Miles de personas continúan como damnificadas

 

• No existe la debida transparencia ni rendición de cuentas sobre el manejo, administración y destino de los recursos públicos y de las donaciones nacionales e internacionales
• No hay avances en el replanteamiento y operación de una política integral de prevención de desastres naturales

 

Susana Sánchez

Falta de rendición de cuentas, renuencia a informar, opacidad en el destino de las donaciones nacionales e internacionales, ausencia de coordinación entre autoridades, negativas a informar sobre la entrega de recursos para la reconstrucción, carencias de políticas de protección civil, dominan las acciones de los gobiernos federal, estatales y de la Ciudad de México a un año de los sismos del 7 y del 19 de septiembre de 2017.

 

En una tajante conclusión, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al cumplirse un año de los sismos del 7 y del 19 de septiembre de 2017, dictaminó que miles de personas continúan aún como damnificadas al no ser reconstruidas un gran número de escuelas, unidades médicas y viviendas en el país.

 

La CNDH concluyó que no ha habido la debida transparencia ni rendición de cuentas sobre el manejo, administración y destino de los recursos públicos y de las donaciones nacionales e internacionales y no se han registrado avances considerables en el replanteamiento y operación de una política integral de prevención de desastres naturales, en particular de sismos en el país.

 

 

La CNDH informó que a un año de los sismos de los días 7 y 19 de septiembre de 2017, en los cuales, de acuerdo con las cifras oficiales, 470 personas perdieron la vida y 1,372 requirieron hospitalización, no se tiene certeza del avance en la reconstrucción de 209,334 viviendas, 983 unidades médicas y 16,795 escuelas que los gobiernos federal y de las entidades afectadas se comprometieron a rehabilitar.

 

Esta situación, añadió la CNDH en su informe, afecta directamente a la población damnificada de los estados de Chiapas, Guerrero, México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Ciudad de México que solicitaron la declaratoria federal de desastre.

 

Esta Comisión Nacional subrayó que las respuestas que ha recibido de las diferentes instancias a las cuales solicitó información han sido, hasta ahora, deficientes e incompletas, ya que no atienden la integralidad de los puntos solicitados ni proporcionan datos consistentes y unificados sobre las afectaciones registradas como consecuencia de los sismos, las acciones emprendidas para su atención y el grado real de avance en las mismas, en aspectos tan relevantes como el número de inmuebles reconstruidos, cifra que inclusive varía en una misma autoridad de un informe a otro.

 

 

Tampoco, afirmó la CNDH, se advierten avances sustantivos en la determinación sobre las causas reales que motivaron los daños o el colapso de los inmuebles afectados por los sismos, ni respecto al desarrollo de los procedimientos administrativos o jurisdiccionales que deslinden las responsabilidades correspondientes en caso de que las hubiera.

 

Muestra de ello, destacó la CNDH, es el caso de la Ciudad de México, donde el entonces Jefe de Gobierno señaló públicamente la existencia de 204 carpetas de investigación iniciadas por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México con relación a estos hechos, y que no obstante haber sido solicitada información sobre las mismas por la CNDH se recibió como respuesta la existencia de 21 carpetas.

 

Ese organismo de los derechos humanos destacó que la Coordinación Nacional de Protección Civil se mostró renuente a colaborar con la CNDH al no aceptar las dos solicitudes de medidas cautelares que le fueron emitidas durante la emergencia y responder por escrito que carecía de facultades legales para implementar las medidas requeridas en materia de auxilio y rescate de personas e investigación en los inmuebles colapsados, no obstante que es cabeza del Sistema Nacional de Protección Civil y que durante el desarrollo de la emergencia concentró y proporcionó públicamente información al respecto.

 

La CNDH informó además lo siguiente:

 

En materia de vivienda, los estados afectados refirieron de manera inicial 209,344 lugares habitacionales dañados, de los cuales 60,366 presentaron daño total y 148,978 daño parcial, mientras que la autoridad federal señaló que 172,026 fueron afectados e incorporados en el esquema de reparación de viviendas de la SEDATU.

 

 

Estas diferencias en cifras y datos reportados reflejan una lamentable falta de coordinación entre instituciones para depurar, conocer y conciliar cifras acerca de la dimensión real de lo ocurrido, así como el efecto real de la entrega de los fondos de apoyo a personas damnificadas para cumplir los ofrecimientos de reconstrucción y rehabilitación, además de que generan confusión en la sociedad y la percepción de insuficiente coordinación entre autoridades de los diferentes órdenes de gobierno.

 

En eventos de tanta complejidad como los que se analizan, resulta fundamental que la Comisión Nacional cuente oportunamente con toda la información con la que disponen las autoridades; sin embargo, en algunas ocasiones las respuestas oficiales a las solicitudes de información no siempre fueron oportunas ni incluyeron todo lo requerido, por lo cual la CNDH se vio obligada a dirigirse de nueva cuenta a la autoridad correspondiente para insistirle el envío de la información.

 

Esta Comisión Nacional inició 375 expedientes, 4 de oficio y 371 derivados de las quejas presentadas de manera individual y colectiva por padres de familia y organizaciones de la sociedad civil.

 

Como estrategia y metodología para abordar este asunto, la CNDH determinó hacer una investigación integral que comprende los siguientes tópicos o líneas de investigación: protección civil; procuración de justicia; autorizaciones, licencias y permisos en materia de construcciones y uso de suelo; inscripción registral de inmuebles; empresas; corrupción; asignación de recursos públicos a personas afectadas; transparencia y rendición de cuentas en la recepción de ayuda humanitaria.