Los depredadores más peligrosos de la Ciudad de México

• Las inmobiliarias gozan de total impunidad  por la corrupción. Claudia Sheinbaum Pardo recibirá una ciudad en el peor de los mundos.
• El sismo del 19 de septiembre mandó una alerta ineludible sobre las condiciones actuales del suelo de la capital mexicana

Sin freno en el actual gobierno, central y delegacionales,  que está por terminar, los desarrolladores inmobiliarios están acabando con la la Ciudad de México, son los depredadores más peligrosos de la capital mexicana. Sus ganancias son cuantiosas y en unos cuantos metros cuadrados levantan inmuebles que terminan por saturar distintas zonas de la capital mexicana. Gozan de la más absoluta impunidad   por  la corrupción de servidores públicos que les otorgan toda clase de prebendas en  las licencias de construcción.

Por la actividad depredadora de los desarrollos inmobiliarios, según informes estadísticos, para 2030 la capital mexicana  habrá perdido aproximadamente 30% del suelo de conservación.

La pérdida del suelo de conservación pone en riesgo la calidad de vida de los habitantes, provoca la extinción de su patrimonio natural y cultural, una disminución de la calidad del ambiente y genera la presencia de hundimientos, advirtió la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la capital mexicana.

Uno de los esos pavorosos ejemplos inmobiliarios  que atentan contra al medio ambiente es el conjunto de más de 300 departamentos construidos sobre mantos freáticos en la  avenida Aztecas 215, en la delegación de Coyoacán.

Ninguna protesta  valió, ni siquiera la intervención  de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México que se ha visto incapaz de impedir que los desarrolladores inmobiliarios, en complicidad con funcionarios delegacionales, levanten inmuebles que modifican radicalmente la vida de los barrios, como los de Los Reyes y La Candelaria de Coyoacán, zonas de población que tienen su origen en la época prehispánica. Se acaban el agua, saturan las vialidades y drenajes  y  amenazan con el desplazamiento a los habitantes originales.

Durante meses, el agua de los mantos freáticos de esa zona de Coyoacán donde se construyó ese inmueble  fue arrojada al drenaje. Las autoridades delegacionales, a pesar de las protestas vecinales, se abstuvieron de decretar si la gran obra era ilegal y fuera de las normas.

En dos frases la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández resumió este tipo de casos de rapacidad inmobiliaria  en la presentación del estudio Crecimiento Urbano y Derechos Humanos en la Ciudad de México: corrupción mortífera y conductas sociópatas.

Claudia Sheinbaum Pardo, la Jefa de Gobierno electa, recibirá una ciudad en el peor de los mundos, dijo César Arnulfo Cravioto Romero,  actual Diputado de la Asamblea Legislativa capitalina, quien será el comisionado de la Reconstrucción del gobierno.

Ramírez Hernández mencionó en el acto llevado a cabo en la sala Digna Ochoa de la Comisión de Derechos Humanos, que entre los años 2011 y 2017 esta Comisión investigó 234 quejas relacionadas con los diversos temas inherentes al crecimiento urbano en las que sobresalen los desarrollos inmobiliarios.
Los señalamientos más frecuentes en las quejas fueron corrupción, en el marco de tales proyectos inmobiliarios y obras públicas. “La corrupción, bajo cualquier modalidad, es un escenario que propicia la existencia de violaciones a derechos humanos; empero, en el contexto de los proyectos inmobiliarios y de las obras públicas, la corrupción tiene la potencialidad de ser factor detonante de la pérdida de vidas humanas”.

“Esta corrupción que se vuelve mortífera es especialmente reprobable, no sólo por sus consecuencias más evidentes, sino porque implica la normalización de conductas sociópatas que terminan por lastimarnos y degradarnos como sociedad”, dijo Ramírez Hernández.

No todas las recomendaciones hechas por la Comisión sobre el tema de la impunidad de que gozan las inmobiliarias. Solamente seis fueron concluídas de las 23 que fueron enviadas a las diversas autoridades de la Ciudad de México.

En general, se muestran reacias a aceptar los puntos recomendatorios relativos a la imposición de sanciones, afirmó la presidenta de esa Comisión de Derechos Humanos. “Tenemos la convicción de que la falta de sanción efectiva es caldo de cultivo para la corrupción y por ende debe atenderse este fenómeno de impunidad”.

Ramírez Hernández dijo que su Comisión identificó otras problemáticas relacionadas con el crecimiento urbano:
•     Los proyectos constructivos, principalmente privados, violan los límites establecidos en las normas. Por ejemplo, incrementando la extensión construida a costa de áreas libres y permeables y excediendo la altura establecida previamente para las diversas zonas de la ciudad.
•     Violación a los usos de suelo.
•     Incumplimiento de las autoridades a su deber de vigilancia en materia de construcciones.
•     Riesgos reales y actuales para la sustentabilidad ambiental de la Ciudad.
•     Falta de adopción de medidas de seguridad en la realización de obras públicas, con el consecuente riesgo para la integridad y la vida de las personas que tienen inmuebles colindantes a una obra, o que transitan o trabajan en las construcciones.
•     Conflictividad social en el marco de los proyectos inmobiliarios y de las obras públicas; así como pasividad o ausencia de las autoridades para resolver tales conflictos.
•     Problemas en la disponibilidad y prestación de servicios básicos como agua, saneamiento, recolección de residuos, etc.
•     Laxitud en la regulación del mercado inmobiliario.
•     Cambios sensibles en la imagen urbana, el modo de transitar, los estilos de vida y, en general, la forma de vivir.
•     Falta de certeza jurídica respecto de qué y en dónde es posible edificar en la Ciudad.
En este Informe, citó Ramírez Hernández,  se identifican y sistematizan los diversos derechos humanos que entran en juego al analizar las diversas problemáticas relacionadas con el crecimiento urbano. Así, en el informe se analizan los derechos humanos:
*A la tierra

*A la ciudad

*Al uso y disfrute del espacio público

*A los servicios urbanos básicos

*A la vivienda
*A un nivel de vida adecuado

*A un medio ambiente sano

*A la información, la participación y a la consulta.

De esta manera, añadió Ramírez Hernández, queda claro que el crecimiento urbano de la Ciudad es una agenda de enormes dimensiones. Por ello es importante analizar con un enfoque de derechos humanos los cinco principales desafíos para la Ciudad en materia de crecimiento urbano, derivados de este Informe.

Primer desafío: Conservar al máximo las zonas protegidas y cuidar el equilibrio ambiental.

El área rural en la Ciudad corresponde al 59% del territorio y se encuentra principalmente en el suelo de conservación. Las delegaciones Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco cuentan con los mayores porcentajes de suelo de conservación.

La Ciudad de México cuenta con 23 áreas naturales protegidas y un área comunitaria de conservación ecológica equivalentes a 17% del suelo de conservación.

En esta materia existe una problemática particular por la confrontación de grupos sociales que apoyan y realizan la ocupación de suelos de conservación buscando posteriormente regularizar la posesión.

Segundo desafío: cubrir las necesidades de vivienda de la población.

Tercer desafío: Atención a las necesidades de movilidad, obras y servicios públicos.

En la Ciudad, se realizan aproximadamente 17 millones 300 mil desplazamientos al día.

Cuarto desafío: Garantizar el Derecho a la Ciudad.

La accesibilidad universal y la seguridad en espacios públicos, medios de transporte y entorno público, así como la recuperación de los espacios de convivencia y solidaridad, son temáticas esenciales para la plena garantía del Derecho a la Ciudad. Este derecho y el crecimiento urbano tienen una relación instrumental en la que éste debe servir a la plena realización del Derecho a la Ciudad.

Quinto desafío: La reconstrucción de la Ciudad de México y su reconocimiento como Ciudad Sísmica.

La Ciudad de México es una Ciudad Sísmica. Esta constante no debe ser soslayada en las discusiones sobre crecimiento urbano. El día de ayer, se cumplieron diez meses del sismo del 19 de septiembre de 2017 y 384 meses del sismo de 1985. Y para que no se nos olvidara… ¡Ayer tembló!

El sismo del 19 de septiembre de 2017 dejó en evidencia diversas problemáticas urbanas y mandó una alerta ineludible sobre las condiciones actuales del suelo de la Ciudad, posicionando en la agenda pública la urgencia de revisar la normatividad y la política pública en materia de prevención de los desastres naturales, ordenamiento territorial, construcciones y planeación urbana.

El fenómeno sísmico dejó al descubierto una serie de irregularidades y omisiones que esta Comisión se encuentra investigando en el marco de las cerca de 200 quejas en trámite y además, en desarrollo de otro Informe Especial relacionado con los derechos humanos de las personas damnificadas por el sismo del 19 de septiembre, el cual será puesto a disposición de la Ciudad, con este mismo entorno: presente, futuro y porvenir, en términos de atención y generación de políticas públicas de manera inmediata.