La titánica lucha contra la impunidad y por los derechos humanos en México

 

  • Persiste el incumplimiento de Recomendaciones sobre violaciones a derechos humanos en la capital mexicana
  • En 25 años de 351, las autoridades han aceptado 229
  • Han cumplido totalmente apenas 58%
  • Más de 2 mil 500 personas y más de 40 grupos o colectivos, víctimas de violaciones a sus derechos esperan una reparación del daño

 

Foto: T E

 

José Luis CAMACHO LÓPEZ.-La lucha por los derechos humanos en México asume aún el inconmensurable reto griego de Hércules de limpiar los hediondos establos de Augías, una lucha desigual semejante al mito de Sísifo.

 

En México aún se respira la fetidez de violaciones a derechos humanos en su propia capital, a 50 años del movimiento estudiantil de 1968 donde las detenciones arbitrarias, torturas, crímenes de lesa humanidad, causaban un insondable dolor en las familias de las víctimas, que estaban obligadas a callar su pena.

 

En la masacre del dos de octubre de 1968 en la plaza de las Tres Culturas en Tlaltelolco, ese movimiento de jóvenes de resistencia al poder autoritario, tuvo su epílogo más sangriento en las victimas mortales calladas por el fuego deliberadamente cruzado entre francotiradores y el ejército mexicano.

 

La Comisión de los Derechos Humanos de la capital mexicana a acaba de celebrar sus primeros 25 años de existencia y es ineludible remitirse a su primera Recomendación, la 1/94, fundada 25 años después del movimiento de 1968 cuando en el país surgía una pequeña luz por el respeto a los derechos humanos.

 

Han pasado 25 años y la impunidad sigue siendo una constante, dijo lacónicamente la presidenta de esta Comisión de Derechos Humanos, probablemente la más activa en sus funciones de las que existen en cada entidad de la República.

 

La policía mexicana es aún la piedra angular de la impunidad, difícilmente ofrece confianza a la población a pesar de un cambio en el sistema de la justicia inquisitiva al de penal acusatorio y oral.

 

El jueves 11 de noviembre de 1993, Enrique Daniel Palma Guzmán, fue detenido por los tripulantes de la patrulla 3152: Amador Lucas Herrera, Rocío Rodríguez García y Víctor García Aranda, lo golpearon en la patrulla y tras darle vueltas y vuelas lo remitieron posteriormente a la Cuarta Agencia de la Delegación Cuauhtémoc, de la capital mexicana.

 

En la parte alta del inmueble oficial donde despachaba el Ministerio Público, Enrique Daniel fue golpeado nuevamente por el grupo de patrulleros. Este ciudadano capitalino reconoció a la policía Rocío Rodríguez García, fue quien más lo golpeó con un tolete o macana.

 

Los demás patrulleros lo patearon hasta que perdió el conocimiento. Este grupo policiaco le causó a Enrique Daniel lesiones en el cuerpo, principalmente en sus partes bajas, como testículos, pene y recto, los cuales quedaron muy inflamados, también resultó dañado en un oído.

 

Estos hechos los contiene la primera Recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México fundada hace 25 años enviada el 28 de febrero de 1994 a los entonces Procurador General de Justicia Víctor Humberto Benítez Treviño y al secretario de Protección y Vialidad del gobierno de la capital del país, René Monterrubio López.

 

Fue el primer caso de tortura documentado por esta Comisión creada el 22 de junio de 1993, tras años de impunidades de policías y agentes que aplicaban torturas y de los agentes del Ministerio público que prácticamente se “hacían de la vista gorda”, del que habla un dicho popular, ante hechos flagrantes de golpizas, torturas físicas y psicológicas a presuntos culpables de delitos, una práctica común en México.

 

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A 25 años de la creación de ese organismo defensor de los derechos humanos la práctica de la tortura no se ha desterrado, se sigue reconociendo que la policía la sigue practicando.

 

Las alternancias en el poder desde 1997 que cambiaron las siglas de los partidos políticos en el poder público en México no han logrado cambiar ni influir en el pleno respeto de los derechos humanos.

 

En 1997 finalizó la larga estancia del Partido Revolucionario Institucional en el gobierno de la capital y arribó el Partido de la Revolución Democrático una organización partidista que se jactaba de su orientación de izquierda. Las prácticas sucias de la policía han seguido y las cárceles mexicanas están sobrepobladas, hacinadas, por su pobreza económica, de presuntos culpables.

 

Sin embargo, esta Comisión ha representado una institución donde víctimas de tan deleznable práctica policiaca, común en las dictaduras, encuentran un lugar para aliviarse con la denuncia y la confianza en ser reparados sus daños y denuncien y exhiban a los torturadores y a las instituciones que los amparan.

 

Uno de los principales retos de esta Comisión es que sus Recomendaciones se cumplan por parte de las instituciones a las que se dirigen.

 

Especialistas en materia de derechos humanos reconocen que le “faltan dientes” a las Comisiones de Derechos Humanos para que sus Recomendaciones se cumplan y rompan ese círculo de impunidades que rodean las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia, un oscuro círculo del que forman parte policías, agentes de Ministerio Público y jueces.

 

Una de las soluciones para que las Recomendaciones de esta Comisión o de cualquier otro organismo de los derechos humanos, es fortalecer su carácter autónomo y con más fuerza jurídica para que se sanciones a los responsables de acciones que lesionan la personalidad, la dignidad física, psicológica y jurídica de las víctimas.

 

La 1/94 sobre el caso del ciudadano Enrique Daniel Palma Guzmán, es una de las 351 Recomendaciones enviadas y difundidas en 25 años a las autoridades de la Ciudad de México,  de las cuales han aceptado 229 y solamente se han cumplido totalmente apenas 58%.

 

La actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la capital mexicana, Nashieli Ramírez Hernández, manifestó su preocupación por esta ausencia de cumplimiento de Recomendaciones por parte de las autoridades mexicanas, las cuales representan “que más de 2 mil 500 personas y más de 40 grupos o colectivos, víctimas de violaciones a derechos humanos, esperan una reparación del daño”.

 

A 25 años del surgimiento de la Comisión de Derechos Humanos de la capital mexicana, su presidenta, Nashieli Ramírez Hernández, recordó que en su primer año de operación, la Comisión atendió dos mil 318 quejas.

 

El promedio anual, desde hace 15 años, dijo, es de siete mil quejas. Actualmente se proporcionan 150 servicios, en promedio al día.

 

Para la Presidenta de esta Comisión la vida de este organismo no puede ser comprendido sin su vínculo, complicidad y trabajo con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).

 

Durante estos años, dijo Ramírez Hernández, la Comisión ha construido agenda con cientos de organizaciones “por los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes; personas con discapacidad, personas mayores, mujeres, población LGBTTTIAQ y más; indígenas, personas privadas de su libertad y en situación de calle, periodistas, defensores, migrantes y también con víctimas de violencia, tortura y desaparición”.

 

En un masivo evento que traspasó los muros de la Sala Digna Ochoa con centenares de activistas, jueces, funcionarios, trabajadores de la Comisión, periodistas reunidos para celebrar los 25 años de vida de esta venerable institución,

 

Esta Comisión ha acompañado, dijo Ramírez Hernández, el camino lento y sinuoso por la democratización de esta capital y por los derechos políticos de sus habitantes, que hoy celebramos con nuestra Constitución, nuestro primer Congreso y nuestras Alcaldías.

 

 

“En este cuarto de Siglo, la Ciudad ha crecido en alrededor de 1 millón de personas, pero su Zona Metropolitana se ha incrementado en 4 millones. Y mientras en 1993, sus habitantes representaban 55% del conglomerado, hoy representan 45%. Los problemas se complejizan por esta configuración”.

 

No eludió la presidenta de esta Comisión que quienes transitan por esta ciudad son víctimas de los abusos de autoridad y de fallas de la Procuración de Justicia.

 

Tras enfatizar que han pasado 25 años y la impunidad sigue siendo una constante Ramírez Hernández dijo que las relaciones entre la Policía y los jóvenes y las personas y los adultos están alejadas en muchas ocasiones de los derechos humanos.

 

Por ello, Ramírez Hernández en su compromiso de mantener el más alto estándar derivado de este cuarto de Siglo, es que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México fortalezca su papel institucional de protección de los derechos humanos a partir de la instrumentación de los mecanismos que derivan de la Constitución de la Ciudad de México, apenas en vigor en septiembre pasado, “realizando un trabajo integral centrado en las víctimas, vanguardista, profesional e independiente, que asegure la confianza y cercanía de quienes requieran de ella”.

 

Con la promulgación de la Constitución Política de la Ciudad de México, esta activista de los derechos humanos prevé una transformación social y política importante que busca la predominación de la justicia y la democracia, en donde las personas sean el centro de la vida pública y de la capital del país.

 

Confía en dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Constitución, “al tener a ésta como idea central que la Ciudad pertenece a sus habitantes con la tarea de asentar los mecanismos y las competencias que otorga la Constitución, principalmente su Carta de Derechos, para garantizar la realización de los derechos de las personas que viven y transitan en la Ciudad de México en sus ámbitos individual y colectivo”.

 

Esa es su esperanza y que la impunidad de policías y autoridades, el incumplimiento de Recomendaciones para corregir abusos y violaciones a derechos humanos, deje de ser el signo ominoso de la vida en la capital mexicana.