Se repiten en México los crueles crímenes de “justicia en propia mano”

• Dos humildes campesinos fueron  linchados con todas las agravantes en un municipio de Puebla y dos presuntos ladrones Hidalgo, en dos bárbaros episodios.
• Nos remiten a los crueles asesinatos en 1968 de trabajadores universitarios en la población también poblana de Canoa acusados de ser “comunistas”.

El Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, advirtió que la justicia por mano propia puede extenderse en el país mientras el Estado mexicano no cumpla con sus obligaciones de abatir la impunidad y dar seguridad a la población.

González Pérez hizo esta advertencia tras de que dos humildes campesinos fueron  linchados y asesinados con todas las agravantes,  en el municipios de Puebla y de dos presuntos ladrones en  Hidalgo, en dos bárbaros episodios  que nos remiten a los crueles asesinatos en 1968 de trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla, en la población también poblana de Canoa,   acusados de ser “comunistas”.

El artículo 17 constitucional del Estado mexicano dice que “ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”. Sin embargo, lincha a personas por un rumor que está ocurriendo en el país se han cometido abominables crímenes en México a pesar de la alternancia de gobiernos de distinto signo ideológico y político.

En 2018,  la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registro de cuando menos 25 personas que habrían sido privadas de la vida y 40 que se habría intentado linchar y fueron rescatadas con distintos grados de lesiones, por lo que, ante la recurrencia de los casos en que se ejerce justicia por propia mano, la CNDH prepara un informe sobre la problemática de los linchamientos, enfatizando que la justicia por propia mano no es justicia, sino barbarie.

El más abominable de los linchamientos ocurrió la tarde del 29 de agosto, en  el municipio poblano de Acatlán. Ante la mirada de policías, quienes habían detenido a los campesinos Alberto Flores y su sobrino, Ricardo Flores por ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, ocurrieron los asesinatos. Decenas de los habitantes incitados por el rumor de que se trataba de “robachicos” (ladrones de infantes)  los sacaron de las galeras donde se encontraban detenidos  y los quemaron mientras decenas de personas los filmaban con sus celulares.

A nombre de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su total rechazo a los actos de barbarie que en los últimos tres días se han presentado en los estados de Puebla e Hidalgo, y que concluyeron con el linchamiento de cuatro personas y un intento no consumado sobre dos personas más.

González Pérez demandó que se deslinden las responsabilidades en que habrían incurrido, tanto las autoridades que no lograron evitar que se privara de la vida a personas, como aquellos que habrían ejecutado en forma directa tales hechos.

González Pérez reiteró  que en tanto el Estado no cumpla con sus obligaciones de abatir la impunidad y brinde condiciones mínimas de seguridad a la sociedad, la desconfianza en las instituciones y la desesperación de las personas por obtener justicia, dejará abierta la puerta para que se presenten nuevos casos de justicia por propia mano.

Es preciso, dijo,  que las autoridades tengan protocolos de actuación y estrategias para la atención de estos casos, cuestiones que han probado ser efectivas para evitar que se presenten pérdidas de vidas cuando se detectan las amenazas y se actúa debidamente para controlarlas. En estos casos, la actuación oportuna de la autoridad es la diferencia entre la vida y la muerte de las personas.

A nombre de la CNDH, González Pérez hizo  un llamado a las autoridades de los distintos niveles y órdenes de gobierno para que adopten las medidas conducentes a efecto de detectar y atender los casos en que exista riesgo de que las personas ejerzan justicia por propia mano, reiterando la necesidad de que los casos que se han presentado se investiguen y se determinen las responsabilidades que correspondan, tanto por omisión como por actuación indebida, de autoridades y particulares.