Llaman a López Obrador a ratificar la Convención sobre derechos humanos de las personas mayores

El gobierno de Peña Nieto se negó a suscribirla. El objeto de la Convención es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor. 

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Con un llamado al nuevo gobierno del presidente electo Manuel López Obrador para que México se adhiera y ratifique la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que el gobierno de Enrique Peña Nieto se negó a suscribir, culminó el miércoles 28 de agosto  la jornada sobre los Derechos de las Personas Mayores efectuada en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Esta Convención ya ratificada por siete países latinoamericanos reconoce el pleno goce de los derechos humanos de las personas mayores en la región incluyendo a los países del Caribe. “El objeto de la Convención es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad”.

El gobierno del presidente Peña Nieto concluye el próximo 30 de noviembre y deja un enorme vacío en relación a la vigencia plena de los derechos humanos de las personas de más de 60 años en todo el país. El documento se quedó estancado en el escritorio del titular de la Secretaría de Hacienda y debía ser ratificado por el Senado de la República.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la capital mexicana, Nashieli Ramírez Hernández, se comprometió a seguir trabajando por la adhesión del gobierno mexicano a esa Convención aprobada por la Organización de Estados Americanos en 2015.

Para este organismo de derechos humanos “el mayor referente para consolidar marcos normativos y políticas públicas es la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”.

“A pesar de no estar suscrita por México, como Estado-nación, es el mayor estándar interamericano que puede implementarse a través de políticas y programas sociales”, destacó ese organismo en un comunicado.

En poco más de una década, la Ciudad de México concentrará 20.4% de las personas mayores del país y cuya edad promedio será de 70.7 años, señaló esa Comisión de derechos humanos para la cual “esta proyección evidencia la necesidad de visibilizar el problema y trabajar con su participación en el diseño de estrategias y la construcción de un andamiaje institucional político, económico y de inclusión social, que, a mediano y largo plazo, satisfaga las necesidades que se enfrentarán; desde un enfoque de curso de vida y con perspectiva de género, debido a que, el mayor número de personas mayores son y serán mujeres”.

Ante un numeroso grupo de personas mayores, en la sala Digna Ochoa, Ramírez Hernández  puso de manifiesto la urgencia de que la población de más de 60 años tenga Derecho a un  envejecimiento activo y saludable el  Derecho a la Salud, Derecho a los espacios, el acceso a la justicia y a la seguridad jurídica a las personas mayores.

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La presidenta de ese organismo de los derechos humanos ofreció seguir protegiendo a las personas mayores de los abusos, despojos  y violencias de que son víctimas, uno de los temas tratados en esa larga jornada sobre los derechos de la población mayor de la capital mexicana.

Igualmente, se refirió al Derecho al Cuidado no solamente de las personas menores de edad o a los niños, nuestras niñas y nuestros niños y nuestros adolescentes, sobre todo de las personas mayores.

Y en esa lógica es que vamos a luchar, porque esto que está estableciendo nuestra Constitución sea realidad, a partir de políticas públicas, dijo Ramírez Hernández, quien reconoció que las actuales instituciones dedicadas a la atención de las personas mayores, al coincidir con varias ponentes, de que no están funcionando.

“Necesitamos tener instituciones ideales, necesitamos tener familias y comunidades ideales”, dijo en una entrevista esta defensora de los derechos humanos de la capital mexicana.

La Comisión de los Derechos Humanos capitalina tiene en proceso 325 quejas  relacionadas con las Tarjetas de Pensión Alimentaria que otorga el gobierno de la Ciudad de México, un número de inconformidades que se estima legarán a 500 quejas por suspensión de las Tarjetas o por retrasos en su entrega.

Para la esta Comisión de Derechos Humanos  las  quejas sobre violaciones a derechos de personas mayores referentes en su mayoría al programa de pensión alimentaria, refleja la necesidad de la revisión de las políticas públicas relacionadas principalmente con el acceso y suficiencia de los programas sociales dirigidos a este sector.

En esta jornada sobre los derechos humanos de las personas mayores este organismo planteó la necesidad “de analizar y reflexionar los retos que el Estado y la sociedad en su conjunto tienen para lograr un envejecimiento pleno, activo y saludable en nuestra Ciudad, ante un contexto cada vez más complejo, en la que aumenta el número de personas mayores que viven y transitan en ella”.

En su declaración por escrito esta Comisión recordó que la Constitución Política de la Ciudad de México, que entrará en vigor el 17 de septiembre próximo  reconoce a las personas mayores como grupo de atención prioritaria y garantiza en su Artículo 11 apartado F, sus derechos: a la identidad, a una ciudad accesible y segura, servicios de salud especializados, cuidados paliativos y pensión económica no contributiva.

Asimismo, en el Artículo 6, el derecho a la muerte digna.

Sin embargo, cita esa Comisión de Derechos Humanos, “ante la violencia física, psicológica económica y social que sufren las personas mayores, es prioritario que las autoridades, dentro del nuevo paradigma de la Ciudad, implementen leyes, políticas, mecanismos y servicios que promuevan y protejan sus derechos”.