Los inculpados más pobres, sin garantías para un debido proceso en la justicia mexicana

 

• El 70 por ciento de los acusados de diversos delitos recurren a una Defensoría Pública ineficaz
• “Las Defensorías Públicas tienen como fin garantizar la igualdad procesal y los principios de contradicción e igualdad en el proceso penal y en la ejecución de la pena”

 

 

La Comisión de Derechos Humanos de la capital mexicana esta vez dirigió su mirada hacia uno de los espacios más opacos y tenebrosos de la administración del gobierno de la Ciudad de México, la defensoría de oficio, a la que tienen que recurrir el 70 por ciento de los presuntos culpables de diversos delitos por la falta de recursos para contratar abogados privados.

 

El panorama de la Defensoría de Oficio o Pública es desolador en el país. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cerca del 80 por ciento de todos los juicios penales federales que se realizan en el país son asistidos por la Defensoría Pública.

 

Los casos de trece víctimas por la falta de un debido proceso y debida defensa, de simulaciones, entre ellas una de las víctimas es una persona mayor, fueron expuestas por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, Nashieli Ramírez Hernández, quien consideró que la garantía de una defensa adecuada para la mayor parte de la población en México, depende del actuar de las y los Defensores Públicos.

 

Para la presidenta de esta Comisión de Derechos Humanos “las Defensorías Públicas tienen como fin garantizar la igualdad procesal y los principios de contradicción e igualdad en el proceso penal y en la ejecución de la pena”.

 

“Esta garantía adquiere particular relevancia para la población con menores ingresos que, en general, no puede pagar un abogado particular; por lo tanto, corre el riesgo de que su Derecho de Acceso a la Justicia quede vulnerado”, dijo Ramírez Hernández.

 

Esto quiere decir, añadió, en primera instancia, que las Defensorías Públicas estarían pensadas en la población económicamente más marginada.

 

Sin embargo, lamentó, que en México se ha optado por un sistema universal de defensa pública que atiende a toda la población y no sólo a los que se encuentran en un ámbito de insolvencia económica o alta vulnerabilidad social. “Esto responde, a la obligación del Estado de garantizar universalmente el acceso al Derecho a la Defensa en condiciones de igualdad”.

 

 

La situación de la Defensoría Pública en México es deficiente; la mayoría de las Defensorías locales están sobrecargadas y laboran en condiciones técnicas y materiales muy precarias, lo que redunda en una defensa inadecuada y muchas veces ineficaz, señaló Ramírez Hernández en una pequeña sala donde estuvieron familiares de las víctimas y una de ellas, persona mayor.

 

En esta Recomendación por las violación es al debido proceso por parte de uno de los integrantes de la Consultoría Jurídica de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, sin que se diera a conocer su nombre, señalado como autor de diversos abusos y omisiones a su tarea de defensor de oficio, entre ellas llegar a cobrarles por sus servicios a quienes deben defender en forma gratuita.

 

El colmo es que esta persona que fungía como abogado de oficio carece de título y se le permitía hacerlo en la administración pública de la ciudad donde siete de cada diez personas bajo proceso tienen que recurrir a los servicios de este tipo de defensa jurídica.

 

Esta Comisión de Derechos Humanos, tan sólo en el año de 2017 recibió 251 quejas contra los abogados de oficio del gobierno capitalino. Para comprobar que 13 víctimas de este abogado sin título que les violentó su derecho al debido proceso que consagra la Constitución mexicana, los defensores de derechos humanos de esta Comisión realizaron 80 diligencias de investigación para comprobar una anomalía común en los juzgados del país, donde no se sabe si la acusación de culpable es cierta y está fundamentada.

 

México transita de un sistema inquisitorio donde el juez investigaba, juzgaba y dictaba sentencia a un sistema acusatorio y oral donde los inculpados y las víctimas se encuentran en procesos de igualdad bajo una serie de principios que aún no aseguran una justicia pronta y expedita.

 

La figura del Defensor de Oficio- dijo Nashieli Ramírez- nace por una necesidad social de proteger a las personas que se encuentran en un ámbito de insolvencia económica o alta vulnerabilidad social y que son acusadas penalmente; y responde a la obligación del Estado a garantizar el acceso a su derecho a la defensa en condiciones de igualdad.

 

Sin embargo, al día de hoy, añadió, en el caso mexicano, lamentablemente también se incorpora en el caso de nuestra Ciudad, la defensa pública es la única opción para enfrentar un proceso penal.

 

Esta Comisión de Derechos Humanos, una de las más activas del país, emitió la Recomendación 16/2018 a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, por violaciones al Derecho a la defensa adecuada por parte de ese Defensor de Oficio.

 

Se investigaron 5 casos denunciados ante la Segunda Visitaduría General de este Organismo entre 2014 y 2018, y en los cuales se determinaron 13 víctimas directas de dicho servidor público.

 

 

La Comisión, de acuerdo a su informe, constató violaciones al Derecho al acceso a la justicia por omisión de garantizar una defensa adecuada, omisión de proporcionar información necesaria para brindar una defensa efectiva a las personas imputadas y familiares, omisión en el deber de desarrollar controles sobre la labor de defensores públicos y al Derecho a la integridad personal en la Ciudad de México.

 

Para fundamentar su Recomendación, los abogados de esta Comisión solicitaron información a la actual Defensoría Pública de la Ciudad de México, se acudió al Juzgado Trigésimo Tercero Penal y a las oficinas de la Defensoría Pública de la Ciudad de México, para analizar las causas penales vinculadas a cinco víctimas y las actuaciones realizadas.

 

Algunas de las víctimas fueron entrevistada en el interior de centros de reclusión; además, se dio acompañamiento a algunas de ellas y, en un caso, se brindó apoyo psicosocial.

 

En esta Recomendación se demanda , entre otros aspectos: indemnizar por daño material e inmaterial a las víctimas; otorgar atención psicológica; garantizar por escrito la cubertura de los gastos de los traslados derivados del mismo; ofrecer orientación y representación jurídica para continuar con los procesos penales y legales a que haya lugar en sus respectivos casos.

 

De igual forma, en llevar a cabo una valoración técnico-jurídica de la defensa brindada en los casos de la presente Recomendación, así como de sus actuaciones y las diligencias practicadas; dar vista a la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y del Órgano de Control, para que lleve a cabo una investigación por el actuar del defensor de oficio.

 

Nashieli Ramírez Hernández confía en la nueva Constitución de la Ciudad de México, en vigor desde el pasado septiembre,  que en su disposición constitucional establece la creación de un servicio civil de carrera para las y los Defensores Públicos, “lo que podría significar una adecuación importante para garantizar mejores condiciones para la defensa de las personas usuarias de estos servicios, y mejoras en los derechos laborales de los servidores públicos”.