México carece de una política pública integral sobre las personas mayores

 

  • El actual gobierno se negó a firmar la Convención de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de la OEA
  • El asistencialismo no resuelve la grava problemática de las personas de 60 y más

 

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Susana Sánchez.-A propósito del Día Internacional de las Personas de Edad nuevamente se pone en evidencia que México carece de una política pública con una elevada visión prospectiva sobre el proceso de envejecimiento de su población y los enormes desafíos que le representa, desde ahora, que son alrededor de 15 millones de personas de 60 años y más en las 32 entidades de la república, con una dispersa legislación e instituciones obsoletas que han sido desbordadas por una realidad que las supera.

 

El 14 de diciembre de 1990 la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el día 1 de octubre como Día Internacional de las Personas de Edad (ONU), para reconocer la contribución de los adultos mayores al desarrollo económico y social, así como resaltar las oportunidades y los retos asociados al envejecimiento demográfico.

 

Sin embargo, México se encuentra atrasada en la creación de una política pública integral sobre el envejecimiento de la población y los desafíos que entraña atender sus necesidades de salud, alimentación, educación, empleo, pensiones, educación y de planeación urbana.

 

La política pública para las personas mayores se concreta a la fecha en un rudimentario asistencialismo que no resuelve la delicada y grave problemática de esta población condenada prácticamente en su gran mayoría a la miseria y a la mendicidad, con más del 70 por ciento sin pensiones y solamente dependiente de las precarias ayudas del Estado.

 

Las calles de las ciudades y poblaciones de la República las escenas de personas mayores solicitando dádivas o alimentos es cada vez más común. E incluso los que llegan a contar con una exigua pensión tienen que realizar tareas de empacadores en las tiendas de autoservicio, limpiar o cuidar vehículos y cantar en las calles para obtener algún ingreso o recurrir a las limosnas.

 

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El actual gobierno de México se negó a firmar la Convención de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de la Organización de Estados Americanos aprobada en 2015, un instrumento que garantizaría a las personas mayores en el país un amplio régimen de protección social ante el maltrato, abandono, explotación laboral, despojos, invisibilidad en general con la que se trata a esta creciente población en el país.

Estudiosos del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México advierten que para para 2035, la población en México será de 145 millones, de los cuales el 20 por ciento serán adultos mayores de 60 años.

 

¿Estamos preparados para las perspectivas y demandas que traerá el porvenir?, ha preguntado dijo Manuel Perló, director de ese instituto universitario.

“¿Estamos tomando las previsiones necesarias para hacer frente a las demandas de pensiones, de servicios de salud y asistenciales? El futuro es también el presente”, subrayó Perló.

 

Para los investigadores universitarios del país existen pocos análisis sobre el futuro nacional que incluye el destino de las personas mayores.

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la víspera del Día Internacional de las Personas Mayores dio a conocer cifras que revelan el estado ocupacional en que se encuentra ese grupo de población.

 

De acuerdo con la ENOE, en el segundo trimestre de 2018 el porcentaje de población de 60 años o más económicamente activa es de 34.1 por ciento.

 

Casi la mitad de la población ocupada de 60 años o más (49.6%) trabaja por cuenta propia. Conforme a su actividad de ocupación, 21.3% de la población ocupada de 60 años o más se dedican a actividades elementales y de apoyo, 20.8% son trabajadores agropecuarios y 15.2% son comerciantes, empleados y agentes en ventas.

 

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Entre los principios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a favor de las personas de edad, resalta “la oportunidad de trabajar o de tener acceso a otras posibilidades de obtener ingresos”.

 

Acorde con este principio, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, establece en su artículo 5º, que las personas de 60 años o más deben tener la “igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo o de otras opciones que les permitan un ingreso propio y desempeñarse en forma productiva tanto tiempo como lo deseen, así como a recibir protección de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de otros ordenamientos de carácter laboral”. Sin embargo, en la gran mayoría de las personas mayores que trabajan en México carecen de la protección laboral.

 

Información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) indica que, en el segundo trimestre de 2018, el porcentaje de Población Económicamente Activa (PEA) de 60 años o más es de 34.1 por ciento.

 

En este universo (5 120 459 personas) se encuentra la población ocupada, la cual representa 98.9% y el complemento (1.1%) son personas de edad que buscan trabajo.

 

Conforme se incrementa la edad, el porcentaje de la PEA disminuye de 48.4% entre la población de 60 a 64 años a 16.5% en los que tienen 75 años o más.

 

Por sexo, su concentración es mayor en los hombres que en las mujeres en todos los grupos de edad. Sin embargo, en la población de 75 años o más esta brecha es más alta (27.1% en hombres respecto al 7.7% observado en las mujeres).

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) argumenta que la mayor parte de las actividades generadoras de ingreso de las personas de edad son las que provienen del trabajo por cuenta propia. De acuerdo con este organismo “esto puede ser consecuencia tanto de la discriminación que obstaculiza el acceso por parte de las personas mayores a un empleo asalariado, como del deseo de estas personas de trabajar de manera independiente, aprovechando las cualificaciones adquiridas a lo largo de su vida laboral para hacerlo en condiciones que permitan una mayor flexibilidad a la hora de organizar sus actividades laborales y de la vida diaria”.

 

Información de la ENOE indica que la mayoría de la población ocupada de 60 años o más labora por cuenta propia (49.6%), seguidos por los trabajadores subordinados y remunerados (37.6 por ciento). Son pocos los que llegan a una edad avanzada y tienen los recursos para ser empleadores (8.9%), mientras que otros, no perciben remuneración por su trabajo (3.9 por ciento).

 

En estas dos últimas categorías es donde se observan diferencias muy importantes por sexo: el porcentaje de empleadores varones (10.8%) representa el doble que en las mujeres (5%); mientras que en los trabajadores no remunerados, las mujeres (8.4%) tienen mucho mayor presencia –casi cinco veces más-, que en los hombres (1.8 por ciento).

 

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Población ocupada subordinada y remunerada

 

Las condiciones laborales de las personas de edad que se ocupan de manera subordinada y remunerada son más desfavorables respecto a otros grupos de edad. Por ejemplo, es el grupo que tiene el menor porcentaje de trabajadores con prestaciones (50%), el más bajo con acceso a los servicios de salud (38%) y con contrato laboral (38.6 por ciento).

 

Tipo de ocupación Conforme a su actividad de ocupación, 21.3% de la población ocupada de 60 años o más se dedican a actividades elementales y de apoyo, 20.8% son trabajadores agropecuarios y 15.2% son comerciantes, empleados y agentes en ventas.

 

Son pocos los trabajadores dedicados a actividades administrativas (2.7%) o son funcionarios, directores o jefes (2.8 por ciento).

 

La educación es un derecho y al mismo tiempo una vía idónea para mejorar el nivel de vida de la población, en el ámbito laboral. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) argumenta que “la educación facilita a los hombres y a las mujeres no solo la consecución de un empleo, sino que éste sea más seguro”.

 

En México, la población ocupada de 60 años o más es la que muestra menor nivel educativo, 42.3% tiene primaria incompleta y solo 15.4% cuenta con educación media superior y superior. Las brechas en este último nivel de escolaridad se hacen más patentes, por ejemplo, con la población de 15 a 29 años existen 30 puntos porcentuales de diferencia.

 

En México, 56.6% de la población de 15 años o más se ocupa bajo la informalidad, siendo la población de 60 años o más la que muestra el porcentaje más alto (74.2 por ciento).

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) argumenta que “el ingreso por trabajo es un factor esencial para mejorar el bienestar del hogar” y en los adultos mayores es el más bajo comparado a otros grupos de edad; 30 de cada 100 personas de edad que están ocupadas (29.5%) ganan hasta un salario mínimo y 23.8%, obtiene ingresos de más de un salario y hasta dos salarios mínimos, además es el grupo de edad que muestra el mayor porcentaje de trabajadores sin ingreso (10 por ciento).