La tortura intacta, es aún práctica común e impune en México

 

  • Puede pasarnos a cualquiera, advirtió la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la capital mexicana
  • Los tratos crueles los ejecutan los agentes del Estado encargados de la seguridad pública y la procuración de justicia

 

 

A unas semanas de las pasadas elecciones presidenciales y a 25 años de que la Comisión de los Derechos Humanos de la capital mexicana fue creada, la tortura es aún una práctica intacta y común, sin castigo e impune para los agentes del Estado mexicano encargados de la seguridad pública y la procuración de justicia que la practican con la complacencia de jueces, abogados de oficio y médicos.

 

Detenciones arbitrarias, autoincriminaciones, violaciones al debido proceso, uso indebido de la fuerza, incomunicación, vejación, torturas físicas y sicológicas, violencia sexual, dilaciones, lesiones, son algunas de esas prácticas que sanciona y prohíben tratados internacionales que México se ha comprometido cumplir.

 

La tortura ha llegado en México a situaciones similares a la que han practicado las dictaduras sudamericanas y se agrava cuando se utiliza la violencia sexual como parte de los castigos y humillaciones que se infringen en contra de las personas detenidas.

 

Sobre todo, dijo la presidenta de ese organismo de derechos humanos, Nashieli Ramírez Hernández, contra las que están privadas de libertad en centros de reclusión, porque se parte del supuesto que están a entera disposición de la autoridad.

 

Una persona que está siendo torturada es llevada hasta el límite de su resistencia y es capaz de decir o hacer cualquier cosa que le pidan, dijo en su sentido discurso. Así, agregó, en casos en los que una persona “confiesa” haber cometido un delito, las víctimas del mismo, nunca tendrán la certeza de que esa persona es la responsable del mismo; es decir, a estas personas también se les violenta su derecho a la verdad y a la justicia.

 

Es la parte más oscura de los gobiernos mexicanos son esas zonas infranqueables desde donde se procura la justicia en el país. Policías, agentes del ministerio público, abogados, médicos y jueces forman parte de esa red de protección para que la tortura permanezca y sea una forma de castigar y llenar las cárceles.

 

Cualquier persona que habita o transita en la Ciudad de México puede ser víctima de esta práctica, advirtió la doctora Nashieli Ramírez Hernández, una firme activista de los derechos humanos.

 

 

“La tortura puede pasarnos a cualquiera”, dijo en la Sala Digna Ochoa de esa Comisión de Derechos Humanos, insuficiente para dar cabida a víctimas de tortura, familiares, activistas y periodistas, se dieron a conocer cinco recomendaciones enviadas a las autoridades policiacas, de gobierno, judiciales y de salud para enmendar los daños causados a 112 víctimas de las prácticas más deleznables para hacer confesar a presuntos imputados de delitos.

 

Hace 25 años la primera recomendación de esta Comisión fue sobre la práctica de la tortura y a un cuarto de siglo, en una tumultuaria ceremonia efectuada en la sede de ese institución, la tortura fue nuevamente denunciada como práctica común por parte de policías, abogados de oficio, agentes del ministerio público que cuentan con la complicidad de médicos que ocultan las lesiones que se infringen a los detenidos al ser torturados por cualquier tipo de delitos.

 

Dicha Comisión de Derechos Humanos emitió las Recomendaciones 05/2018, 06/2018, 07/2018, 08/2018 y 09/2018, por diversos actos de tortura en agravio de 112 víctimas, 74 directas y 38 indirectas.

 

Las recomendaciones involucran a personal de la Secretaría de Seguridad Pública, a la Procuraduría General de Justicia, de la Defensoría Pública de la Consejería Jurídica y de la Secretaría de Salud, por violaciones a los derechos a la libertad, integridad, a la adecuada defensa, debido proceso y acceso a la justicia.

 

La práctica de la tortura era un hecho común hace medio siglo durante los sucesos de 1968, que estos días se celebran en el país. En ese año cientos de estudiantes, profesores, obreros, amas de casa, políticos de oposición eran detenidos sin órdenes de judiciales por los agentes del Estado. Eran sometidos a prácticas inhumanas de vejación y torturas físicas, consignados y sentenciados por los jueces en procesos sumarísimos. Los crímenes y desapariciones cometidos por agentes del Estado hace medio siglo en la capital mexicana aún permanecen impunes.

 

Cincuenta años después de ese movimiento de estudiantes de 1968 al que se acreditan los cambios en la estructura política del Estado mexicano, nuevamente volvieron a resurgir las denuncias de casos de tortura a inermes personas que son obligadas a confesar delitos y ser sentenciados a largas condenas en las inmundas cárceles de la Ciudad de México.

 

En su discurso, la presidenta de ese organismo mencionó que a un cuarto de siglo de la creación de esa Comisión se han emitido más de 50 Recomendaciones por este tipo de violación, una propuesta general, seis recomendaciones por Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes, que representan a más de 280 víctimas.

 

“Al día de hoy – dijo Ramírez Hernández- se tienen en trámite 430 quejas relacionadas por la violación a la integridad personal, muchas de ellas por posibles actos de tortura. De estas Recomendaciones, en el Programa de Lucha contra la Impunidad de la Comisión se han incorporado 83 procedimientos penales por el delito de tortura y solo 16 han concluidos”.

 

 

La tortura tiene muchas formas, muchos fines, muchas caras, dijo Ramírez Hernández ante la presencia de algunas víctimas de esa práctica que atenta contra la dignidad humana.

 

La tortura no solo es un delito y una grave violación a los derechos humanos, la tortura es un lastre que atenta contra la democracia, contra la certeza de las personas, contra la justicia, contra la verdad y por supuesto contra la paz y los derechos fundamentales, añadió.

 

Recordó que la prohibición de la tortura es uno de los pilares fundamentales en el que se basa el andamiaje de protección de los derechos humanos, al grado tal que es considerada una norma imperativa de derecho internacional que no admite pacto en contrario, en otras palabras, nunca y por ninguna circunstancia está permitida la tortura.

 

Ramírez Hernández recordó el pronunciamiento que hizo el Relator contra la Tortura, Juan Méndez, su visita a México en 2014: “La tortura es generalizada en México. Ocurre especialmente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la justicia, y con fines de castigo e investigación”.

 

Este Relator “identifico varias causas de la debilidad de las salvaguardias de prevención de la tortura”, así como “serios problemas en las condiciones de detención”. Fue motivo de preocupación para el Relator, el conocer de casos en los que jueces y juezas no ordenaron al Ministerio Público iniciar investigaciones por el delito de tortura después de que se les hicieron de su conocimiento los hechos que sufrieron.

 

México ha firmado diversos tratados internacionales que sancionan la tortura. La misma Constitución mexicana la prohíbe en sus Artículos 1, 18, 20.A, y 22, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde nace jurisprudencia mexicana, la sanciona y no pasa nada.

 

Sin embargo, en esa Sala Digna Ochoa de la Comisión de Derechos Humanos, la presidenta de ese organismo, Visitadores, víctimas y familiares removieron ese insalubre y hediondo subsuelo de la justicia mexicana, que a pesar de los cambios de gobierno y alternancia en el poder en la misma presidencia de la República, sigue intocable e impune con toda la cauda de dolor, incertidumbre, miedos que produce a sus víctimas y familiares caer en las redes de ese intocable sistema que permea el aparato de justicia de la Ciudad de México y del país.