Prolongada crisis de los Derechos Humanos en México

• Peña Nieto y González Pérez se comprometen a que los Derechos Humanos tengan vigencia en todo el país

• Simulación, omisión, parcialidad y falta de apego a los procedimientos de responsabilidad administrativa de autoridades, son violaciones a los Derechos Humanos

• El expediente de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala sigue abierto

En Los Pinos, bajo la obscura sombra de la prolongada crisis de los derechos humanos en el país, configurada en detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, en los 24 años de existencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH),  el presidente Enrique Peña Nieto y el presidente de ese organismo, Luis Rául González Pérez, sellaron un pacto, llevar a la realidad la plena vigencia y cumplimiento de los derechos en todo el país.

Peña Nieto se comprometió a erradicar y sancionar los casos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial. “En el Gobierno de la República estamos claros de que no cabe la tolerancia a estas prácticas inhumanas y absolutamente inaceptables”, dijo.

González Pérez denunció que no se puede hacer justicia “violentando los derechos humanos” después de solicitar al presidente Peña Nieto su colaboración para el cumplimiento de las recomendaciones que se han dirigido a dependencias e instituciones a su cargo, recomendaciones que han recibido las secretarías de Marina, Defensa, Procuraduría General de la República, el ISSSTE y la OAPDPR, Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación.

En ese contexto, los casos de Iguala, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapan, para González Pérez,  “es un asunto no cerrado, en el que hay que buscar la verdad. Lograr que los derechos de las víctimas sean reparados, que todos los responsables sean sancionados y  evitar a toda costa su repetición”.

En el informe del presidente de la CNDH se advirtió de una nueva forma de violación de los derechos humanos en el país: la simulación, omisión, parcialidad y falta de apego   en los procedimientos de responsabilidad administrativa. González Pérez consideró que esta es una nueva forma de violación a los derechos humanos que recae en servidores públicos porque “se revictimiza a quienes fueron objeto de las violaciones que dieron origen a la recomendación y se incurre en una conducta que incide de manera directa en la impunidad y debilita nuestro Estado de Derecho”.

Casos concretos de autoridades en los que recae esta nueva forma de violación de los derechos humanos se encuentran los ayuntamientos de Alvarado, Veracruz, en dos casos; de Ahuajotzingo y Florencia Villarreal, Guerrero; y Huachinango, Jalisco, donde se negaron a reconocer las recomendaciones de la CNDH.

A la encomienda de hacer realidad los derechos humanos en el país, se le pidió que se sumara el presidente de le Comisión Nacional de Gobernadores, el gobernador priista de Tlaxcala,  Mariano González Zarur, quien tomó nota de la petición que le hizo González Pérez para que la transmitiera al resto de los gobernadores de toda la república y se adhirieran  a esta nueva cruzada por la vigencia de lo que dicta la Constitución.

Peña Nieto dijo que en su gobierno se articuló “una verdadera política de Estado en materia de derechos humanos” que tiene como propósitos  la difusión de una más amplia cultura social de conocimiento y de respeto a los derechos humanos,  prevenir la violación de derechos humanos y aplicar medidas adicionales con la creación de leyes que sancionen la tortura y la desaparición forzada a través de una Iniciativa de Reforma Constitucional que faculta al Congreso de la Unión a expedir estos ordenamientos.

Para  castigar estos graves delitos, Peña se comprometió a adoptar las mejores prácticas internacionales, “recomendación que viene de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a fin de garantizar investigaciones oportunas, exhaustivas e imparciales”.

Consagrados en la Constitución Mexicana los derechos humanos desde el 2011, de acuerdo con el primer informe de actividades de la CNDH, presentado en Los Pinos por el presidente de la CNDH, tanto el gobierno del presidente Peña Nieto como González Pérez tiene una vasta y difícil tarea por delante porque se cumplan las disposiciones en materia de derechos humanos así como recomendaciones que hace la propia institución encargada de velar por su cumplimiento  en las diferentes instancias de gobierno, que ignoran autoridades federales, estatales y municipales.

Ante un auditorio compuesto por funcionarios del gobierno federal, integrantes del Congreso, presidentes de las comisiones de derechos humanos de los estados del país, Peña Nieto,  advirtió que toda autoridad está obligada a respetar y hacer respetar la ley. “Quien quebrante este precepto fundamental del Estado de Derecho, tiene que asumir las consecuencias legales que correspondan”.

A pesar de que en el informe del presidente e la CNDH se señala una baja considerable en el número de quejas por violaciones a los derechos humanos, González Pérez  denunció que de las 148 denuncias hechas en los años 2013 y 2014, al mes de diciembre del año pasado seguían en trámite 124 y se habían concluido 24, de los cuales sólo en siete casos se determinó imposición de una sanción administrativa a los servidores públicos involucrados.

González Pérez lamentó que en la mayoría de los casos, la sanción impuesta consistió en una amonestación o suspensión de 15 días, “registrándose únicamente dos casos de inhabilitación de servidores públicos”, en otros 17 casos restantes las “las autoridades no encontraron elementos suficientes para imponer alguna sanción o alegó la prescripción para tal efecto”.

El  defensor de los derechos humanos de todo el país advirtió que la CNDH será más estricta en la integración y cumplimiento de las denuncias administrativas y penales que presente la institución, así como del trámite de las mismas. González Pérez, tras considerar que los  hechos como los de Chalchihuapan, Tlatlaya e Iguala, han provocado en nuestra sociedad, así como el nuevo paradigma de actuación que las autoridades e instituciones tenemos que asumir a partir de ellos, informó que durante 2014,  las oficinas centrales y foráneas de la CNDH iniciaron ocho mil 455 expedientes de queja, de los cuales 125 se iniciaron de oficio.

Como consecuencia del procesamiento de estos expedientes, agregó, se emitieron 55 recomendaciones dirigidas a 67 autoridades. González Pérez ilustró con datos las características de las quejas presentadas en la CNDH en 2014:

“Presentación indebida de un servicio público, en dos mil 481; faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleo, cargos o comisiones, en mil 715; omitir proporcionar atención médica, en mil 230; detención arbitraria, en mil 55; trato cruel, inhumano, o degradante, 741; obstaculizar o negar las prestaciones de seguridad social a que se tienen derecho, en 507”.

“Omitir fundar el acto de autoridad, en 487; acciones u omisiones contrarias a los derechos de las personas privadas de su libertad, en 478; omitir motivar el acto de autoridad, en 463;  y acciones u omisiones que trasgreden los derechos de los migrantes y sus familias, en 433”.

De su lado el presidente Peña, ante la falta de conocimiento e identificación  del número de desapariciones en el país, recordó que en noviembre pasado anunció la  creación de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas y de una Base Nacional de Datos Genéticos.