Prevalece la violación de los derechos humanos en la capital mexicana

Las más comunes por detenciones arbitrarias, violencia institucional contra mujeres adolescentes en internamiento; en Juzgados Cívicos; omisiones en la investigación de feminicidios y homicidios de periodistas y de defensores de derechos humanos; uso desproporcionado de la fuerza pública; violencia obstétrica; y mala práctica médica.

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En la ceremonia del informe de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashiele Ramírez Hernández, donde el Jefe de Gobierno capitalino, José Ramón Amieva Gálvez, pidió “no olvidarse de las personas mayores”, la doctora Clara Jusidman puso de manifiesto su incertidumbre sobre el futuro de los derechos humanos en la capital mexicana al ponerse en evidencia que persisten graves violaciones a los derechos humanos en la capital mexicana.

En esa reunión, la presidenta de esa Comisión de Derechos Humanos evidenció en su informe de 2017 que prevalecen violaciones a los derechos humanos en los ámbitos de la justicia. Las más comunes por detenciones arbitrarias, violencia institucional contra mujeres adolescentes en internamiento; en Juzgados Cívicos; omisiones en la investigación de feminicidios y homicidios de periodistas y de defensores de derechos humanos; uso desproporcionado de la fuerza; violencia obstétrica; y mala práctica médica.

Tras conocer estos señalamientos, el Jefe de Gobierno hizo un llamado a los servidores públicos de la administración que encabeza a salir a las calles a escuchar a los gobernados tras reconocer que los derechos humanos causaban escozor e incomodidad en las administraciones capitalinas anteriores. Los exhortó a cumplir sus labores bajo una visión de desarrollo, progresividad y respeto a los derechos humanos, respetando la integridad, la vida y la forma de pensamiento de todas y todos.

“Promovamos, incluso, demandemos cuando sepamos que alguien está siendo vulnerada, vulnerado en esos derechos que le son absolutamente inherentes en esta ciudad”, indicó el mandatario capitalino.

“Entendimos que esta comisión se constituye en un vínculo importante con las instancias de la sociedad civil organizada que son la voz y el actuar de quienes en un momento no pueden expresar, no pueden demandar esa justicia o esa intervención de las autoridades”, dijo Amieva Gálvez.

Jusidman, presidenta de Incide, una organización no gubernamental y ex consejera de esa Comisión,  expuso los  desafíos que enfrentarán el ejercicio de los derechos humanos de los habitantes de la capital del país al entrar en vigor el próximo septiembre la primera Constitución de la Ciudad de México, en sus cerca de dos siglos de vida independiente.

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La avanzada Constitución de la Ciudad de México que para Jusidman ha logrado colocar los derechos humanos a las personas y su dignidad,  aún enfrenta controversias constitucionales no resueltas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por impugnaciones al apartarse de los criterios de la norma superior que representa la Constitución General de la República.

Al entrar en vigor esa Constitución que reconoce los derechos específicos de las minorías capitalinas, las poblaciones de personas mayores, de la diversidad sexual, de afrodescendientes, y de niños, jóvenes y mujeres, se tendrán que elaborar en el nuevo Congreso de la capital leyes que aseguren la aplicación de los nuevos derechos humanos, en una ciudad donde aún se violan los derechos de la población de acuerdo con el informe que presentó la doctora Nashiele Ramírez Hernández.

Ramírez Hernández destacó que a los 25 años  existencia de la Comisión que encabeza y los cambios institucionales frente a la nueva Constitución de la Ciudad de México,  plantean una armonización legislativa y reingeniería institucional de gran alcance.

En un auditorio lleno de activistas de los derechos humanos, servidores públicos, abogados y representantes de los poderes legislativo y judicial de la Ciudad de México, la presidenta de la Comisión de Derechos humanos de la entidad capital señaló las dependencias que registran el mayor número de agravios contra la población capitalina.

Entre las dependencias gubernamentales señaladas como las que han sido denunciadas en la Comisión de Derechos Humanos capitalina por cometer el mayor número de violaciones, se encuentran la Secretaría de Gobierno, la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública y la secretaría de Salud.

También se menciona en este informe correspondiente al año 2017 como las delegaciones que en septiembre se convertirán en alcaldías, donde se registran el mayor número de violaciones a los derechos humanos a  Iztapalapa, Cuauhtémoc, Gustavo A, Madero y Xochimilco, donde reside la población más pobre de la capital mexicana.

En la Ciudad de México prevalecen además presuntas violaciones a los derechos a la seguridad pública, de las personas privadas en su libertad, a la salud, de la víctima o persona ofendida, a la integridad personal y al trabajo, entre otras quejas que registra esta Comisión de los Derechos Humanos fundada hace un cuarto de siglo.

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De las denuncias recibidas en 2017, dijo Nashieli Ramírez Hernández, se registraron 8 mil 812 expedientes de quejas, los cuales fueron turnados a cada una de las cinco Visitadurías generales para su atención, investigación y determinación; 91 quejas fueron iniciadas De Oficio, al conocer de hechos presuntamente violatorios de derechos humanos, a través de los medios de comunicación.

En total, añadió, y como resultado de la labor de la Comisión, se concluyeron 9 mil 382 expedientes de queja, los cuales concentran 42 expedientes y más de 108 personas agraviadas. No obstante, se alcanzaron avances en el cumplimiento de instrumentos recomendatorios sujetos a seguimiento, al concluirse 261 puntos y 14 Recomendaciones en su totalidad.

Dichas Recomendaciones fueron dirigidas a distintas autoridades de la Ciudad de México; de las cuales, cuatro fueron aceptadas en su totalidad y tres sólo fueron aceptadas parcialmente, aseguró la presidenta de esa Comisión de los Derechos Humanos de la capital mexicana.

Esta presidenta citó que del cumplimiento de 14 recomendaciones se logró el pago de indemnizaciones a 106 víctimas relacionadas con 24 Recomendaciones emitidas desde 2007; y la elaboración, revisión y publicación de manuales y protocolos para regular la actuación de las autoridades, en el contexto de manifestaciones o reuniones públicas.