La oscura y turbia justicia mexicana

 

  • Sin el debido proceso condenan a largas penas a 14 indígenas
  • Flagrantes violaciones a los derechos humanos de 12 hombres y dos mujeres indígenas encarceladas en la Ciudad de México
  • Múltiples irregularidades cometidas por policías de investigación, defensores de oficio, ministerios públicos y jueces

 

 

La parte más oscura y turbia de la justicia mexicana emergió en la Sala Digna Ochoa de la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la capital mexicana. La presidenta de esta institución, Nashieli Ramírez Hernández, dio a conocer 14 flagrantes violaciones al debido proceso de 14 personas indígenas, 12 hombres y dos mujeres, encarceladas en los penales capitalinos por diversos delitos.

 

Ramírez Hernández evidenció múltiples irregularidades cometidas desde los policías de investigación, los defensores de oficio, los ministerios públicos y los jueces en una Recomendación enviada a diferentes autoridades capitalinas encargadas de procurar y administrar justicia.

 

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, se reveló en esa emblemática sala que una de esas víctimas de violaciones al debido proceso, que implica afectación a los derechos humanos, es José Ramírez Ronquillo, un discapacitado de 38 años, mazateco originario del pueblo de San Miguel Soyaltepec, Oaxaca. Fue sentenciado a 25 años de cárcel por un supuesto homicidio que se cometió en un asalto cuando era dependiente de una tienda de conveniencia en la Plaza de la República, en el centro de la Ciudad de México.

 

Hace tres años, José, quien habla español y su lengua originaria, se encontraba como empleado de esa tienda cuando tres asaltantes llegaron a robar. No era la primera ocasión que ese comercio era asaltado. Los ladrones amagaron a José con sus armas y a su hermano Marco Antonio Ramírez Ronquillo, quien también era empleado de esa tienda.

 

En el asalto uno de los asaltantes falleció. La policía acusó a José del homicidio. Durante dos días José y su hermano estuvieron bajo severos interrogatorios. Finalmente José fue consignado y el juez de facto lo encontró responsable del homicidio.

 

El abogado de oficio, dependiente de la Consejería Jurídica de la Jefatura de Gobierno capitalina, no lo defendió ni alegó las fallas del proceso. Jamás tomó en cuenta que José es una persona de origen indígena. Lo terminó de hundir, dijo su hermano. Pesó en el proceso el estereotipo por ser indígena, hablar con acento de su lengua materna. Un abogado privado se hizo cargo de la defensa, la aprovechó y mantuvo engañada a la familia, que vendió sus bienes para pagar al defensor privado hasta cien mil pesos.

 

Por los agravios, por faltas flagrantes al debido proceso, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la capital mexicana decidió enviar una Recomendación a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, al Tribunal Superior de Justicia y a la Consejería Jurídica de la Jefatura de Gobierno capitalina, de la que dependen los abogados de oficio, con la intención de revisar todo el indebido proceso judicial de José por el que fue sentenciado a 25 años de cárcel.

 

Otros trece casos semejantes por otros delitos, fueron objeto de la Recomendación 3218. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal reconoció el carácter de víctimas directas a las 14 personas, pertenecientes a los pueblos Chuj, Mazateco, Otomí, Tojolabal, Náhuatl, Mixe y Totonaco, por la violación de sus derechos humanos, por parte de las autoridades encargadas de hacer justicia en la Ciudad de México, derivado de la falta de reconocimiento de su identidad como personas indígenas y la necesidad de adaptar los procesos de procuración y administración de justicia penal, a partir de la asignación de un intérprete que garantizara su defensa adecuada.

 

La población indígena es la más vulnerable en la ciudad de México y en todo el país. La Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017, reveló que las personas indígenas se encuentran entre los grupos sistemáticamente discriminados. En los últimos cinco años el 24 por ciento de los indígenas han sufrido esta situación al ser identificados por estereotipos.

 

En la capital mexicana, que supone donde menos discriminación existe, es común para de los habitantes de origen indígena sufrirla. La Encuesta Intercensal 2015 dice que la Ciudad de México cuenta con una presencia indígena de cerca de 800 mil personas que se autoadscriben como indígenas, el 8.8% del total de la población en la capital.

 

En la sala Digna Ochoa se encontraban otras víctimas de violaciones a los derechos humanos por ser indígenas. Eliseo Bernardino Florencio, quien es una de las 14 víctimas reconocidas en la Recomendación; Rosalina Méndez García, Marta García Feliciano, Clemente Salazar de la Cruz, quienes son familiares de algunas de las víctimas junto con Marco Antonio Ramírez Ronquillo, hermano de José.

 

Nashieli Ramírez Hernández explicó que la Recomendación 03/2018 fue resultado de un trabajo multi e interdisciplinario, realizado por servidores públicos que pertenecen a diversas áreas de esta Comisión. En estos casos, un equipo de investigadores e investigadoras de la Cuarta Visitaduría General, documentaron violaciones al derecho a la libertad y seguridad personales, derecho al debido proceso y acceso a la justicia. La presidenta de esta Comisión les agradeció su profesionalismo y el compromiso de estos defensores de derechos humanos.

 

Ramírez Hernández señaló que las violaciones documentadas en la Recomendación tienen un carácter emblemático, porque presentan una realidad que se debe transformar de manera urgente y muestra un sistema de justicia penal que no garantiza los derechos humanos de las personas de origen indígena.

 

Nashieli Ramírez Hernández.

 

Esa Comisión les solicitó a las autoridades recomendadas realizar una serie de actos para repararles por el daño causado, que si bien, dijo Ramírez Hernández, “difícilmente podrán obviar los sentimientos de dolor, tristeza, angustia, soledad y frustración que han vivido desde su primer contacto con estas autoridades, se busca que exista alguna satisfacción al haber podido documentar y reconocer las afectaciones que sufrieron, y que la autoridad que está siendo señalada en este acto, deba aceptar la consecuencia por la deficiencia de sus actuaciones”.

 

Pero no es la primera vez que esta Comisión envía una Recomendación de esta naturaleza a las autoridades capitalinas. Lo hizo en 2003, cuando Andrés Manuel López Obrador, actual presidente electo de la República, era Jefe de Gobierno, como producto de la Recomendación 8/2002, para que la Procuraduría General de Justicia estableciera los lineamientos para la atención de personas indígenas en el ámbito de la procuración de justicia.

 

En 2007, esa institución publicó el Acuerdo A/008/207 con el que se creó una Agencia del Ministerio Público especializada en atención a personas indígenas y se instruyó a todos los agentes del Ministerio Público, remitir a la Agencia Especializada, sin excepción, las Averiguaciones previas donde tuvieran conocimiento de hechos en los que estuviera relacionada una persona indígena como inculpada, víctima, denunciante o querellante. Sin embargo, en el caso de estas 14 víctimas de falta del debido proceso las condiciones que enfrentaron no fueron las indicadas, y desde las barandillas padecieron la misma cara de dureza y discriminatoria de las autoridades judiciales de la capital mexicana.

 

Igualmente en otra Recomendación con fecha de 5/2004, esa Comisión de Derechos Humanos recomendó a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, girar instrucciones a los defensores públicos para que agotaran todas las diligencias necesarias para verificar que se salvaguarden los derechos procesales de las víctimas y se les proporcionara intérprete en su lengua, así como para capacitar defensores públicos sobre los derechos de los grupos mayormente discriminados, incluyendo las personas indígenas. Sin embargo, esa Consejería determinó no aceptar en su totalidad la referida Recomendación.

 

Finalmente, Ramírez Hernández reiteró a las 14 víctimas de esta recomendación, así como a todas las personas pertenecientes a pueblos indígenas que habitan y transitan en la Ciudad de México, que seguirá trabajando para hacer realidad la frase: “Hasta que la dignidad se haga costumbre” para las personas indígenas mexicanas. Esta es una frase atribuida a las indígenas hñahñu Estela Hernández y a su madre Jacinta Francisca Maciel, quien fue acusada y encarcelada por el falso secuestro de seis policías federales en 2006 en la población central de Querétaro.

 

Esta Recomendación 3/2018 sobre las 14 personas indígenas plantea los siguientes puntos para el Jefe de Gobierno, el Procurador y el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la capital del país:

 

Realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad con enfoque pluricultural y lingüístico.

 

Indemnizar por daño material e inmaterial, incluyendo daño al proyecto de vida.

 

Prestar tratamiento médico y psicológico especializado con enfoque pluricultural y lingüístico que ellas requieran para revertir las afectaciones psicológicas ocasionadas por la violación a sus derechos humanos.

 

Elaborar un Protocolo interinstitucional para la atención de personas indígenas que son parte en un procedimiento penal en el que se asegure la libre auto-adscripción de las personas indígenas y/o hablantes de lenguas indígenas, y que no se limite el ejercicio de este derecho, a las personas indígenas hablantes de lenguas indígenas en los casos en los que se tengan conocimiento de la lengua española.

 

Implementar un programa de capacitación permanente sobre el contenido y aplicación del Protocolo interinstitucional para la atención de personas indígenas que son parte en un procedimiento penal.

 

Implementar una campaña informativa con enfoque pluricultural y plurilingüe dirigida a personas indígenas y/o hablantes de lenguas indígenas que contemple la difusión del Protocolo interinstitucional para la atención de personas indígenas que son parte de procedimientos penales.

 

Crear un padrón de intérpretes y asignar presupuesto para el pago a las personas que prestan estos servicios.

 

Y valorar, determinar y ejecutar las estrategias legales correspondientes para que se promuevan los recursos tendientes a subsanar las omisiones documentadas en la presente Recomendación.

 

En el momento en que daba lectura a estos puntos en la Sala Digna Ochoa, personal de esa Comisión hizo entrega en las oficinas de la Procuraduría General de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, la presente Recomendación 3/2018, por la violación a la libertad y seguridad personales, el derecho al debido proceso y al acceso a la justicia, documentados en los 12 expedientes de queja.