Violan derechos humanos de personas mayores en situación de calle

 

• Se les criminaliza
• Son desalojadas de espacios públicos con uso de fuerza desproporcionada
• Autoridades de la capital mexicana repiten actos de discriminación contra personas en condiciones de alta vulnerabilidad
• Les niegan atención a la salud de forma oportuna

 

 

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió las Recomendaciones 14/2018 y 15/2018, en las que se documentaron violaciones a los derechos humanos de las personas, entre ellas personas mayores, que viven en situación de calle en la capital mexicana y a quienes se les criminaliza y les destruyen sus pertenencias.

 

Ante víctimas y las organizaciones El Caracol y Ednica I.A.P que les han brindado apoyo, este Organismo destacó que las autoridades capitalinas en lugar de realizar un trabajo de fortalecimiento comunitario que permita a las personas que viven en situación de calle tener una convivencia armónica con las personas vecinas, se ha optado por confrontar a las partes para ganar el espacio público.

 

En la Recomendación 14/2018 se investigaron dos casos ocurridos en 2016. En el primero de ellos, personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSP), se negaron a trasladar a un hospital a una víctima que había sido atropellada para recibir atención de urgencia, lo que puso en riesgo su integridad y vida.

 

En el segundo caso, se documentó que otra persona en situación de calle sufrió un accidente del cual derivó una fractura y también le fue negada la atención de manera adecuada por parte de personal adscrito al Hospital Balbuena, dependiente de la Secretaría de Salud.

 

 

Para esta Comisión de Derechos Humanos las personas en situación de calle tienen derecho a recibir atención a su salud de forma oportuna y con calidad, de conformidad con la normatividad aplicable.

 

Cabe resaltar que esta Comisión en la Recomendación 08/2015 señaló a estas mismas autoridades actos violatorios de los derechos humanos, similares a los ahora documentados; no obstante, a un año después de su aceptación, actos de discriminación volvieron a ocurrir.

 

En la Recomendación 15/2018 se documentaron nueve casos de 2012 a 2017, en el que se cuenta con 76 víctimas directas y una víctima indirecta, por actos de criminalización contra las personas que viven en situación de calle.

 

Las autoridades señaladas como responsables son las Secretarías de Gobierno, Seguridad Pública, Desarrollo Social, Salud, y Procuraduría General de Justicia, y ahora alcaldías de la Ciudad de México.

 

Se investigaron retiros forzosos de las personas en situación de calle en sitios de pernocta (Ciudadela, Artículo 123, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Tasqueña), sin llevar a cabo los procesos de prevención y atención que señala la normatividad aplicable.

 

En varios de los lugares estaban personas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres –una de ellas embarazada-, y en algunos casos, personas pertenecientes a pueblos indígenas que migraron a la Ciudad de México.

 

 

En la Recomendación se demostró el uso de la fuerza desproporcionado en contra de personas que fueron retiradas de estos lugares, y la destrucción de sus pertenencias, y como las entonces autoridades delegaciones señalaron en su oportunidad que los operativos eran de limpieza. En otros puntos de reunión la autoridad optó por amenazarlas y ejercer violencia contra ellas, así como remitirles a Juzgados Cívicos.

 

Por lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México recomendó en su tramo de responsabilidad de cada autoridad: reparar el daño, medidas de rehabilitación, restitución y satisfacción; atención médica y/o psicológica en caso de ser requerida; actos de reconocimiento de responsabilidad; un programa de capacitación al personal dirigido al Escuadrón de Urgencias Médicas y de la Secretaría de Salud; restituir los bienes sustraídos durante los desalojos, incluidos en su caso, los documentos oficiales; estudio técnico jurídico de las carpetas de investigación, entre otros.

 

Este Organismo recordó que las autoridades deben aplicar la normatividad para atender a ese sector de la población reconocido en el Artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México como grupo de atención prioritaria.

 

De acuerdo con el censo que realizó en 2017 el Instituto de Asistencia e Integración Social, en la Ciudad de México se calcula que 6 mil 754 personas viven en situación de calle (87.27% hombres y 12.73% mujeres); 4 mil 354 personas en espacios públicos, mientras que 2 mil 400 habitan en albergues públicos y privados; y más del 90% son personas en las que su edad oscila entre 18 y 59 años.