de la Ciudad de México, dijo la presidenta de esa Comisión fundada en la última década del siglo pasado durante la firma de un Convenio Marco de colaboración con la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México (EAP).

 

Ramírez Hernández citó que esas quejas se refieren a servidores públicos que están a cargo de los diversos programas de gobierno y servicios públicos que están al frente de ventanillas de las oficinas gubernamentales a las que concurren la ciudadanía capitalina.

 

Para hacer frente a una seria problemática que afecta a la población usuaria de los servicios públicos de la capital del país, la Comisión de los Derechos Humanos de la capital y la Escuela de Administración Pública de la CDMX se proponen cerrar ese gran bache que impide el ejercicio de los derechos humanos de la ciudadanía.

 

En ese Convenio se plantea impulsar la certificación, capacitación, profesionalización y educación de servidoras y servidores públicos capitalinos en materia de derechos humanos, con el propósito de generar confianza de la ciudadanía en las instituciones.

 

Ramírez Hernández, señaló que las personas servidoras públicas tienen una alta responsabilidad en garantizar y respetar los derechos humanos. Por este motivo, dijo, destaca la importancia de la adecuada formación y actualización en este ámbito, de la mano de la EAP.

 

Con este Convenio se plantea llevar a cabo cursos, talleres, diplomados y maestrías a las y los servidores públicos capitalinos, “porque hoy más que nunca la ciudadanía debe recibir una mejor atención y servicios, a partir del respeto a los derechos humanos”, dijo el Director de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, León Aceves Díaz de León.

 

Aceves Díaz de León declaró que no se puede soslayar el contexto actual que vive el país en desigualdad, inseguridad, violencia y amenazas a las libertades de las y los ciudadanos.

 

Por ello, dijo, los derechos humanos reclaman toda la atención de los poderes públicos y la firme actuación de las autoridades para retomar el camino de la democracia y la gobernabilidad.

 

Para el Director de la EAP los derechos humanos deben orientar cada decisión de gobierno y política pública, porque ello protegería de mejor manera la dignidad de las personas y al mismo tiempo legitimaría las acciones de gobierno.